El INTA y el caso Aparicio: cuando las explicaciones faltan y las preguntas se multiplican

Por Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario

El organismo aceptó participar de una investigación internacional sobre plaguicidas, después resolvió retirarse y finalmente exoneró a Virginia Aparicio, quien coordinaba el trabajo argentino. Entre una decisión y otra quedaron responsabilidades institucionales que merecen ser esclarecidas y una discusión científica que el país sigue necesitando. Porque investigar los efectos de los fitosanitarios, determinar sus riesgos y desarrollar alternativas viables para la producción debería ser una prioridad, mucho más allá de las controversias administrativas.

Hay algo en el caso de Virginia Aparicio que cuesta entender. Y no es solamente la decisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de exonerar a una investigadora de reconocida trayectoria, que por sí misma constituye una medida de enorme gravedad. Lo verdaderamente difícil de comprender es cómo una institución científica de la importancia del INTA pudo aceptar su incorporación a un proyecto internacional destinado a estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente y las personas, participar de su desarrollo y, tiempo después, resolver su desvinculación cuestionando procedimientos que, por sus características, debieron haber sido examinados antes de asumir semejante compromiso. Mucho menos se comprende que, después de todo ese recorrido, el conflicto haya desembocado en la sanción más severa que puede recibir una agente de la administración pública, sin que se conozca una reconstrucción institucional completa que permita establecer qué ocurrió entre aquella decisión inicial y este desenlace.

El proyecto SPRINT no nació de una ocurrencia individual ni de una investigación emprendida a espaldas de las autoridades. Fue una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020, de la que participaron universidades y centros científicos de distintos países bajo la coordinación de la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos. Su objetivo era investigar la presencia de residuos de plaguicidas, conocer las condiciones de exposición y avanzar en herramientas que permitieran evaluar sus posibles consecuencias sobre la salud humana, animal y ambiental. El INTA se incorporó formalmente al consorcio y difundió información sobre los alcances del trabajo. Por lo tanto, no parece razonable suponer que desconociera los objetivos generales de aquello que había aceptado investigar. En una organización pública con mecanismos de conducción, administración y control, una participación de estas características supone evaluaciones, autorizaciones y responsabilidades que no pueden atribuirse exclusivamente a quien posteriormente queda a cargo de coordinar las actividades.

Conviene detenerse en este antecedente porque constituye el punto de partida de una contradicción institucional que merece explicaciones. Cuando se decide participar en una investigación de alcance internacional, corresponde examinar los compromisos que se asumen, los procedimientos previstos, las competencias disponibles y las eventuales limitaciones legales. Si durante el desarrollo aparecen dificultades que no habían sido advertidas, habrá que establecer por qué. Y si determinadas actividades resultan incompatibles con las atribuciones del organismo, la cuestión no debería agotarse en identificar al responsable de ejecutarlas, sino también en examinar cómo funcionaron los mecanismos que debían supervisarlas.

Durante el desarrollo de SPRINT se realizaron muestreos ambientales y biológicos en el sudeste bonaerense. Los análisis identificaron residuos de distintos plaguicidas y algunos resultados, particularmente los relacionados con la detección de glifosato en muestras de orina de voluntarios, provocaron una importante repercusión pública. La discusión científica que esos hallazgos merecen no es menor. La presencia de una sustancia en una muestra no demuestra automáticamente que haya producido un daño a la salud, como tampoco los resultados obtenidos de un grupo limitado de personas pueden extrapolarse al conjunto de la población argentina. Para determinar el significado de esas detecciones hacen falta evaluaciones específicas, conocer las concentraciones, estudiar las condiciones de exposición y establecer qué conclusiones pueden sostenerse con la evidencia disponible.

