Tabacaleros pidieron auditar el FET y reclamaron pagos sin demoras

Productores independientes llevaron al Congreso y a la Secretaría de Agricultura sus reclamos por la distribución de los recursos y las presuntas irregularidades en la comercialización. Representantes tucumanos denunciaron que los fondos llegan a la provincia, pero demoran en ser pagados. El diputado Manuel Quintar propuso reforzar la fiscalización y Marcelo Reynoso, coordinador del Fondo Especial del Tabaco, reconoció falencias en el sistema.

La administración del Fondo Especial del Tabaco (FET), las dificultades para que sus recursos lleguen a los productores y las denuncias sobre presuntas maniobras con la declaración de cosechas quedaron en el centro de las reuniones que una delegación de tabacaleros independientes mantuvo el miércoles 14 de octubre en Buenos Aires. Los planteos fueron llevados al Congreso de la Nación y a la Secretaría de Agricultura, donde los productores reclamaron auditorías, controles en los centros de acopio y mayor transparencia sobre el destino de los fondos.

Los encuentros también expusieron un cuestionamiento concreto de los representantes tucumanos: según señalaron, las transferencias nacionales se realizan mensualmente, pero el dinero permanece en la provincia sin llegar con la misma regularidad a quienes producen. Simón Lobo y Alejandra Luna sostuvieron que esas demoras comprometen la compra de insumos, el pago del trabajo y el sostenimiento de las familias tabacaleras.

El diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar advirtió sobre la intervención de estructuras provinciales en la distribución de los recursos y acompañó la necesidad de mejorar su seguimiento. Por su parte, Marcelo Reynoso, coordinador del Fondo Especial del Tabaco, reconoció que existen deficiencias, aseguró que se trabaja para corregirlas y remarcó que la continuidad de esta herramienta depende de una recaudación adecuada y de un uso transparente.

La delegación presentó un petitorio con cuestionamientos sobre la administración del FET, creado por la Ley 19.800, y sobre los mecanismos utilizados para registrar la producción y distribuir la asistencia. La defensa del fondo fue uno de los puntos centrales: los productores pidieron conocer cuánto se recauda, quiénes reciben los recursos, cómo se controla su aplicación y cuánto tiempo transcurre hasta que llegan a las chacras.

Tucumán: los fondos y la demora en los pagos

Simón Lobo, de Productores Tabacaleros Unidos de Tucumán, explicó que uno de los objetivos del viaje fue reclamar que los recursos se paguen en tiempo y forma. Según relató, durante la reunión en Agricultura les indicaron que el origen de las demoras que denuncian se encuentra en la administración provincial, donde los fondos ingresan a la caja única.

“No es que nosotros le pedimos a la provincia que nos dé. Es plata nuestra”, afirmó. El productor sostuvo que las transferencias se envían mes a mes desde la Nación, mientras que los tabacaleros terminan cobrando cada dos o tres meses. Por ese motivo, pidió al gobernador que intervenga para agilizar los pagos y remarcó que el reclamo no consiste en solicitar un adelanto extraordinario, sino en recibir los recursos que les corresponden cuando los necesitan.

Alejandra Luna, también representante de los tabacaleros tucumanos, agregó un punto que consideró determinante para establecer responsabilidades. Según su testimonio, las autoridades nacionales les aclararon que la liberación de los fondos depende de la unidad ejecutora provincial y no requiere una nueva autorización de Buenos Aires.

“Es decisión de la unidad ejecutora provincial liberar los fondos. No necesitan autorización de Buenos Aires”, relató sobre la explicación recibida. A partir de esa respuesta, cuestionó la falta de pago del anticipo de caja verde que reclaman los productores y describió las dificultades que provoca esa espera en plena necesidad de financiar las labores y afrontar los gastos cotidianos.

Para los representantes tucumanos, la discusión tiene consecuencias inmediatas sobre la continuidad del trabajo en las chacras. Luna señaló que el dinero se necesita para producir, subsistir y pagar a quienes trabajan en los establecimientos. Lobo añadió que, pese a los anuncios de pago que mencionó, al momento de su declaración seguían sin cobrar.

Auditorías y rendición de cuentas

Uno de los principales pedidos de la delegación fue la realización de una auditoría inmediata sobre los procedimientos de administración y fiscalización del FET. Los productores plantearon la intervención de las Unidades de Auditoría Interna, bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y solicitaron controles presenciales que permitan evaluar el funcionamiento de los organismos que participan en la aplicación de la ley.

