Estado sí, mejor: el debate que vuelve a tensionar al agro por el control de las semillas

La propuesta de trasladar la fiscalización al sector privado reabre una discusión de fondo: quién regula, quién controla y quién equilibra en un sistema con fuertes asimetrías

El debate sobre el rol del Estado en el agro argentino volvió a encenderse con fuerza. Esta vez, a partir de las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien planteó que el control y la fiscalización del sistema de semillas podrían quedar en manos privadas.

La propuesta no es menor. Toca un punto extremadamente sensible dentro de la cadena agroindustrial: el equilibrio entre innovación, propiedad intelectual y acceso por parte de los productores. Pero, sobre todo, vuelve a poner en discusión una cuestión estructural que atraviesa décadas de política agropecuaria en la Argentina: ¿qué Estado necesita el sector?

La experiencia muestra que la intervención directa del Estado en los mercados, intentando forzar precios o direccionar decisiones productivas, rara vez resolvió los problemas del agro. Por el contrario, muchas veces los profundizó. Sin embargo, de ahí a correrse completamente del rol de regulación y control hay un salto que abre interrogantes aún más complejos.

Porque cuando se habla de fiscalización —y en particular en un tema como semillas, donde confluyen tecnología, inversión y derechos de uso— lo que está en juego no es solo un proceso administrativo. Es la capacidad de arbitrar conflictos.

Y ahí aparece el núcleo del problema.

En un esquema donde el control queda en manos privadas, la pregunta es inevitable: ¿quién resuelve cuando hay controversias entre privados? La respuesta, en la práctica, suele inclinarse hacia el actor con mayor poder económico o capacidad de presión. El más chico, el que produce en condiciones más ajustadas, queda en desventaja.

Por eso, la función del Estado no debería ser la de intervenir para torcer el mercado, sino la de establecer reglas claras, hacerlas cumplir y garantizar condiciones equitativas. Regular, fiscalizar y arbitrar. No reemplazar al mercado, pero tampoco desaparecer.

En ese marco, el debate se conecta directamente con otro tema que ya está en agenda: la posible adhesión de Argentina a UPOV 91. El propio Gobierno ha dado señales concretas en ese sentido.

La contradicción aparece cuando, por un lado, se convoca a entidades y actores del sector a opinar y debatir en el ámbito legislativo, pero por otro se anticipa una decisión ya tomada. Eso debilita el proceso institucional y genera desconfianza en un tema que requiere consensos amplios.

El punto de fondo, sin embargo, no es solo normativo. Es estructural.

Argentina arrastra una lógica pendular en su concepción del Estado. Durante años, un aparato sobredimensionado, muchas veces cargado de estructuras políticas antes que técnicas. Hoy, en el otro extremo, un proceso de ajuste que amenaza con vaciar áreas clave de conocimiento.

En ese tránsito, los organismos técnicos —los que deberían sostener la regulación con criterio profesional— han perdido recursos humanos valiosos: técnicos, científicos y especialistas que son, en definitiva, los que garantizan calidad institucional.

El riesgo es claro. Un Estado sobredimensionado puede ser ineficiente. Pero un Estado debilitado también lo es. Y, peor aún, deja espacios que tienden a ser ocupados por intereses particulares sin capacidad de control.

En el caso de las semillas, como en tantos otros eslabones del agro, el mercado tiene un rol central: invertir, innovar, desarrollar tecnología y recuperar esa inversión. Pero ese funcionamiento necesita un marco. Un árbitro.

El debate no pasa entonces por elegir entre Estado o privados. Pasa por definir un Estado que funcione. Que regule sin asfixiar, que controle sin distorsionar y que intervenga solo cuando el conflicto lo exige.

Porque cuando el Estado se retira completamente de funciones sensibles como la fiscalización, lo que queda no es necesariamente más libertad. Muchas veces, lo que aparece es más desigualdad.

Y en un sector donde las diferencias de escala y poder son evidentes, esa no es una consecuencia menor.

Lic. Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario