“El agro argentino debería tener el doble de tamaño”

El ingeniero agrónomo Luis Villa espera una campaña favorable en producción, pero advierte que el campo sigue sin resolver sus problemas de infraestructura, financiamiento y representación. En una entrevista con Portal Agropecuario, cuestiona al Gobierno y a la propia dirigencia sectorial, analiza los cambios que traerá la inteligencia artificial y reclama una estrategia que permita aprovechar oportunidades antes de que el mundo vuelva a cambiar las reglas del negocio.

Una buena cosecha puede traer alivio, mejorar los ingresos y aportar las divisas que necesita la economía. Pero también puede postergar discusiones que el campo argentino arrastra desde hace años. Luis Villa cree que la campaña tiene condiciones para ofrecer un volumen importante de producción; lo que no encuentra es una decisión equivalente para resolver cómo se financia esa actividad, por dónde sale lo que produce y qué lugar pretende ocupar en los próximos diez años. Su preocupación aparece allí, en esa distancia entre lo que el sector podría hacer y lo que finalmente consigue.

“El agro argentino debería tener el doble de tamaño”, afirma en diálogo con Portal Agropecuario. No lo plantea como una aspiración para dejar escrita en un documento, sino como una propuesta que debe trabajarse, fundamentarse y llevarse ante cada gobierno. Al actual, al próximo y a los que vengan después. También a las provincias, donde las expresiones de apoyo a la producción no siempre se corresponden con las decisiones políticas.

La conversación comienza por el clima y llega hasta las resistencias al cambio, después de pasar por ferrocarriles, impuestos, semillas, mercados y trazabilidad. En todo ese recorrido hay un reclamo que vuelve una y otra vez: el campo necesita discutir sus diferencias, pero también tiene que salir de ellas con algo concreto para proponer.

Para analizar la campaña, el consultor toma el período de julio a junio y el escenario asociado a El Niño que describe durante la entrevista. Antes de avanzar, hace una salvedad sobre una expresión que se instala en la conversación pública: “Ahora se ha inventado este vocablo de ‘Superniño’. No me queda claro de dónde surgió la expresión porque científicamente no tiene ninguna precisión”. Como antecedentes de los episodios con los que suele establecerse esa comparación, menciona los de 1997/98 y 2015/16.

Su expectativa es favorable para los granos y razonable para la producción de proteína animal. Eso no significa que espere una campaña sin daños. Por el contrario, anticipa problemas de inundaciones e incluso posibles pérdidas de hacienda en lugares afectados por los excesos de agua. La distinción es importante: una cosa es el resultado nacional y otra, muy diferente, la situación de quien no puede entrar a su campo o tiene que sacar los animales de urgencia. “No veo por delante un problema de volumen de producción”, sostiene, aunque reconoce que puede haber situaciones localizadas graves.

Si ese pronóstico se cumple, considera que Javier Milei puede terminar su mandato sin atravesar una sequía de la magnitud de las que afectan a administraciones anteriores. Recuerda que esos episodios golpearon durante el kirchnerismo y también en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En su evaluación, la actual gestión tiene la posibilidad de completar cuatro campañas entre normales y muy buenas, con una expectativa especialmente favorable para la que está en marcha.

Ahora bien, producir más no resuelve por sí mismo el negocio. Cuando pasa del clima a los números, el panorama se vuelve bastante menos alentador. Durante la entrevista utiliza como referencia una tasa de interés estadounidense del 5% y un riesgo país argentino de 700 puntos básicos para explicar cómo se encarece el financiamiento: al costo internacional del dinero se le suma el riesgo local y la cuenta termina en dos dígitos. A eso agrega su preocupación por el petróleo, que, según su evaluación, puede mantenerse alrededor de los 100 dólares por barril, con consecuencias sobre combustibles, transporte e insumos.

En ese contexto recomienda prudencia con el endeudamiento, revisar inversiones y buscar asociaciones. Hay proyectos que pueden esperar y otros que necesitan una forma distinta de reunir capital. La advertencia apunta a evitar que una expectativa de buena producción lleve a asumir compromisos difíciles de sostener después.