Pero esas precauciones metodológicas, absolutamente necesarias, no autorizan a descartar los resultados sin examinarlos. De hecho, deberían constituir el comienzo de una investigación más profunda. La ciencia no tiene la obligación de ofrecer respuestas definitivas en el primer intento. Muchas veces su principal contribución consiste en identificar problemas que requieren nuevos estudios, mejorar las metodologías utilizadas y permitir que otros equipos confirmen, corrijan o refuten los hallazgos iniciales.

Fue en medio de ese proceso cuando comenzaron a conocerse cuestionamientos institucionales relacionados con procedimientos, autorizaciones, resguardos éticos, tratamiento de muestras humanas y competencias del propio INTA. Finalmente, en 2023, el organismo resolvió desvincularse de SPRINT mediante la Resolución 1081/2023. La decisión se adoptó antes del cambio de gobierno nacional de diciembre de aquel año, circunstancia que no debería ignorarse porque demuestra que el conflicto atravesó diferentes conducciones y no puede explicarse seriamente atribuyendo todo lo ocurrido a una sola administración política.

Las razones invocadas por el INTA merecen ser consideradas. Ninguna investigación, por importante que resulte, está exenta del cumplimiento de normas éticas, legales y administrativas. La independencia científica no significa que los investigadores puedan actuar sin controles, particularmente cuando sus actividades involucran muestras humanas, información sensible o compromisos internacionales. Pero reconocer esa obligación tampoco permite pasar por alto las responsabilidades de quienes aprobaron originalmente la participación y debían seguir su ejecución. Si existieron irregularidades, corresponde conocer su naturaleza y determinar quiénes intervinieron. Si hubo errores en la evaluación del convenio, también deberían identificarse. Y si los problemas aparecieron después, sería importante saber qué se hizo para corregirlos y si se consideraron alternativas que permitieran continuar trabajando dentro de las competencias del organismo.

Porque abandonar una investigación internacional no parece una decisión menor, especialmente cuando se trata de un tema que el propio Estado argentino necesita conocer mejor.

La desvinculación del proyecto no puso fin al conflicto. En octubre de 2026, el Consejo Directivo del INTA resolvió exonerar a Virginia Aparicio, mediante la Resolución 366/2026, medida que fue ejecutada el día 30 de ese mes. El organismo fundamentó su decisión en irregularidades administrativas vinculadas con el desempeño de la investigadora, mientras que ella rechazó las imputaciones y cuestionó tanto el procedimiento como la proporcionalidad de la sanción. Corresponderá a las instancias administrativas y judiciales competentes determinar si esa decisión se ajustó a derecho, pero desde una perspectiva institucional resulta inevitable preguntarse cómo se distribuyeron las responsabilidades entre quienes autorizaron, supervisaron y ejecutaron las actividades del proyecto.

Una investigación desarrollada dentro de un organismo público no depende únicamente de quien dirige un equipo o realiza un muestreo. Existen autoridades, responsables administrativos y mecanismos de control que tienen funciones específicas. Si esos mecanismos funcionaron correctamente, debería poder demostrarse. Si no lo hicieron, también corresponde analizarlo. Una sanción individual, aun cuando pudiera estar debidamente fundamentada, no sustituye la necesidad de revisar las decisiones institucionales que permitieron llegar a esa situación.

La gravedad de la exoneración obliga, además, a considerar sus consecuencias sobre la trayectoria profesional de una investigadora que dedicó años a su actividad científica. Sería irresponsable afirmar, sin pruebas suficientes, que el INTA la sancionó porque los resultados de SPRINT incomodaron a determinadas autoridades o sectores. Esa relación causal no está demostrada. Pero sería igualmente equivocado aceptar que la existencia de un expediente disciplinario da por esclarecido todo el conflicto. El organismo invocó motivos para sus decisiones y la investigadora los cuestionó. La controversia exige una evaluación rigurosa, con las garantías correspondientes y con acceso a la documentación que permita comprender qué responsabilidades se atribuyeron a cada participante.

Mientras tanto, hay algo que parece haber quedado relegado en medio de las discusiones administrativas: aquello que se pretendía investigar.

