Argentina, el país donde cada solución termina convertida en un problema

Por Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario

Ley de Semillas, VISEC, vacunación contra la aftosa, trazabilidad, retenciones, Hidrovía, biocombustibles. La Argentina parece condenada a discutir eternamente aquello que debería resolver. En un país con extraordinarias capacidades productivas, demasiadas veces el problema no está en la falta de soluciones, sino en nuestra incapacidad para construir acuerdos, reconocer los intereses en juego y sostener decisiones que sobrevivan a quienes las toman.

Hay una particularidad argentina que, de tan repetida, hemos terminado por aceptar como una característica de nuestra identidad nacional: tenemos una extraordinaria habilidad para encontrarle un problema a cada solución. Y lo más preocupante es que esa costumbre, que podría parecer una expresión de nuestro humor criollo, se ha convertido en una manera de administrar el país, de ejercer la representación sectorial y hasta de entender las relaciones entre quienes deberían compartir objetivos. Basta observar lo que sucede en la agroindustria para comprobar que cada iniciativa destinada a mejorar la competitividad, ordenar una actividad, incorporar tecnología o responder a nuevas exigencias comerciales termina, casi inevitablemente, convertida en un campo de batalla donde las posiciones se endurecen antes de que se hayan discutido seriamente las alternativas.

La Ley de Semillas constituye uno de los ejemplos más elocuentes. Durante años hemos reconocido la necesidad de actualizar un régimen que debe encontrar un equilibrio entre los derechos de quienes investigan, desarrollan genética e invierten en mejoramiento vegetal y los derechos de quienes producen, conservan y utilizan sus semillas. Nadie puede negar la importancia de la innovación tecnológica, como tampoco debería desconocerse que el productor necesita reglas claras, costos razonables y garantías frente a eventuales abusos. Sin embargo, la discusión parece atrapada en una confrontación permanente, donde reconocer un derecho suele interpretarse como la intención de quitarle otro a alguien. Mientras discutimos quién debe ceder, dejamos pasar oportunidades para mejorar la productividad y fortalecer nuestra capacidad de competir. El verdadero fracaso no consiste en tener intereses diferentes, algo absolutamente legítimo, sino en no haber conseguido establecer un sistema que pueda contemplarlos razonablemente.

Algo semejante sucede con VISEC, aunque aquí aparecen cuestiones que merecen un tratamiento especialmente cuidadoso. La necesidad de demostrar el origen de la producción, responder a las exigencias ambientales de los compradores internacionales y conservar mercados de alto valor es una realidad que sería irresponsable desconocer. Pero también lo sería pretender que una plataforma determinada se transforme, por imposición comercial, en la única puerta de entrada a esos negocios, especialmente si los productores no conocen con claridad sus costos, responsabilidades y alternativas. Las recientes denuncias sobre descuentos en el precio de la hacienda por falta de inscripción, cuyo alcance debe comprobarse, muestran hasta qué punto una herramienta concebida para facilitar el comercio puede terminar enfrentando a dos eslabones fundamentales de la misma cadena. ¿Era inevitable llegar a semejante situación? ¿No hubiera resultado más razonable establecer previamente reglas transparentes, mecanismos de consulta y procedimientos que evitaran trasladar unilateralmente los costos al productor? No hay que confundir la necesidad de cumplir una exigencia internacional con la obligación de aceptar cualquier condición comercial que se presente en su nombre.

La trazabilidad ganadera ofrece otra demostración de nuestras dificultades. Durante décadas hemos escuchado que la Argentina necesita identificar mejor su hacienda, disponer de información confiable, fortalecer la sanidad, facilitar la apertura de mercados y demostrar las condiciones bajo las cuales produce. Cuando aparecen herramientas para avanzar en esa dirección, surgen controversias sobre los dispositivos, los costos, los plazos de implementación, la propiedad de los datos y las responsabilidades de cada participante. Algunas objeciones son perfectamente atendibles; otras parecen responder a una resistencia casi automática frente a cualquier modificación de las prácticas conocidas. El problema aparece cuando ambas cosas se mezclan y terminamos discutiendo indefinidamente los instrumentos sin resolver aquello que justificaba su incorporación. La trazabilidad no debería ser una bandera de gobierno ni una imposición de las empresas: tendría que constituir una política de desarrollo ganadero, construida con quienes producen, comercializan, industrializan y controlan.