Lo que el campo reclama y lo que deja de plantear

Al hablar de la relación con el Gobierno, toma distancia de las lecturas apoyadas exclusivamente en el tono de los discursos. A su entender, si se observa lo ocurrido durante décadas, la diferencia entre una administración cordial con el campo y otra abiertamente enfrentada no siempre aparece en el resultado económico. Estima que los gobiernos le extraen al sector entre 8.000 y 9.000 millones de dólares anuales y utilizan esos recursos según sus propias prioridades.

“Más allá de si la relación es cordial o hay insultos o hay conflictos, es siempre más o menos la misma”, expresa. Y agrega una observación hacia adentro: el agro tolera esa situación sin desarrollar una respuesta sostenida que permita cambiarla. No encuentra, por ahora, señales claras de una modificación de fondo.

La infraestructura es, para él, una de las muestras más evidentes de esa debilidad. Durante la charla pone como ejemplo el proceso de licitación del ferrocarril Belgrano y las condiciones que, según describe, se contemplan para recuperar determinados ramales. Menciona las conexiones hacia Yacuiba, en Bolivia; Socompa, con salida a Chile y al Pacífico; y el C25, que atraviesa Formosa. Le preocupa que trabajos de semejante importancia queden como una opción para el futuro operador, sin una obligación definida de llevarlos adelante. No pide que todo se haga de inmediato; pide que forme parte del compromiso.

Lo que le resulta más difícil de aceptar es quiénes aparecen defendiendo esas necesidades. Señala a entidades industriales, representantes de la minería y empresas vinculadas con la energía, que llevan sus intereses a la discusión logística. Mientras tanto, encuentra una presencia insuficiente del sector agropecuario, aun cuando el costo de transportar la producción condiciona buena parte de sus posibilidades de crecimiento.

“El agro está ausente de ese tipo de cosas”.

Su planteo es que la presión fiscal se combina con una falta de iniciativa para reclamar las condiciones que permiten producir más. Recuerda, además, la capacidad del agro para generar exportaciones con una necesidad de importaciones relativamente baja: según su estimación, por cada dólar importado puede aportar entre seis y siete dólares de ventas externas. Entiende que esa relación debe formar parte de los argumentos con los que el sector presenta sus proyectos ante el poder político.

Pero la logística tampoco termina en el puerto. Bajar el costo de mover mercadería dentro del país puede mejorar los ingresos de quien produce y el poder de compra de quien consume. Durante la conversación estima que una mejora importante puede tener para millones de familias un efecto equivalente a entre 100 y 200 dólares mensuales. Lo expresa como una dimensión del beneficio posible, sin desarrollar allí un cálculo que permita tomar esa cifra como resultado comprobado. Su razonamiento es más amplio: construir y mantener infraestructura demanda trabajo; después, esa infraestructura permite producir y distribuir con mayor eficiencia.

Por eso cuestiona que la modernización de los bienes de capital no se traduzca en un avance equivalente de la productividad. Hay vehículos más nuevos, tractores más modernos y mejores teléfonos, observa, pero el país sigue arrastrando obstáculos que impiden aprovecharlos plenamente. Un equipo puede mejorar su capacidad de trabajo; si después la carga queda detenida en un camino intransitable o tiene que recorrer cientos de kilómetros de más, una parte de esa mejora se pierde.

En ese punto es directo con la dirigencia: “La obligación del dirigente gremial empresario es ir a plantearlo. No puede especular sobre si lo van a escuchar mucho o poco. La cuestión es cumplir con el deber asignado”. Considera que muchas veces no hay respuesta porque tampoco se acercan propuestas suficientemente concretas.