La Argentina lleva años debatiendo sobre la utilización de agroquímicos, las condiciones de aplicación, las distancias de resguardo, los controles, los residuos que pueden encontrarse en el ambiente y los eventuales efectos sobre la salud. Es una discusión atravesada por intereses económicos, preocupaciones sociales, necesidades productivas y posiciones que muchas veces terminan enfrentadas. En determinados ámbitos, cualquier cuestionamiento sobre un fitosanitario parece interpretarse como un ataque al campo, mientras que en otros la sola defensa de su utilización se presenta como una actitud indiferente frente al ambiente o la salud de las personas. Estas simplificaciones contribuyen poco a encontrar soluciones y suelen dejar al productor en medio de una controversia en la que abundan las afirmaciones categóricas y escasean las certezas compartidas.

La discusión sería diferente si dispusiéramos de información pública suficientemente detallada sobre lo que realmente ocurre.

Argentina cuenta con registros oficiales de productos fitosanitarios, estadísticas comerciales, información sobre importaciones y sistemas de trazabilidad. El SENASA dispone de herramientas que permiten seguir determinados movimientos de estos productos y existen estimaciones internacionales, como las publicadas por la FAO, que ofrecen referencias sobre su consumo. Algunas provincias también han implementado mecanismos para registrar aplicaciones mediante recetas agronómicas. Sin embargo, esa información no equivale necesariamente a un sistema nacional público, integrado y actualizado que permita conocer con precisión cuánto se aplica efectivamente, dónde, sobre qué cultivos, con cuáles principios activos y bajo qué condiciones. La cantidad comercializada no es sinónimo de cantidad utilizada en una campaña determinada, y mucho menos permite establecer por sí misma los niveles de exposición ambiental o humana.

Este vacío estadístico lleva años siendo señalado, incluso desde el periodismo especializado en el sector agropecuario. Disponer de datos confiables no debería interpretarse como una concesión a quienes cuestionan el modelo productivo ni como una amenaza para los fabricantes o usuarios de fitosanitarios. Al contrario, podría constituir una herramienta fundamental para sostener discusiones técnicas más serias, evaluar la necesidad de determinadas regulaciones y ofrecer al productor recomendaciones basadas en evidencia. Cuando faltan estadísticas, cada sector termina recurriendo a la información que considera más conveniente para defender su posición, mientras las autoridades deben tomar decisiones sin contar siempre con un panorama suficientemente completo.

En este escenario, cuesta entender que el INTA haya terminado desvinculándose de una investigación que, con todas las objeciones metodológicas o administrativas que pudieran corresponder, abordaba precisamente una cuestión sobre la que el país necesita mayor conocimiento. Por supuesto que el organismo no tiene competencia exclusiva para investigar aspectos sanitarios de la población ni para producir por sí solo todas las estadísticas nacionales de aplicaciones. Esas tareas requieren la participación del SENASA, organismos ambientales, autoridades sanitarias, universidades y gobiernos provinciales. Pero el INTA dispone de profesionales, experiencia e infraestructura capaces de contribuir significativamente a investigaciones interdisciplinarias y, especialmente, de transformar los resultados en recomendaciones para la producción.

Y aquí aparece una responsabilidad que considero fundamental y que no debería quedar opacada por el conflicto con Aparicio. El INTA es un organismo de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario. Su tarea consiste en generar conocimiento que ayude a mejorar los sistemas productivos, resolver dificultades y ofrecer herramientas que permitan trabajar con mayor eficiencia y sostenibilidad. Si una investigación identifica situaciones que merecen atención por la presencia de residuos de plaguicidas, la respuesta debería orientarse a conocer mejor sus causas, establecer sus alcances y desarrollar alternativas para reducir los riesgos cuando resulte necesario.

