
Siguiendo el camino del Resero de Güiraldes, este representante de los trabajadores/as rurales vuelve a caer en que “…el que sabe de los males de esta tierra, por haberlos vivido, se ha templado para domarlos…”, pues una vez más mediante chicanas administrativas se obstaculiza el ejercicio de los derechos de los que laburan las tierras.
La nueva, una paritaria acordada tiene 45 días de aprobada sin su homologación.
Una tranca del papeleo, que ni a Don Segundo sombra se le hubiera ocurrido, tiene parada en la Secretaría de Trabajo de la Nación pendiente de aprobación una negociación salarial acordada entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) y las entidades de empleadores del sector.
Todo eso, valga lo elemental de la explicación, genera un atraso salarial considerable para los/las trabajadores/as rurales y sus familias, quienes soportan en el lomo el aumento del costo de vida y por mera burocracia de la autoridad administrativa (no firman las resoluciones) le deniegan en la práctica el aumento salarial que -insisto- ya fue acordado por sus empleadores.
Para referenciar a los que no son de la actividad, porque todos los trabajadores/as ya lo saben bien y están esperándolo, lo convenido y pendiente de homologación por el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, llevó el sueldo mensual para el peón general a la suma de $1.093.693,62.
Digámoslo clarito, esta cuestión problemática de las homologaciones de los acuerdos salariales se profundizó a partir del debilitamiento de las facultades de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un organismo tripartito del sector que durante décadas equilibró la relación laboral de la ruralidad y que, tras la reforma laboral, las actualizaciones salariales del personal permanente de prestación continua —cuya categoría testigo es la de peón general— ya no se fijan mediante resoluciones de ese organismo, sino a través de acuerdos paritarios bajo la Ley de negociación colectiva n° 14.250.
En otras palabras, lo que era simple se hizo difícil para que no salga fácil.
Como dije, conozco las mañas en un sector atravesado por la estacionalidad, la informalidad y la desigualdad estructural, donde alterar las condiciones de negociación como se hizo implicó lisa y llanamente reducir derechos, en este caso a partir de una burocracia incompatible con la naturaleza de la relación de trabajo rural.
Tal como lo fue, tras un proceso largo de negociaciones, trabajadores y empresas llegamos a un acuerdo para avanzar en el aumento salarial que representa un paso necesario pero, subrayo, no alcanza a compensar el atraso estructural histórico que arrastra el salario rural. Así lo pienso, porque mientras el sector registra niveles récord de producción, los salarios rurales continúan en niveles que no reflejan ese crecimiento; de este modo, el trabajador rural no puede seguir siendo la variable de ajuste, la que sumada a la inacción del Estado que le impide cobrar lo negociado y firmado, transforma nuestra paritaria en un verdadero pagadios. Además, seamos realistas, los trabajadores rurales usan su sueldo para productos esenciales no para ahorrar en dólares.
Por último, con la experiencia de este Secretario General y los muchos años de negociaciones salariales, pues desde que nacemos hijos de trabajadores rurales esperamos un aumento del salario en nuestras familias, preferimos como siempre la vía del diálogo con los patrones (como firmamos el aumento entre privados que no homologa el estado) por sobre el camino de leguleyos, hasta no tener otra alternativa más que ese rumbo.
Mientras tanto, continuaremos exhortando al poder público competente, la Secretaría de Trabajo de la Nación, para que complete el trámite y saque con pronto despacho la resolución homologando el aumento de sueldo que acordó la UATRE con los empleadores hace ya 45 días, despertando por fin del sueño de los justos.

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