Como ejemplo de herramientas que merecen una evaluación, menciona el régimen de participación público-privada sancionado en 2016. Cree que pueden estudiarse mecanismos de esa naturaleza para redes terciarias, escuelas rurales, dispensarios y pequeñas obras que suelen quedar fuera de la atención de la administración central. Afirma que no conoce una propuesta agropecuaria presentada bajo ese esquema y contrasta esa ausencia con experiencias que identifica en ámbitos urbanos.

No desconoce las dificultades para lograr que un proyecto avance. Su objeción es anterior: hay que diseñarlo, presentarlo y discutirlo. “Al gobierno de turno le podemos criticar muchas cosas, pero también hay que hacer autocrítica”, sostiene. Por lo menos, añade, el sector debe tener la tranquilidad de hacer la parte que le corresponde.

Las discusiones que se llevan los años

Esa autocrítica también alcanza a los conflictos entre integrantes de una misma cadena. Semillas y biocombustibles aparecen como dos casos en los que la diversidad de intereses termina prolongando discusiones sin una definición. Grandes y pequeños, productores y proveedores de tecnología, empresas con necesidades diferentes: reconoce que los desacuerdos existen y tienen razones, pero cuestiona que el resultado sea dejar los temas pendientes de un año al siguiente.

“Lo que no puede hacerse es patear los temas y no definirlos nunca”.

La proximidad de 2027 le agrega urgencia. Su temor es que el calendario electoral vuelva a desplazar las cuestiones sectoriales, primero de las prioridades políticas y luego del trabajo legislativo. Menciona las elecciones santafesinas como parte de ese proceso y advierte que, una vez que la campaña se pone en marcha, resulta mucho más difícil conseguir atención para debates que ya vienen demorados.

En cuanto a la ley de manejo del fuego, cuestiona que las restricciones sobre los predios incendiados alcancen también a la actividad agropecuaria. Sostiene que la norma impide la venta, además de la transformación o el cambio de uso del suelo, y considera que debería enfocarse en evitar incendios intencionales destinados a habilitar otros negocios. Menciona, como ejemplo, los bosques cercanos a zonas urbanas que, después del fuego, terminan convertidos en instalaciones deportivas, hoteles u otros emprendimientos. “El agro no tiene nada que ver, allí un incendio no es algo deseado”, afirma.

Atribuye la inclusión del sector a una decisión política de Máximo Kirchner, de quien afirma tener “un odio patológico hacia el sector”. Su planteo distingue, sin embargo, entre lo que considera una restricción equivocada y sus consecuencias concretas: entiende que corresponde modificar ese alcance de la ley, aunque sostiene que, en la práctica, no influye sobre la actividad agropecuaria.

Más allá de esa diferencia sobre el alcance normativo, su cuestionamiento apunta a la distancia entre la discusión pública y la aplicación. Describe una controversia que, en su opinión, consume tiempo, genera interpretaciones cruzadas y no termina de ofrecer claridad a quienes deben trabajar bajo esas reglas.

Con las tierras rurales plantea algo parecido. Cuestiona la imagen de una multitud de compradores extranjeros esperando un cambio legal para invertir. Compara el límite del 15% contemplado en la Ley 26.737 con una participación extranjera que ubica alrededor del 6%, y sostiene que hay campos ofrecidos a la venta sin que eso se traduzca en una llegada masiva de capitales. También remarca las idas y vueltas judiciales, que vuelven inestable la explicación sobre el régimen aplicable.

Su conclusión es que el tiempo político debe dedicarse con mayor intensidad a cuestiones productivas que siguen sin resolverse. En semillas expresa una posición concreta: avanzar hacia UPOV 91, dentro de un contexto que mejore las condiciones para producir y establezca reglas más parejas frente a otros sectores de la economía y a competidores internacionales. Admite que esa postura encuentra resistencias entre los propios productores, incluso entre algunos de gran escala que prefieren conservar el sistema actual. Por eso insiste en que no todo puede explicarse por lo que hace o deja de hacer el Gobierno.

