El agua entra en disputa: cuando producir también empieza a necesitar permiso

Del recurso natural al control estatal: el nuevo frente que se abre en el agro argentino

Hay temas que avanzan en silencio hasta que un día hacen ruido. El agua es uno de ellos. Durante años fue un insumo natural, disponible, parte del sistema productivo sin demasiadas preguntas. Se usaba, se necesitaba, se daba por hecho. En el campo, especialmente, el agua nunca fue una variable de discusión cotidiana: era condición básica para producir. Eso empieza a cambiar, y no por el clima ni por la sequía, sino por decisión.

En la provincia de Buenos Aires comenzaron a llegar intimaciones formales, con plazos cortos y escasa explicación. Productores que, de un día para el otro, deben registrarse como usuarios del agua. No para un desarrollo industrial ni para un proyecto minero, sino para producir. Incluso, en algunos casos, para algo tan elemental como darle agua a las vacas. Ahí es donde el tema deja de ser administrativo y pasa a otra dimensión, porque cuando para producir hay que pedir permiso, el sistema cambia.

La norma que respalda este proceso no es nueva, pero lo que sí cambia es la decisión de aplicarla con intensidad. Registrar el uso del agua implica medirlo, medirlo implica controlarlo y controlarlo abre una puerta que nadie en el sector desconoce: la del cobro. No hace falta que esté explicitado hoy para entender el camino. Por eso aparece la preocupación, no tanto por el trámite en sí, sino por lo que viene detrás.

Ahora bien, el problema no es el ordenamiento del recurso. Nadie puede discutir seriamente que el agua necesita gestión en un contexto de cambio climático, sequías recurrentes y creciente presión sobre las cuencas. El punto es cómo se ordena y, sobre todo, por dónde se empieza. Porque mientras se avanza sobre el productor con exigencias concretas, las ciudades siguen perdiendo agua en redes que no se arreglan, el tratamiento de efluentes continúa siendo bajo y el uso ineficiente en otros sectores ni siquiera está completamente medido. Entonces la pregunta aparece sola, sin necesidad de forzarla: ¿se está ordenando el sistema o se está empezando por el eslabón más fácil de controlar?

El agua atraviesa todas las actividades. El campo la transforma en alimentos, las ciudades la necesitan para vivir, la industria la utiliza para generar valor y la minería la coloca en discusión en territorios sensibles. Pero no todos los usos tienen el mismo impacto, ni el mismo nivel de control, ni reciben la misma presión. Ahí empieza a tomar forma el verdadero debate, que muchas veces se simplifica en una discusión sobre volumen. Se repite que el agro utiliza una porción significativa del agua, y es cierto, pero es una verdad incompleta. Porque el problema no es solo cuánto se usa, sino cómo se usa y qué ocurre después. Un sistema puede consumir mucho y hacerlo de manera eficiente, mientras otro puede consumir menos y generar un daño mayor si no gestiona adecuadamente lo que devuelve.

Sin medición real, sin control integral y sin una mirada por cuenca, cualquier discusión queda a mitad de camino. Y ahí es donde este nuevo proceso de registro empieza a mostrar su verdadera dimensión. No se trata de una intimación aislada ni de un trámite administrativo más. Es un cambio de lógica. El agua empieza a salir del plano natural y entra en el plano político, económico y fiscal. Y cuando eso sucede, deja de ser solo un recurso para convertirse en un factor de poder.

Lo que viene todavía no está completamente explicitado, pero se intuye. El registro es el primer paso. Luego vendrá la medición más precisa, la diferenciación por tipo de uso y, más temprano que tarde, la discusión sobre el costo. El agua entra en agenda, no solo como un tema ambiental, sino como un eje de control. En ese punto, el debate deja de ser técnico y pasa a ser estructural.

La discusión de fondo no es si hay que regular o no, sino cómo se hace y con qué equilibrio. Porque si el agua es de todos, el ordenamiento también debería serlo. De lo contrario, el riesgo es claro: que el recurso más esencial termine convirtiéndose en un nuevo punto de conflicto entre el Estado y quienes producen. Y cuando eso ocurre, ya no se discute únicamente agua. Se discute modelo.

Por Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario