Un grupo de 15 ganaderos busca vacunar en su localidad por menor costo y arraigo institucional. La negativa del ente vecino, sin fundamentos técnicos ni sanitarios, abre una controversia entre entidades rurales.
En un contexto en el que la ganadería argentina atraviesa un proceso de expansión y buenos precios internacionales, una controversia inesperada sacude a productores del sudoeste bonaerense. No se trata de retenciones ni de mercados externos, sino de la vacunación antiaftosa y del derecho a elegir dónde aplicarla.
Alberto Lanusse, miembro de la Sociedad Rural de Salliqueló, expuso la situación que atraviesan alrededor de 15 productores de la zona, quienes solicitaron formalmente cambiar la sede de vacunación para realizarla en su propio distrito. La respuesta fue negativa. Y, según denuncian, sin explicaciones claras.
“Utilizamos todos los canales formales. Enviamos una carta al Senasa, lo hicimos a través de nuestra fundación y se pidió también a la Fundación de Adolfo Alsina. Recibimos una negativa, pero sin ninguna explicación sanitaria, técnica ni administrativa que la justifique”, afirmó Lanusse.
El planteo de los productores no se basa únicamente en una cuestión económica, aunque el precio es un punto central. En Salliqueló, durante el primer mes de campaña, la dosis —incluyendo vacuna y aplicación— tiene un valor de 1.750 pesos. En el partido de Adolfo Alsina, por la misma vacuna y del mismo laboratorio, el costo asciende a 2.400 pesos.
La diferencia ronda entre 600 y 700 pesos por animal.
“Entendemos que puede haber diferencias de costos entre entes, pero consideramos que esta brecha es significativa y las explicaciones que se nos dieron no alcanzan para justificarla”, explicó.
El grupo que pidió el pase representa entre 10.000 y 12.000 cabezas, dentro de un partido que vacuna más de 300.000. “No es un volumen que genere un daño económico relevante para el otro distrito”, sostuvo Lanusse.
Además del costo, los productores argumentan arraigo territorial, cercanía y confianza institucional con la Asociación Rural de Salliqueló, que es la entidad responsable de la vacunación en ese partido. En Adolfo Alsina, en cambio, intervienen varias entidades —entre ellas asociaciones rurales y cooperativas— bajo la órbita de su fundación local.
La polémica no es menor. Para los ruralistas, el precio de la vacuna no debería quedar “al libre arbitrio” de cada fundación. “Hoy la diferencia es de 600 o 700 pesos. Mañana, con algún justificativo que consideren válido, puede ser de 3.000. ¿A quién le reclaman los productores?”, planteó.
Lo que más desconcierta en el sector es que el conflicto no enfrenta al campo con el Estado, sino a entidades de productores entre sí. “Entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera”, resumió Lanusse, con una frase que refleja el malestar.
Desde la Sociedad Rural de Salliqueló aseguran que no cuestionan la vacunación, sino todo lo contrario. “Estamos a favor de ella. Queremos hacerla de la forma más eficiente posible, pero también defender el interés económico de nuestros asociados”, indicó.
En su visión, el trámite debió resolverse con una conversación breve entre colegas y no escalar a un conflicto que hoy requiere intervención formal y exposición pública.
La controversia adquiere mayor dimensión en un momento en que el discurso oficial promueve libertad económica y libre competencia. “Exigimos libertad de comercio. Poder comprar a quien nos brinde el mejor producto, al mejor precio. Lo hacemos cuando compramos insumos o reproductores. Esto es una actividad económica más”, sostuvo.
La distancia geográfica tampoco parece justificar la diferencia: entre Salliqueló y Carhué hay apenas 60 kilómetros, y los productores solicitantes están ubicados en un radio de 15 kilómetros de Salliqueló.
“Nos sorprende que nos encierren en un corral y nos obliguen a vacunar en un solo lugar. Las fundaciones fueron creadas por y para los productores, para combatir la fiebre aftosa. Sentimos que con el manejo de precios en algunas de ellas no se está actuando en ese sentido”, concluyó.
Por el momento, los productores continuarán insistiendo por las vías institucionales para obtener una explicación formal. La discusión, que comenzó como un trámite administrativo, hoy pone sobre la mesa un debate más profundo: hasta dónde llega la autonomía de las fundaciones sanitarias y dónde comienza el derecho del productor a elegir.
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