El reclamo incluyó el acceso a informes actualizados sobre auditorías realizadas, sus resultados y las observaciones formuladas. También solicitaron revisar el desempeño de las Unidades Coordinadoras Provinciales, con atención a los plazos administrativos, los mecanismos de ejecución y las obligaciones de rendición de cuentas. La propuesta abarcó ejercicios anteriores, para identificar qué programas se financiaron, cómo se utilizaron las partidas y quiénes fueron sus beneficiarios.

En ese mismo marco, cuestionaron las demoras en la transferencia y ejecución de recursos y las dificultades que, según expusieron, encuentran los pequeños productores para acceder a los beneficios de los Planes Operativos Anuales (POA). En particular, pidieron revisar la distribución del 20% de los recursos señalado en el petitorio y contar con información sobre los criterios de asignación, sus destinatarios y los controles aplicados.

Las denuncias sobre kilos de tabaco inexistentes

Otro de los asuntos planteados fue la posible utilización de documentación comercial respaldada por volúmenes ficticios de tabaco. Los productores solicitaron investigar si se emitieron boletas por producción inexistente para obtener recursos del fondo, así como eventuales diferencias entre las cantidades cosechadas, las declaradas y las utilizadas como base para liquidar la asistencia.

Lobo precisó que su cuestionamiento apunta a los que denominó “kilos fantasmas” y a la documentación emitida por los centros de acopio. Según denunció, existirían personas registradas como productores que declaran volúmenes elevados sin desarrollar una producción que los respalde. Reclamó que se investigue el origen de esas boletas y sostuvo que esas prácticas perjudican a quienes trabajan efectivamente en las chacras.

Como antecedente, los integrantes de la delegación informaron que se presentó una denuncia ante la Justicia Federal en Misiones para que se investiguen posibles maniobras fraudulentas relacionadas con esos mecanismos. Se trata de hechos denunciados cuya existencia y responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

El pedido de trazabilidad estuvo directamente vinculado con esta preocupación. La delegación propuso reforzar la identificación del origen del tabaco y los controles en los centros de acopio, de manera que cada kilogramo registrado pueda vincularse con producción real y documentación verificable.

Quintar se refirió a otra práctica cuestionada por los productores, conocida en el sector como la “calesita”: el presunto traslado de tabaco de una provincia, o incluso de otro país, para declararlo en una jurisdicción diferente. Según explicó, estas operaciones pueden alterar la distribución proporcional de los recursos y perjudicar a quienes producen y registran su cosecha correctamente.

Quintar pidió más control desde Nación

El diputado jujeño señaló que conoce la problemática por el peso de la actividad en su provincia y consideró que, aunque existen diferencias locales, varios de los reclamos se repiten en las zonas tabacaleras. Al referirse al encuentro, indicó que participaron casi veinte productores en representación de distintas provincias y sostuvo que buena parte de las dificultades tiene relación con decisiones adoptadas en las jurisdicciones locales.

En ese sentido, cuestionó la intervención de gobiernos provinciales en el manejo del fondo y de los POA, y reclamó un seguimiento más estricto desde la Nación. “Tenemos que trabajar fuertemente en un control desde acá de Buenos Aires hacia dónde van los dineros de los impuestos especiales del tabaco y tratar de que lleguen al productor”, afirmó.

También advirtió sobre programas que, a su entender, terminan favoreciendo intereses políticos y acompañó la iniciativa presentada por los productores para mejorar los controles. Su planteo incluyó la necesidad de realizar gestiones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de fortalecer la fiscalización del almacenamiento y combatir el contrabando de cigarrillos y tabaco.

El legislador reconoció avances en los procedimientos de fiscalización, aunque consideró que todavía resultan insuficientes. Además, señaló que en algunas provincias falta colaboración de los respectivos ministerios de Producción, una situación que, según sostuvo, exige mayor trabajo desde el ámbito nacional para conseguir el acompañamiento provincial.

Respecto de la trazabilidad, propuso incorporar tecnología y actualizar los mecanismos de seguimiento. “Hay que darle un salto tecnológico a los procesos de trazabilidad”, expresó. Aclaró que la propuesta impulsada por los productores no necesariamente requiere una ley nacional y que existen gestiones que pueden acompañarse ante el Poder Ejecutivo.

Una organización que cuestiona la representación del sector

Además de los reclamos económicos y administrativos, los testimonios de Lobo y Luna dejaron expuesta una discusión sobre la representación de los productores. Lobo cuestionó a las entidades tucumanas del sector por considerar que no han respondido a las necesidades de las chacras ni actuado con suficiente firmeza frente a las irregularidades denunciadas. Esa falta de respuestas, sostuvo, llevó a los productores a organizarse y trasladar sus planteos directamente a Buenos Aires.