El mundo cambia mientras la agenda local se repite

Cuando la conversación pasa a la inserción internacional, advierte sobre el riesgo de tratar la demanda actual como si estuviera asegurada. China es su ejemplo principal. Plantea la posibilidad de que, a mediano plazo, un acuerdo con Rusia permita desarrollar producción agropecuaria en Siberia y abastecer desde allí parte de sus necesidades de proteína vegetal para alimentación animal. Durante la entrevista habla de una superficie potencial de 40 millones de hectáreas y menciona la producción de soja en Canadá para discutir la idea de que las latitudes altas descartan por sí mismas ese cultivo.

Lo presenta como un escenario a estudiar, no como un reemplazo inmediato de las compras chinas. Lo que quiere poner sobre la mesa es la vulnerabilidad de depender de decisiones ajenas sin trabajar alternativas. Recuerda lo ocurrido con el vínculo comercial entre la Argentina y Gran Bretaña en la década de 1930: las condiciones de acceso pueden cambiar, aun después de muchos años de relación.

La Argentina tiene diversificación de productos y destinos, reconoce, pero debe hacer mucho más en inteligencia comercial y apertura de oportunidades. Señala a Asia por su demanda de alimentos y a África por el crecimiento de su población. No alcanza con tener producción disponible: hace falta conocer mercados, construir relaciones y sostener una presencia.

En carne valora las posibilidades vinculadas con Japón. Durante la charla diferencia la demanda inicial de productos como la lengua del negocio que puede desarrollarse con más frigoríficos habilitados y una oferta más amplia. Considera que esas oportunidades resultan especialmente importantes cuando el consumo interno pierde impulso. Sin embargo, entre anunciar una apertura y sostener ventas hay un trabajo que no se resuelve con el comunicado: habilitaciones, contactos comerciales, cumplimiento y continuidad.

Su reclamo de inversión también incluye a los fertilizantes. Sostiene que el país debe tener más proyectos de producción de urea en marcha, en lugar de acumular expresiones de deseo. “Estamos muy frenados y el mundo va muy rápido”, expresa.

Cuenta entonces un ejercicio que utiliza para medir esa diferencia. Si deja de leer noticias agroalimentarias internacionales durante quince o veinte días, al regresar encuentra inversiones, cambios y novedades que le demandan tiempo para ponerse al día. Con la Argentina, asegura, le ocurre algo distinto: en un rato vuelve a reconocer casi toda la agenda porque los asuntos siguen siendo los mismos. Aclara que no lo dice desde una posición de superioridad, sino desde la preocupación por esa desconexión.

También menciona riesgos tecnológicos y comerciales para los biocombustibles. El avance de los combustibles renovables elaborados mediante hidrotratamiento, conocidos como HVO, puede modificar la competencia para el biodiésel argentino y para el aceite que se utiliza como materia prima. Considera que esas transformaciones deben formar parte de la discusión local antes de convertirse en una dificultad para vender.

A eso suma una pregunta sobre las instalaciones que el país ya tiene. Según su estimación, existe capacidad para aumentar de manera importante tanto la faena frigorífica como la molienda de soja. ¿Por qué no se aprovecha? En su respuesta aparecen el crédito escaso, el destino del ahorro y la falta de prioridades que permitan convertir recursos disponibles en más actividad.

Es crítico, en ese sentido, con un Gobierno al que ve concentrado en la inflación y desatendiendo otros frentes. Cuestiona los resultados de la política antiinflacionaria y reclama atención sobre el nivel de actividad, las reservas, la capacidad de afrontar compromisos y la infraestructura. Su planteo es que la inversión necesita respuestas simultáneas: financiamiento, condiciones para producir y posibilidades de llegar al mercado.

La tecnología no va a esperar un acuerdo

En medio de esas demoras, espera una transformación fuerte por la inteligencia artificial. Su visión es que el agro atraviesa una transición y que buena parte del cambio todavía está por llegar, aunque advierte que la concentración del financiamiento en la IA deja menos espacio para emprendimientos Agtech, Fintech y pequeñas empresas que necesitan capital para desarrollar sus ideas. Según las cifras que menciona, el año pasado en el mundo la inteligencia artificial captó unos 100.000 millones de dólares entre el mercado de capitales, los fondos de capital privado y el capital de riesgo. Para este año, proyecta que ese monto se multiplicará por diez y llegará a un millón de millones de dólares: un billón en español, equivalente a un trillion en la terminología financiera en inglés.

