Crece la preocupación por la posible derogación del Estatuto del Periodista en el marco de la reforma laboral

Periodistas y organizaciones alertan sobre un impacto que va más allá de lo laboral y que podría afectar la libertad de prensa

La posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) —una norma vigente desde 1946 que regula las condiciones laborales específicas de los periodistas— se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y que ya fue aprobado en el Senado y enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento final .

¿Qué se propone eliminar?

El artículo 193 (o 194, según versiones oficiales del texto) del proyecto de modernización o reforma laboral contempla la eliminación de diversos estatutos especiales que, hasta ahora, protegían a distintos sectores con regímenes específicos. Entre ellos está el Estatuto del Periodista Profesional, una ley que reconoce las particularidades del trabajo periodístico y garantiza:

estabilidad laboral reforzada, distinta a la Ley de Contrato de Trabajo general;

indemnización especial en caso de despido injustificado (con pagos adicionales equivalente a varios meses de sueldo);

categorías profesionales y escalafones que organizan la carrera de los periodistas .

Su derogación implicaría que quienes trabajan en medios queden sujetos únicamente al régimen general laboral y a los convenios colectivos que puedan negociar, sin esas protecciones históricas específicas .

Reacciones desde el periodismo

El Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba (CIPAG) ha sido la única entidad de todas las que agrupan a los profesionales del agro que expresó su “preocupación ante la posible derogación” al considerar que este cambio representa “una afrenta contra la estabilidad laboral de los colegas, su independencia profesional y su rol social en un sistema de gobierno republicano” .

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también advirtió que eliminar la Ley 12.908 sería “un grave retroceso” y reclamó que, en lugar de suprimirla, se abra un debate serio para actualizarla y adaptarla a las nuevas dinámicas del trabajo periodístico, sin sacrificar sus garantías esenciales .

A nivel internacional, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) alertó que la intención de suprimir este marco legal no solo precariza la actividad periodística, sino que puede impactar negativamente en la libertad de prensa al debilitar las condiciones que permiten ejercer la profesión con independencia frente a presiones económicas o políticas .

¿Se cercena la libertad de prensa?

Quienes rechazan la derogación sostienen que el Estatuto no es sólo una norma laboral sino una herramienta que protege el derecho del público a recibir información plural y de calidad. Advierten que al desaparecer las protecciones específicas —como la indemnización especial y la estabilidad reforzada— se puede dar lugar a despidos arbitrarios, presiones editoriales indirectas y mayor precarización del trabajo periodístico, especialmente en un contexto político como el actual, donde la confrontación con sectores críticos se ha intensificado .

En discusiones públicas, figuras del periodismo han vinculado el debate sobre el Estatuto con una percepción más amplia de avance sobre libertades civiles y derechos laborales bajo la actual gestión, señalando que eliminar una normativa que protege a quienes informan podría traducirse en menor pluralidad de voces y menor independencia frente a intereses políticos o económicos .

Sin embargo, desde el Gobierno aún no se han difundido explicaciones detalladas sobre por qué considera necesario eliminar este régimen especial más allá de enmarcarlo en una “modernización” de las normas laborales que —según sus impulsores— busca simplificar y flexibilizar el empleo en general .

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate sobre la derogación del Estatuto del Periodista Profesional continuará generando tensión entre quienes ven en esa eliminación una amenaza directa a derechos laborales e independencia profesional, y quienes sostienen que la actualización normativa es inevitable en un mercado laboral en transformación.

Por Horacio Esteban