La reglamentación de la ley permitirá organizar el mantenimiento de más de 4.400 kilómetros de caminos rurales en 17 circuitos. La entidad ruralista destacó el trabajo realizado junto con las sociedades rurales de la provincia y el diálogo con el Gobierno para dar respuesta a uno de los reclamos más frecuentes de los productores.
El deterioro de los caminos rurales, una preocupación que desde hace años afecta a los productores agropecuarios de San Luis, comienza a encontrar una respuesta institucional. La reglamentación de la Ley de Consorcios Camineros abre una nueva etapa para el mantenimiento y la conservación de la red vial provincial, a partir de un esquema de participación conjunta entre el Estado y los sectores vinculados con la producción.
La medida fue recibida favorablemente por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), que destacó el resultado de las gestiones impulsadas junto con sus entidades de base para instalar la problemática en la agenda del Gobierno provincial y avanzar hacia una solución.
El proceso comenzó hace aproximadamente un año, cuando dirigentes de la entidad recorrieron distintas sociedades rurales de San Luis para conocer de primera mano las principales dificultades que enfrentaban los establecimientos agropecuarios. Entre los planteos recogidos, el estado de los caminos apareció como una de las demandas más reiteradas.
Las dificultades para trasladar hacienda, movilizar maquinaria, transportar insumos o sacar la producción de los campos reflejaban una situación que trascendía las necesidades individuales de cada establecimiento. La transitabilidad de los caminos también condiciona la actividad económica y la comunicación entre las comunidades rurales.
Frente a ese escenario, CARTEZ promovió una serie de reuniones con autoridades provinciales y puso a disposición la experiencia de Córdoba, donde el sistema de consorcios camineros constituye una herramienta para organizar la conservación de la infraestructura vial rural.
En San Luis, la Sociedad Rural Río Quinto cumplió un papel importante en la articulación de las gestiones con funcionarios y otras instituciones del sector agropecuario. Ese trabajo permitió avanzar en el intercambio de propuestas y en la construcción de un esquema adaptado a las necesidades de la provincia.
Una red de 17 circuitos para organizar el mantenimiento
La reglamentación del Régimen de Consorcios Camineros, formalizada por el gobernador Claudio Poggi el 30 de septiembre, establece las condiciones necesarias para la constitución y el funcionamiento de estas organizaciones.
El sistema comprende 4.461 kilómetros de caminos provinciales no pavimentados, distribuidos en 17 circuitos, definidos de acuerdo con las características geográficas y las necesidades de mantenimiento de cada región.
La normativa también determina los procedimientos para reconocer y certificar los trabajos realizados, con el propósito de establecer mecanismos de control sobre las tareas de conservación y mejoramiento.
El nuevo régimen propone una modalidad de gestión público-privada que permitirá incorporar a productores y otros actores vinculados con el territorio en la organización de las actividades de mantenimiento vial.
De los reclamos rurales a una respuesta institucional
Para CARTEZ, la reglamentación representa el resultado de un proceso de gestión gremial desarrollado a partir de las inquietudes recogidas entre sus entidades asociadas.
La confederación considera que el avance demuestra la importancia de sostener canales de diálogo con las autoridades y de presentar alternativas concretas frente a los problemas que afectan la actividad agropecuaria.
En ese recorrido, la participación de las sociedades rurales de San Luis, especialmente de la Sociedad Rural Río Quinto, permitió trasladar los reclamos de los productores a una instancia de trabajo conjunto con el Gobierno.
Sin embargo, la reglamentación constituye una etapa dentro de un proceso más amplio. La conformación efectiva de los consorcios, su funcionamiento y la ejecución de las tareas serán los pasos que permitirán comprobar los resultados del nuevo sistema sobre los caminos rurales.
La diferencia será importante para los productores: contar con un marco legal y administrativo es el punto de partida, pero la mejora de la transitabilidad dependerá de que las organizaciones comiencen a funcionar y los trabajos de mantenimiento tengan continuidad.
CARTEZ destacó este avance como una demostración del papel que pueden cumplir las entidades gremiales agropecuarias cuando mantienen una presencia activa en el territorio, recogen las necesidades de sus asociados y gestionan respuestas ante los organismos públicos.
Para el sector productivo de San Luis, el desafío que comienza ahora será transformar esa herramienta institucional en caminos transitables durante todo el año, una condición indispensable para el desarrollo de las actividades rurales.
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