Luna destacó la articulación entre productores de distintas provincias y valoró que hayan sido recibidos por funcionarios nacionales y legisladores. A su entender, esa organización expresa un malestar compartido con el funcionamiento de las unidades coordinadoras y ejecutoras provinciales, y permite trabajar en propuestas comunes más allá de las estructuras gremiales.

La representante tucumana señaló que encontraron predisposición para escuchar los reclamos y acompañar iniciativas destinadas a mejorar la situación de las familias tabacaleras. Sin embargo, en los testimonios no se detalló un proyecto definitivo ni un cronograma de implementación.

Lobo también rechazó que los pedidos de investigación y transparencia debiliten al FET. Cuestionó los mensajes que, según afirmó, buscan desalentar los reclamos con advertencias sobre una eventual pérdida del fondo y sostuvo que el riesgo está en permitir que continúen las maniobras denunciadas. Ambos representantes manifestaron su intención de mantener el trabajo conjunto entre provincias y continuar los pedidos de intervención de los organismos de control.

Reynoso reconoció falencias y defendió el fondo

En la reunión con la autoridad nacional, la discusión giró alrededor de dos responsabilidades: garantizar que las empresas obligadas a aportar al FET cumplan con esa obligación y asegurar que los recursos tengan un destino transparente. Reynoso explicó que el diálogo con los productores, tanto agremiados como independientes, permite identificar problemas y revisar el funcionamiento del sistema.

“Nuestra función primordial hoy es garantizar una recaudación correcta, que todas las empresas que por ley están obligadas a aportar al fondo lo hagan y, sobre todo, transparentar el uso de esos fondos”, sostuvo.

El coordinador reconoció coincidencias con varios de los cuestionamientos. Señaló que hay falencias conocidas sobre las que ya se está actuando y otras que todavía requieren trabajo, y consideró necesaria la colaboración de los productores, los organismos ejecutores y las provincias para corregirlas.

Su defensa del FET estuvo acompañada por una advertencia sobre la responsabilidad de quienes participan en su administración. “No hay cultivo en Argentina que reciba una asistencia financiera similar. Si no cuidamos esta joyita que tenemos entre todos, el futuro del tabaco va a estar comprometido”, afirmó.

Reynoso también reconoció que décadas de financiamiento no siempre se tradujeron en las condiciones de vida y los resultados económicos que deberían haber alcanzado los productores. Esa observación puso el foco en uno de los cuestionamientos que atravesó las reuniones: la existencia del fondo no garantiza, por sí misma, que la asistencia cumpla con su finalidad.

“El fundamento de todo nuestro trabajo tiene que ser el productor”, remarcó. Explicó que sin quienes trabajan en las chacras y generan la materia prima no existirían la industria, los organismos ejecutores ni la estructura administrativa del sistema. Por eso, insistió en que el productor debe ser el principal destinatario de las decisiones y de los recursos.

La situación de las siete provincias y el retroceso de Corrientes

Al describir el panorama productivo, Reynoso ubicó a Misiones al frente por volumen, seguida por Salta y Jujuy, y luego mencionó a Chaco, Corrientes, Catamarca y Tucumán. Aclaró, sin embargo, que la atención del organismo no se define únicamente por la cantidad de tabaco producida y aseguró que se trabaja con el mismo interés en las siete provincias.

La situación correntina recibió una consideración particular. El funcionario reconoció una fuerte caída de la actividad y sostuvo que la producción se encuentra en un piso preocupante. Entre los factores que contribuyeron a ese deterioro mencionó la diversificación hacia otras actividades, las dificultades económicas, los daños climáticos y, en distintas etapas, la mala administración de los recursos del FET.

Frente a ese escenario, señaló que se busca transformar la situación actual en un punto de partida para la recuperación, con la búsqueda de nuevos mercados que ofrezcan una salida a la producción correntina.

La comitiva identificada en el petitorio estuvo integrada por Mario Schmidt, Maximiliano Hoff, Valdir Bexara, Alejandra Luna, Simón Lobo, Gustavo Villafañe, Pablo Sánchez, Néstor Rodríguez, Miguel Yebara, Carolina Domínguez, Sofía Chetti, Teresa Montiel y Omar Aquino. Tras las reuniones, los representantes tucumanos señalaron que se mantienen en convocatoria y en alerta, a la espera de respuestas sobre los pagos y de avances en los controles solicitados. También mencionaron posibles visitas de autoridades nacionales a Tucumán, aunque aclararon que todavía no estaban confirmadas.