Tras la derogación de un decreto histórico, eliminar trabas burocráticas no debe confundirse con dejar la calidad en manos exclusivas del mercado
La reciente derogación del Decreto 71.178 de 1935 —que regulaba el empaque y control de calidad de hortalizas para exportación— fue celebrada por el Gobierno como un avance hacia la modernización y simplificación normativa. Sin embargo, es importante advertir que desregular no debe implicar desentenderse, especialmente cuando se trata de la calidad de los alimentos que la Argentina exporta al mundo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que esta medida forma parte de una transformación profunda del SENASA, orientada a “dejar de molestar al productor” en aspectos productivos y de calidad, y concentrar el rol del Estado exclusivamente en la “policía sanitaria”.
“El control de calidad es cosa de los militares”, expresó el funcionario en sus redes sociales, aludiendo a que el Estado no debería definir qué es un producto de calidad, ya que eso —según su visión— debe ser tarea del mercado.
Pero ¿es así de simple? ¿Puede el mercado garantizar, por sí solo, estándares internacionales de calidad sin que exista intervención estatal?
¿Qué es calidad y quién la garantiza?
La calidad de frutas y hortalizas no se reduce solo al aspecto visual. Involucra atributos sensoriales, nutricionales, sanitarios, tecnológicos y comerciales. En palabras simples: no alcanza con que una fruta se vea bien, debe cumplir con requisitos de inocuidad, durabilidad, valor nutritivo y estandarización, entre otros.
A nivel internacional, esta calidad está regulada por normas de organismos como el Codex Alimentarius (FAO/OMS) o la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Estos estándares no solo protegen la salud del consumidor, sino que también habilitan el ingreso a los mercados más exigentes.
La mayoría de los países combina intervención estatal con certificaciones privadas, ya que delegar íntegramente el control a los privados implicaría riesgos sanitarios, pérdida de trazabilidad y eventuales barreras paraarancelarias, por incumplimiento de requisitos técnicos en destino.
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El rol del Estado: más allá del «molestar»
“La idea de que el Estado solo debe actuar como policía sanitaria es una simplificación peligrosa”, porque los productos agroalimentarios de exportación representan la imagen del país en el mundo. Dejar su control exclusivo en manos del mercado es como quitarle el control técnico a la construcción de aviones por creer que ‘el cliente se va a dar cuenta si no vuelan bien’”.
El SENASA, además de su rol sanitario, históricamente ha sido un organismo técnico con capacidad de fiscalización, homologación de calidad y articulación con estándares internacionales. Quitarle esas facultades podría debilitar su prestigio y autoridad técnica frente a países importadores.
Entre la burocracia y el vacío
La eliminación de normas obsoletas o ineficientes es, sin duda, una medida saludable. Nadie en el sector agroexportador se opone a revisar y actualizar marcos legales que dificultan la operatoria diaria. Pero no debe confundirse una “traba burocrática” con un pilar estratégico del comercio exterior.
“Es necesario distinguir entre trabas inútiles y normas necesarias. No todo lo que regula es negativo. El desafío está en modernizar con criterio, no en desregular sin red”.
Horacio Esteban
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