Ni siquiera la fiebre aftosa, cuya gravedad y consecuencias económicas conocemos demasiado bien, consigue escapar a esta dinámica. La vacunación, su frecuencia, las condiciones sanitarias, los costos operativos y el papel de las fundaciones constituyen asuntos sobre los cuales corresponde discutir con información científica, antecedentes epidemiológicos y evaluaciones económicas. Pero la sanidad animal no admite improvisaciones ni decisiones tomadas para satisfacer circunstancialmente a un grupo de presión. Tampoco corresponde convertir en intocable un sistema simplemente porque haya funcionado durante años. Lo que ayer fue indispensable puede requerir modificaciones mañana, siempre que existan fundamentos sólidos y garantías suficientes. El inconveniente es que muchas veces nos encontramos con defensores de posiciones inamovibles antes que con interlocutores dispuestos a examinar la evidencia. Y así, una cuestión esencialmente sanitaria termina contaminada por disputas económicas, institucionales y políticas.

La Hidrovía merece un capítulo particularmente doloroso. Estamos hablando de una infraestructura estratégica para la salida de la producción argentina, para la competitividad de nuestros puertos y para una parte fundamental del comercio exterior. Su funcionamiento eficiente debería constituir una prioridad nacional, con controles adecuados, previsibilidad, inversiones y costos transparentes. Sin embargo, licitaciones, concesiones, peajes, dragado y responsabilidades estatales suelen convertirse en disputas que prolongan la incertidumbre. Las controversias sobre una obra de semejante trascendencia son necesarias cuando permiten proteger el interés público; se vuelven perjudiciales cuando impiden tomar decisiones respaldadas por estudios técnicos y procedimientos transparentes. Mientras tanto, la producción continúa necesitando transportar sus mercaderías y competir con países que también invierten en reducir sus costos logísticos. Cada demora tiene consecuencias que no siempre aparecen en los discursos, pero terminan reflejándose en las cuentas de quienes producen.

Con los biocombustibles ocurre algo que resulta todavía más difícil de justificar. La Argentina dispone de materias primas, industrias instaladas, conocimientos técnicos y posibilidades concretas de agregar valor a su producción agrícola. Podríamos discutir cómo desarrollar un mercado que contemple los intereses de consumidores, productores de energía, industrias y economías regionales. En cambio, las controversias sobre porcentajes de mezcla, precios y condiciones de competencia se prolongan sin lograr la estabilidad normativa que requieren las inversiones. No se trata de aceptar cualquier propuesta presentada bajo la bandera del desarrollo, sino de reconocer que una actividad industrial no puede planificar su futuro cuando las reglas permanecen sometidas a negociaciones interminables. Y lo paradójico es que después nos preguntamos por qué faltan inversiones, por qué cuesta generar empleo y por qué determinados proyectos prefieren instalarse fuera de nuestras fronteras.

Las retenciones, por supuesto, ocupan un lugar privilegiado en esta interminable colección de desacuerdos. Para el Estado representan una fuente de recursos fiscales; para el productor, una extracción directa de ingresos que afecta su capacidad de inversión y modifica la rentabilidad de su actividad. La discusión es legítima y tiene profundas implicancias distributivas, pero lo inadmisible es que después de tantos años todavía no hayamos conseguido construir un horizonte tributario previsible. Cada gobierno anuncia correcciones, promete reducciones, introduce excepciones o modifica condiciones según sus necesidades fiscales. Cada organización sectorial responde desde su propia perspectiva y la controversia vuelve a comenzar. Mientras tanto, quien debe decidir una inversión, comprar maquinaria, ampliar una explotación o incorporar tecnología necesita algo bastante menos espectacular que una declaración política: necesita saber cuáles serán las reglas bajo las que tendrá que trabajar.

Ahora bien, sería intelectualmente deshonesto atribuir esta situación exclusivamente a los gobiernos. Las responsabilidades están repartidas, aunque no necesariamente en partes iguales. También existen dirigencias empresariales que defienden sus posiciones sin considerar suficientemente las consecuencias sobre otros integrantes de la cadena, organizaciones que prefieren conservar una controversia antes que asumir el costo de un acuerdo y representantes sectoriales que confunden firmeza con incapacidad para negociar. Hay funcionarios que anuncian medidas sin escuchar a quienes deberán aplicarlas, empresarios que presentan sus intereses particulares como si fueran necesidades nacionales y dirigentes que descubren defectos insalvables en determinadas decisiones solamente cuando dejan de beneficiarlos. A ello se agrega una costumbre profundamente arraigada: evaluar las propuestas según quién las presenta antes de examinar qué contienen.

