El gobierno rechaza la decisión del bloque europeo y pide una revisión que contemple los avances locales en trazabilidad, producción sustentable y acuerdos bilaterales.
A menos de siete meses de que entre en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Deforestación (UE 2023/1115), la Argentina salió al cruce de la reciente calificación impuesta por la Comisión Europea, que la ubicó como país de riesgo estándar en materia de deforestación.
La reacción del gobierno argentino no tardó en llegar. A través de la Cancillería y el Ministerio de Economía —en representación de las secretarías de Relaciones Económicas Internacionales y de Agricultura, Ganadería y Pesca— se formalizó un rechazo por considerar que la decisión «carece de fundamento técnico» y no refleja la realidad de las cadenas productivas de la soja, la carne bovina y el sector forestal.
Desde el Ejecutivo señalan que Argentina cumple con los tres criterios establecidos en el artículo 29 del reglamento europeo, y que debería haber sido clasificada como país de riesgo bajo, lo que facilitaría el acceso de sus exportaciones agroindustriales al exigente mercado europeo.
Una calificación con impacto comercial
Aunque la medida europea no implica una restricción inmediata, sí introduce nuevas exigencias para el comercio de productos vinculados a la deforestación. Para la Argentina, uno de los principales exportadores de soja y carne del mundo, este estatus significa mayores controles y una presión adicional sobre los productores y exportadores.
Por ese motivo, el gobierno, junto a representantes del sector privado, elaboró y presentó un informe técnico ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Allí se detallan los sistemas nacionales de monitoreo, los avances en trazabilidad y las políticas públicas de protección ambiental, con datos verificables que respaldan el reclamo de recalificación.
Acuerdo ignorado
Una de las críticas más contundentes es que la Unión Europea no tuvo en cuenta los compromisos asumidos por ambas partes en el marco del Acuerdo de Asociación UE–Mercosur, anunciado el 6 de diciembre de 2024. En dicho marco, se habían consensuado mecanismos de cooperación y monitoreo ambiental que no fueron incorporados en la evaluación.
La administración argentina también solicitó formalmente a Bruselas la apertura de un diálogo técnico bilateral antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite para la implementación del reglamento, con el objetivo de resolver “aspectos prácticos” de su aplicación.
Unilateralismo bajo la lupa
El trasfondo del conflicto va más allá del estatus técnico. Argentina cuestiona el enfoque unilateral del reglamento europeo, al que califica como una barrera encubierta al comercio, y considera que contradice los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En ese sentido, se suma a otras voces del Sur Global que observan con preocupación cómo las exigencias ambientales de la UE podrían transformarse en nuevos obstáculos para los países exportadores, a pesar de sus avances en sustentabilidad.
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