La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales, a quienes acusa de provocar, con su inacción, la muerte de un paciente con cáncer. La denuncia recae sobre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolio; y Marcelo Petroni, interventor de la obra social Osprera.
José Alfredo Garavento, afiliado de 58 años, falleció el pasado 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo luego de que Osprera, intervenida por disposición del Gobierno nacional, le negara la continuidad del tratamiento oncológico iniciado en mayo de 2024.
La UATRE sostiene que Petroni fue notificado formalmente sobre la necesidad urgente del tratamiento el 22 de enero, pero no respondió a los reiterados pedidos del paciente y su familia, ni a las intimaciones sindicales para restablecer la medicación.
Según detalla la denuncia penal, a Petroni se le imputan delitos de abandono de persona seguido de muerte, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Lugones y Oriolio fueron acusados por abuso de autoridad y administración fraudulenta.
El gremio advirtió además que el caso de Garavento no es aislado, asegurando que cientos de trabajadores rurales afectados por enfermedades graves enfrentan dificultades similares desde la intervención gubernamental de Osprera. Exigieron respuestas inmediatas del Gobierno y la restitución urgente de los tratamientos médicos interrumpidos.
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