Científicos y trabajadores del sector agro advierten que los decretos 462 y 477 profundizan el desmantelamiento del Estado en el campo

En el Senado, representantes del INTI, INTA y CONICET alertaron sobre el impacto de las reformas que reducen autonomía, recortan personal técnico y limitan la capacidad del Estado para asistir a productores y fiscalizar la producción de alimentos.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado fue escenario de una reunión cargada de advertencias. Investigadores, científicos y trabajadores del INTI, INTA y CONICET expusieron su preocupación por los decretos de necesidad y urgencia 462/25 y 477/25, que modifican la estructura y la autonomía de los organismos, además de establecer nuevos criterios para la selección de proyectos de investigació

Entre los disertantes estuvo Sebastián Rivera, profesor de Ciencias Económicas y delegado general de ATE en la Secretaría de Agricultura, quien trazó un recorrido histórico del área desde los años 90 y señaló el impacto directo de estas medidas sobre la agricultura familiar y la producción de alimentos en Argentina.

Rivera recordó que en los 90 la Secretaría de Agricultura tenía una orientación casi exclusiva hacia la zona núcleo y los grandes productores, sin políticas para pequeños y medianos. La creación del Programa Social Agropecuario, y más tarde la elevación a Secretaría de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, incorporaron por primera vez a sectores históricamente relegados.

Con el decreto 462, denunció, se desmanteló el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, creado en 2022, con el despido de más de 800 trabajadores y trabajadoras en todo el país, entre ellos 500 ingenieros agrónomos y veterinarios. “No sólo se pierden empleos: se pierde capacidad técnica para fiscalizar, garantizar la calidad de los alimentos y atender a los productores más vulnerables”, advirtió.

Rivera también alertó sobre el vaciamiento del INASE, encargado de la fiscalización de semillas, que ya operaba con menos personal del necesario. “Hoy la consigna ya no es dotación óptima, sino dotación mínima”, sostuvo.

El delegado de ATE vinculó la reducción de personal con consecuencias sanitarias a mediano y largo plazo: “Habrá más enfermedades relacionadas con la alimentación y menos controles efectivos”. También recordó que durante la gestión de Juntos por el Cambio se vivió un proceso similar de despidos y retiro del Estado de los territorios, lo que demoró años en revertirse.

Frente a la velocidad del actual ajuste, propuso que las provincias contraten a los técnicos despedidos para no perder la experiencia acumulada y el vínculo con los productores.

Finalmente, Rivera señaló que en 2018, durante otro intento de recorte, se había prometido que el INTA absorbería las funciones del organismo desmantelado. “Hoy, ni siquiera el INTA parece quedar en pie para sostener ese trabajo”, afirmó, y cerró con un mensaje contundente: “Defendemos el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, pero también el INTA, porque sin ellos la agricultura familiar se queda sin un Estado que la proteja”.