El Gobierno concretó la reducción de derechos de exportación y cumplió con una de sus promesas al campo, pero el recorrido histórico y el contexto global plantean dudas sobre la permanencia de este esquema
La baja de las retenciones a las exportaciones de granos ya es una realidad en la Argentina. Desde el 9 de diciembre, el Gobierno nacional hizo efectiva una reducción que venía anticipando y que finalmente consolidó como permanente, marcando un giro claro respecto de los últimos años en materia de presión fiscal sobre el agro.
La decisión terminó de confirmar un sendero que la gestión de Javier Milei había iniciado en 2025, primero con rebajas temporales y luego con anuncios que buscaban dar previsibilidad a uno de los sectores más sensibles de la economía.
Con este nuevo esquema ya en marcha, la soja redujo su carga del 26% al 24%, los subproductos del 24,5% al 22,5%, el maíz y el sorgo del 9,5% al 8,5%, el trigo y la cebada del 9,5% al 7,5% y el girasol del 5,5% al 4,5%. A eso se suma la decisión previa de eliminar de manera permanente las retenciones para las economías regionales, un dato que también configura el nuevo mapa tributario del sector.
El impacto buscado era claro: mejorar la ecuación económica del productor, aliviar la presión impositiva y abrir una expectativa positiva de cara a la producción. Pero en la Argentina, hablar de retenciones nunca es un ejercicio de corto plazo. Siempre hay una historia detrás que pesa, condiciona y, muchas veces, anticipa.
Porque si algo ha demostrado el país en las últimas décadas es que las retenciones no han sido una excepción, sino una constante. Han subido, bajado, cambiado de forma, se han eliminado y vuelto a reinstalar según el momento económico. Y en todos los casos, el denominador común ha sido el mismo: la necesidad de recursos por parte del Estado.
Cuando la economía se estabilizó, las retenciones tendieron a desaparecer o reducirse. Cuando las cuentas públicas se tensionaron, volvieron a escena con rapidez. Esa dinámica atravesó gobiernos de distintos signos políticos y distintos contextos, desde los picos más altos de presión fiscal hasta los períodos de mayor apertura.
Por eso, aun cuando el actual Gobierno ha mostrado coherencia con su promesa de bajarlas —y efectivamente lo ha hecho—, la discusión de fondo no pasa solamente por el presente, sino por la capacidad real de sostener esa decisión en el tiempo.
El campo, en ese sentido, ya dio muestras claras de cómo responde. Cada vez que se redujo la carga impositiva, la producción creció, la inversión se activó y la eficiencia mejoró. Menos retenciones han significado, históricamente, más volumen y mejores resultados.
Sin embargo, ese comportamiento virtuoso convive con otra realidad igual de contundente: la Argentina sigue siendo un país con recurrentes necesidades fiscales, y el agro continúa siendo una de las fuentes más directas y rápidas de ingresos.
A este escenario se le suma un factor que vuelve a jugar con fuerza en el presente: el contexto internacional. En este caso es el conflicto en Medio Oriente que se está desarrollando actualmente que impacta de manera directa en los costos productivos. Suben los combustibles, se encarecen los fertilizantes, aumenta el valor de insumos estratégicos como la urea y se altera la ecuación económica del productor.
Ese movimiento global no solo afecta al campo, sino que también repercute en la macroeconomía argentina, que históricamente ha mostrado fragilidad frente a este tipo de shocks externos. Y en esos momentos, las herramientas fiscales —entre ellas, las retenciones— vuelven a estar sobre la mesa.
De allí surge la principal tensión: el Gobierno ha avanzado en una dirección clara, cumpliendo con su compromiso de reducir la carga sobre el sector, pero el contexto estructural del país sigue planteando dudas sobre la posibilidad de eliminarlas definitivamente.
En otras palabras, las retenciones bajaron, incluso pueden desaparecer y eso es un hecho concreto. Pero la historia argentina enseña que también pueden volver.
Esa es, quizás, la clave para entender el momento actual. No se trata solo de una medida económica, sino de una señal política que busca cambiar una lógica de décadas. El desafío, ahora, será sostenerla en el tiempo en un país donde, cada vez que faltaron recursos, el campo terminó siendo la respuesta más inmediata.
El alivio llegó. La expectativa también. Pero el interrogante sigue abierto.
Por Horacio Esteban
Director Portal Agropecuario
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