
Entre el clima, la presión impositiva, la inseguridad y la falta de infraestructura, el campo argentino sigue de pie, aun cuando en las últimas décadas miles de productores quedaron en el camino.
En el imaginario colectivo, la expresión “Duro de Matar” remite inevitablemente a la película del mismo nombre , donde el protagonista resiste situaciones límite una y otra vez. En el campo argentino, sin embargo, la metáfora encuentra un correlato real: el productor agropecuario, lejos de cualquier ficción, enfrenta a diario una sucesión de desafíos que pondrían en jaque a cualquier actividad.
Nadie habla aquí de una amenaza literal, sino de una resistencia constante. Una capacidad de seguir adelante aun cuando el contexto parece empujar en sentido contrario.
La actividad agropecuaria, en su mayoría a cielo abierto, expone al productor a factores que no controla. Sequías prolongadas que arrasan con los rindes, granizadas que destruyen en minutos el trabajo de meses, lluvias intensas que deterioran la calidad del grano o directamente impiden levantar la cosecha. Cada campaña es una apuesta que no siempre encuentra recompensa.
A ese escenario se suma una infraestructura que muchas veces no acompaña. Los caminos rurales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, vuelven a ser protagonistas cada vez que el clima se complica. No se trata solo de sacar la producción: en esos campos viven familias, hay chicos que deben ir a la escuela, personas que necesitan atención médica, trabajadores que dependen de poder entrar y salir. Cuando el camino se vuelve intransitable, el aislamiento deja de ser una figura retórica y pasa a ser una realidad concreta.
La inseguridad es otro frente abierto. En zonas donde la distancia con los centros urbanos es grande, la sensación de desprotección se multiplica. Robos de ganado —el histórico abigeato—, roturas de silobolsas, sustracción de granos y episodios de violencia rural forman parte de una problemática que no siempre encuentra respuestas a la altura.
En paralelo, el productor convive con una estructura impositiva compleja y, muchas veces, asfixiante. Impuestos que se superponen, cargas que se incrementan año tras año y un sistema que suele mirar al campo como una fuente permanente de recursos. Las retenciones a las exportaciones son, en este sentido, uno de los ejes centrales del debate. Promesas de reducción o eliminación conviven con una realidad fiscal que, en más de una ocasión, ha obligado a distintos gobiernos a sostenerlas o incluso reinstalarlas.
Pero hay un dato que atraviesa toda esta discusión y que no siempre se pone sobre la mesa: más allá de los discursos, la gran mayoría de los gobiernos —sin importar su signo político— no ha logrado generar condiciones estables para el desarrollo del productor agropecuario. La consecuencia es concreta y medible. En las últimas décadas han desaparecido más de 100.000 productores en la Argentina.
En muchos casos, no pudieron reconvertirse. En otros, sus explotaciones terminaron concentrándose en menos manos, profundizando un proceso que impacta no solo en la estructura productiva, sino también en el entramado social del interior.
El productor también enfrenta tensiones en la comercialización. No siempre puede vender al precio que necesita para cubrir sus costos. La volatilidad de los mercados, los conflictos logísticos —como los paros en el transporte de cargas— y las distorsiones en la cadena terminan impactando directamente en su rentabilidad. Mientras tanto, desde el discurso oficial se destaca al agro como generador clave de divisas, en una dualidad que no siempre se traduce en políticas de acompañamiento sostenidas.
A esto se suman debates estructurales como el de la ley de semillas, con posiciones encontradas entre quienes rechazan la adhesión a estándares internacionales y quienes sostienen que ese camino es inevitable. En el medio, el productor vuelve a quedar como protagonista de decisiones que condicionan su trabajo cotidiano.
Pero quizás uno de los puntos menos visibilizados es la heterogeneidad del sector. Cuando se habla del “campo”, muchas veces se lo hace en términos generales, sin distinguir entre grandes empresas y pequeños productores. La agricultura familiar, responsable de una parte sustancial de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos, enfrenta dificultades aún mayores, con menos herramientas y menor capacidad de absorber los golpes.
En ese entramado complejo, el productor no solo trabaja: vive. Su actividad no está escindida de su vida cotidiana. Hay una relación directa con el territorio, con la comunidad, con sus vecinos. Esa simbiosis le da identidad, pero también lo expone a cada una de las dificultades del entorno.
Por todo esto, la expresión “duro de matar” deja de ser una simple metáfora cinematográfica para transformarse en una descripción precisa. No porque alguien quiera eliminar al productor, sino porque, a pesar de todo, sigue adelante.
En un país donde las reglas muchas veces cambian, donde el clima no da tregua y donde las tensiones económicas son permanentes, el productor agropecuario continúa siendo, en los hechos, un verdadero todoterreno. Uno que resiste, se adapta y vuelve a empezar, campaña tras campaña.

Mas Noticias
El Estado necesario: ni militancia, ni motosierra
El problema no es el mercado: es la ausencia del Estado
Queremos preguntar: el silencio del poder también comunica