Técnicos advierten sobre erosión y pérdida de materia orgánica, mientras productores denuncian burocracia y avance estatal sobre la propiedad privada
La Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense se convirtió en escenario de un fuerte contrapunto entre visiones técnicas y productivas, tras la presentación del proyecto de Ley de Fomento y Cuidado Integral del Suelo y el Agua, elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (CIAFBA).
La iniciativa busca declarar al suelo y al agua de interés público y establece un paquete de medidas para enfrentar la degradación, considerada por especialistas como una de las amenazas más graves para el futuro productivo y ambiental de la provincia.
La propuesta técnica: suelo finito, políticas urgentes
Durante la exposición, el ingeniero agrónomo Guillermo Studdert mostró cifras preocupantes:
- Entre 1990 y 2015, Buenos Aires perdió un 40% de hectáreas por erosión.
- En el mismo período, la provincia redujo a la mitad el nivel de materia orgánica de sus suelos, clave para sostener la productividad.
“Estamos frente a un recurso finito y no renovable. Sin políticas públicas y sin un cambio de prácticas, estamos comprometiendo el futuro del agro, del ambiente y de las comunidades rurales”, advirtió.
El proyecto contempla:
- Planes de uso y manejo obligatorios en áreas críticas, que deberán ser elaborados y firmados por profesionales matriculados.
- Creación de un Fondo Provincial de Conservación de Suelos y Agua, destinado a financiar medidas de restauración y premiar buenas prácticas.
- Incentivos fiscales para productores cumplidores.
- Sanciones y derivación judicial para quienes incumplan.
- Evaluaciones periódicas del estado de los suelos y participación de consorcios locales de manejo.
Aunque desde CIAFBA admitieron que aún no hubo diálogo con el Ministerio de Economía provincial para asegurar financiamiento, defendieron la necesidad de contar con un marco legal estable que trascienda los cambios políticos y garantice continuidad de las políticas de conservación.
La reacción del campo: rechazo frontal de carbap
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) reaccionó con dureza, alertando que la norma “avanza sobre la propiedad privada” y agrega “capas de burocracia innecesaria”.
Su presidente, Ignacio Kovarsky, enumeró al menos 10 puntos críticos:
- La definición estatal de “suelos aptos”.
- La obligatoriedad de planes en todas las zonas, sin distinguir realidades.
- La imposición de consorcios colectivos, que podrían funcionar como nuevas estructuras de control.
- La creación del fondo provincial, que calificaron como una “nueva caja fiscal”.
- Las sanciones, que a su entender representan “una amenaza a la autonomía del productor”.
“Estamos ante un texto que multiplica la burocracia, limita la libertad de producción y puede convertirse en un nuevo mecanismo de presión fiscal”, afirmó Kovarsky.
Un debate con dos miradas opuestas
La discusión enfrenta dos visiones:
- La técnica y ambiental, que advierte sobre la degradación y la urgencia de actuar.
- La productiva, que teme un esquema de control excesivo y costos adicionales para los productores.
Mientras los ingenieros agrónomos sostienen que el proyecto apunta a asegurar la sustentabilidad a largo plazo y alinear a la provincia con estándares internacionales, desde CARBAP insisten en que se trata de una “intervención innecesaria” que puede terminar asfixiando al sector.
Lo que viene
La Comisión de Asuntos Agrarios continuará recibiendo aportes de especialistas, legisladores y entidades rurales antes de emitir dictamen. El texto podría sufrir modificaciones, pero ya se instaló como uno de los debates más tensos en la agenda agropecuaria bonaerense.
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