Los productores necesitan controlar malezas, insectos y enfermedades. La agricultura moderna utiliza herramientas fitosanitarias porque cumplen funciones concretas dentro de los sistemas productivos, y desconocer esa realidad conduciría a propuestas difíciles de aplicar. Pero también es cierto que las tecnologías evolucionan, que las prácticas deben revisarse y que las investigaciones pueden demostrar la conveniencia de modificar procedimientos que durante años fueron considerados adecuados. No hay razón para presentar estas cuestiones como necesariamente incompatibles. Mejorar la producción y reducir los riesgos ambientales o sanitarios deberían formar parte de un mismo esfuerzo científico.

El manejo integrado de plagas, la incorporación de tecnologías de aplicación más precisas, el monitoreo de residuos, la evaluación de alternativas de control y el desarrollo de recomendaciones adaptadas a diferentes situaciones productivas constituyen áreas donde el INTA podría contribuir de manera decisiva. No alcanza con identificar un problema ni con cuestionar las conclusiones de quienes lo investigan. También hay que trabajar para resolverlo, comprobar que las alternativas propuestas funcionan y establecer si son económicamente viables para quienes deben adoptarlas.

El productor necesita saber qué puede hacer y qué conviene modificar. Necesita recomendaciones sobre dosis, momentos de aplicación, condiciones meteorológicas, equipamiento, tecnologías disponibles y prácticas que permitan reducir exposiciones innecesarias. Y necesita que esas recomendaciones provengan de instituciones cuya independencia y rigor científico no estén permanentemente sometidos a sospechas.

El INTA ha construido buena parte de su prestigio precisamente sobre esa capacidad para producir y transferir conocimiento. Su contribución a la genética, la ganadería, la agricultura, la conservación de los suelos y las economías regionales forma parte de la historia del desarrollo agropecuario argentino. Por esa razón, las decisiones que afectan su credibilidad científica deberían ser tratadas con especial cuidado. No estamos hablando de una organización privada que puede abandonar una iniciativa simplemente porque dejó de considerarla conveniente. Estamos hablando de una institución pública cuya misión es contribuir al conocimiento y al desarrollo productivo, y cuyas decisiones tienen consecuencias que exceden ampliamente los límites de sus oficinas y estaciones experimentales.

Resultaría valioso que el Consejo Directivo ofreciera una explicación integral sobre lo sucedido con SPRINT, comenzando por las razones que llevaron a aceptar la participación argentina y continuando con los mecanismos de supervisión utilizados durante su desarrollo. También sería importante conocer qué evaluaciones se realizaron antes de resolver la desvinculación, qué alternativas se consideraron y cuáles fueron las consecuencias para la continuidad de las investigaciones. Si existen informes científicos que cuestionan los procedimientos o resultados obtenidos, deberían poder ser examinados. Si algunas conclusiones se consideran válidas y otras requieren nuevos estudios, corresponde establecer esa diferencia. La transparencia no obliga a una institución a coincidir con sus investigadores, pero sí a fundamentar sus posiciones y permitir que sean discutidas con argumentos.

Sería igualmente importante conocer qué líneas de investigación mantiene hoy el INTA sobre utilización de fitosanitarios, residuos ambientales, tecnologías de aplicación y alternativas productivas. No porque el organismo deba reproducir exactamente el trabajo de SPRINT, sino porque las preguntas que motivaron aquella investigación siguen existiendo y requieren respuestas. Los residuos detectados en determinadas muestras no desaparecen porque una institución decida retirarse de un proyecto, aunque tampoco pueda deducirse de esas detecciones la existencia automática de daños sanitarios. Para establecer qué significan hacen falta estudios adicionales, evaluaciones independientes y una discusión científica que no quede condicionada por enfrentamientos personales o administrativos.