Para dimensionar esa magnitud, compara la proyección con un producto bruto mundial de algo más de 100 billones de dólares. Bajo esa relación, los recursos destinados a la IA representarían cerca del 1 % de la producción económica mundial, una proporción que considera extraordinaria y que utiliza para explicar la competencia por el financiamiento. El interrogante que plantea para el agro es cómo sostener el desarrollo de sus propios emprendimientos tecnológicos mientras una porción creciente del capital se concentra en la inteligencia artificial.

Lo central de su argumento es el destino de ese esfuerzo: considera que terminará llegando al proceso productivo agropecuario y modificará la forma de trabajar, invertir y vender. “La digitalización del agro es algo que va a ocurrir muy pronto y muy de golpe”, pronostica.

Hoy encuentra datos que no se capturan, información imprecisa y discusiones sobre quién es su propietario. La combinación de conectividad, sensores, internet de las cosas e inteligencia artificial puede cambiar esas condiciones. También imagina nuevas formas de asociación, con pequeños aportes reunidos para financiar inversiones grandes, apoyadas en procesos más transparentes y una mejor información sobre lo que sucede en cada etapa.

Ubica entre 2030 y 2035 un horizonte en el que el agro puede ser bastante distinto. Más trazabilidad y una relación más cercana con el consumidor final permitirían, por ejemplo, vincular de otra manera a quien produce un bife argentino con quien lo compra en otro país. Ve allí una oportunidad que exige prepararse.

Por eso rechaza que la discusión sobre identificación electrónica de la hacienda quede detenida en una oposición de principio. “El mundo marcha en una única dirección: trazabilidad total, digitalización total y transparencia total”, sostiene. Entiende que resistirse a una caravana puede demorar una transformación, pero no impedirla. Prefiere discutir quién paga, cómo se distribuyen los costos y de qué manera la información acompaña al animal y después a la carne.

Para Villa la posición es avanzar hasta la trazabilidad por cortes. Para facilitar ese proceso propone dejar atrás la salida tradicional de medias reses y organizar el despacho en planchas de asado, cuartos delanteros y cuartos traseros. Considera que esa modificación ayuda al seguimiento dentro de la industria y entre establecimientos, junto con la identificación y los registros necesarios para conservar el vínculo entre cada producto y su origen.

Lo que más cuestiona es la permanencia de posturas que se defienden como si nada hubiera cambiado. Conoce, dice, personas que sostienen los mismos argumentos desde hace veinte años, aunque en ese tiempo se modificaron las herramientas, los mercados y las exigencias. No cree que revisar una opinión deba vivirse como una derrota. Una posición pudo haber sido razonable en 2005 y necesitar una revisión hoy.

“Hay que hablar de hoy para adelante, no para atrás, no para ganar el debate de hace diez años”.

Tampoco comparte el extremo opuesto: anunciar sin fundamentos que desaparecerá la industria frigorífica, que la tierra dejará de ser importante o que todos los alimentos se producirán en laboratorios. Cuestiona la soltura con la que se hacen esas afirmaciones y reclama conocimiento antes de presentar como inevitable una transformación de semejante alcance.

La tarea que propone es reunir al sector en una discusión horizontal, dar lugar a sus distintos integrantes y definir qué pretende construir en diez años. Después hay que poner números, diseñar proyectos y llevarlos a los gobiernos. Sin suponer de antemano que nadie va a escuchar, pero tampoco esperando que las respuestas aparezcan solas.

“Hay que llevarlo y vendérselo, en el buen sentido, al gobernante de turno. A este, al próximo, al próximo. Alguno lo va a tomar”, concluye.