
La iniciativa apunta a reducir la informalidad en la cadena triguera mediante datos y tecnología
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) destacó la reciente implementación de la nueva declaración jurada obligatoria para molinos de trigo, una herramienta que busca transparentar y modernizar el sistema de control.
El organismo impulsor es la Dirección Nacional de Control Agropecuario, bajo la conducción de Matías Canosa, que avanza hacia un esquema de fiscalización más eficiente, basado en datos y tecnología, sin necesidad de ampliar la estructura estatal.
“Este nuevo sistema permitirá conocer en detalle la situación de la industria, incorporando tecnología para dimensionar y combatir la informalidad, un objetivo compartido por FAIM”, aseguró Diego Cifarelli, presidente de la entidad.
Cómo funcionará el nuevo esquema
Los molinos deberán presentar información clave que permitirá una trazabilidad más precisa del proceso productivo. Entre los puntos destacados se encuentran:
- Datos técnicos de la producción y maquinaria utilizada, para detectar inconsistencias entre consumo energético y volumen de molienda declarado.
- Identificación del responsable de calibración y mantenimiento de la balanza de trigo de primera rotura, un punto clave tras haberse detectado adulteraciones en inspecciones recientes.
- Sistema de alertas automáticas ante desvíos en los parámetros declarados.
- Cruce de información con otras fuentes oficiales para identificar irregularidades.
La medida apunta a reducir la informalidad en la cadena triguera y garantizar mayor transparencia, aprovechando la inteligencia de datos para un control más preciso y menos burocrático.
Un paso contra la informalidad
Desde FAIM remarcaron el valor de la iniciativa y el rol de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) en el combate a la informalidad en todos los sectores agroindustriales.
“El desafío es avanzar hacia un control moderno que brinde información confiable sin generar trabas innecesarias”, señaló Cifarelli, quien destacó que el nuevo esquema refuerza el compromiso conjunto entre el Estado y el sector privado.
Foto: elaborada con IA
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