En definitiva, el caso Aparicio expone un problema de responsabilidades que merece ser analizado con mayor profundidad. Si existieron irregularidades administrativas, deben investigarse y determinarse las consecuencias que correspondan. Si las autoridades detectaron procedimientos incompatibles con las competencias institucionales, tendrían que explicar cuándo y cómo lo hicieron. Si hubo fallas de supervisión, también deberían ser examinadas. Lo que resulta difícil de aceptar es que toda esta secuencia termine concentrada en una sanción individual, mientras la institución no ofrece una reconstrucción pública integral del recorrido que comenzó con su incorporación a SPRINT y terminó con el abandono del proyecto y la exoneración de una investigadora.

La ciencia necesita libertad para investigar, pero también reglas claras, controles y responsabilidad. Las instituciones públicas tienen derecho a cuestionar procedimientos y resultados, pero están obligadas a fundamentar sus decisiones. Y quienes conducen organismos de investigación deberían comprender que los conflictos administrativos no pueden sustituir la discusión científica ni hacer desaparecer los problemas que originalmente se pretendía estudiar.

Por encima de las diferencias entre las autoridades del INTA y Virginia Aparicio existe una necesidad que corresponde al conjunto del país: disponer de información confiable sobre los productos fitosanitarios, conocer mejor sus condiciones de utilización, evaluar posibles riesgos y desarrollar alternativas que permitan mejorar las prácticas sin desconocer las necesidades de la producción. Esa tarea exige investigación rigurosa, colaboración entre organismos y capacidad para transformar los conocimientos en soluciones aplicables. Es justamente lo que los productores y la sociedad tienen derecho a esperar de una institución científica sostenida con recursos públicos.

El conflicto seguramente continuará su recorrido por las instancias que correspondan y será necesario examinar con atención los fundamentos de la exoneración y los argumentos de la investigadora. Pero el debate no debería agotarse en determinar quién tiene razón dentro de ese expediente. Quedan preguntas que pertenecen a otro plano y que merecen respuestas igualmente serias: qué responsabilidades asumió el INTA cuando decidió participar de SPRINT, cómo administró ese compromiso, por qué consideró necesario abandonarlo y qué hizo para garantizar que los objetivos científicos vinculados con la realidad agropecuaria argentina pudieran seguir investigándose.

Tal vez sea esa la cuestión que debería preocuparnos más. Porque mientras discutimos sobre procedimientos, resoluciones y sanciones, la producción continúa utilizando fitosanitarios, las dudas sobre determinadas exposiciones permanecen y las decisiones públicas necesitan información cada vez más precisa. El sector agropecuario no puede quedar permanentemente atrapado entre quienes consideran que cualquier resultado científico constituye una condena a sus prácticas y quienes parecen interpretar las investigaciones críticas como una amenaza que debe ser neutralizada. Necesita conocimiento, tecnologías confiables y organismos que ayuden a distinguir los riesgos demostrados de las hipótesis que todavía requieren comprobación.

El INTA debe explicar sus decisiones, pero sobre todo tiene que demostrar qué está haciendo con aquello que todavía falta conocer. Una institución de investigación no se justifica únicamente por su capacidad para controlar expedientes, establecer responsabilidades o aplicar sanciones. Su verdadero valor está en producir conocimiento, cuestionar lo que sea necesario, corregir errores y ofrecer soluciones a los problemas concretos del país. La exoneración de Virginia Aparicio podrá cerrar una etapa administrativa, aunque su revisión continúe pendiente. Lo que no puede cerrar es la discusión científica sobre los plaguicidas, su utilización y sus posibles consecuencias.

Después de haber aceptado participar de SPRINT, retirarse del proyecto y terminar sancionando a una de sus investigadoras, el INTA tiene una responsabilidad que ninguna resolución puede dar por concluida: explicar qué ocurrió y mostrar qué camino propone para seguir investigando. Porque el campo argentino necesita saber mucho más que quién se equivocó. Necesita conocer qué se sabe, qué falta averiguar y qué alternativas reales existen para producir mejor, con seguridad y con fundamentos científicos confiables.

Elaboración asistencia de IA