Pero tampoco deberíamos caer en la simplificación de creer que cualquier desacuerdo constituye un obstáculo. Una sociedad democrática necesita controversias, discusión pública, intereses organizados y mecanismos para cuestionar decisiones equivocadas. El problema no es discutir; el problema es no saber para qué discutimos. Si una controversia permite corregir una injusticia, mejorar una norma, impedir una práctica abusiva o evitar una inversión perjudicial, entonces cumple una función indispensable. En cambio, cuando se convierte en una herramienta para bloquear indefinidamente cualquier modificación, preservar privilegios o desgastar al adversario, deja de ser una contribución al interés colectivo. La diferencia entre una discusión constructiva y una disputa estéril no depende del volumen de los discursos, sino de su capacidad para producir resultados.

Quizás allí se encuentre una de las explicaciones de nuestras frustraciones recurrentes. La Argentina dispone de productores capaces, profesionales altamente calificados, investigadores, técnicos, industriales y trabajadores que demuestran cotidianamente su aptitud para competir en condiciones exigentes. Tenemos recursos naturales, conocimientos acumulados y una cultura agroindustrial que ha conseguido desarrollarse aun atravesando crisis económicas, cambios políticos y decisiones contradictorias. Lo que parece faltarnos es una cultura institucional que permita transformar esas capacidades individuales en proyectos colectivos duraderos. Porque mientras un productor necesita pensar en campañas, ciclos ganaderos e inversiones de varios años, buena parte de la política sigue funcionando con la urgencia de la próxima elección, y no pocos representantes sectoriales con la mirada puesta en la próxima disputa interna.

Hay algo profundamente contradictorio en un país que reclama mayor producción, más exportaciones, inversiones, empleo y desarrollo federal, pero que tantas veces transforma los instrumentos destinados a conseguir esos objetivos en motivos para nuevas confrontaciones. Queremos innovación, aunque desconfiamos de las reglas que deberían impulsarla. Reclamamos mercados internacionales, pero discutimos sin término cómo cumplir sus exigencias. Pedimos competitividad y demoramos decisiones sobre infraestructura. Necesitamos estabilidad, pero aceptamos que las condiciones cambien permanentemente. Exigimos políticas de Estado, mientras celebramos que cada administración desarme lo realizado por la anterior.

Y en medio de esas contradicciones aparece el productor, ese hombre o esa mujer que no dispone del privilegio de suspender indefinidamente sus decisiones hasta que la política, la industria y las entidades alcancen un entendimiento. Tiene que sembrar cuando corresponde, vacunar cuando lo exige la sanidad, vender cuando necesita afrontar sus compromisos y sostener una empresa expuesta a riesgos climáticos, comerciales y financieros. No puede detener el ciclo productivo hasta que terminen las controversias. Tampoco puede trasladar automáticamente al precio de sus productos cada costo adicional que surge de una resolución, un nuevo procedimiento o una modificación impositiva. Y cuando las decisiones se demoran, los costos de esa incertidumbre rara vez se distribuyen equitativamente.

La Argentina no necesita una sociedad donde todos piensen igual. Necesita una sociedad donde pensar diferente no impida avanzar. Donde los acuerdos no sean interpretados como rendiciones, donde una propuesta pueda ser mejorada sin necesidad de destruirla y donde quienes tienen responsabilidades públicas o sectoriales comprendan que representar intereses también implica contribuir a encontrar soluciones. Deberíamos comenzar a medir la calidad de nuestras dirigencias menos por la dureza de sus declaraciones y bastante más por los problemas concretos que consiguen resolver.

La imagen de un camino productivo interrumpido por barreras, cadenas, señales de advertencia y controversias sucesivas puede parecer una exageración artística. Sin embargo, reproduce con inquietante precisión una realidad que conocemos. Del otro lado de esos obstáculos hay campos, industrias, puertos, mercados y oportunidades esperando. No son imaginarios. Existen, generan riqueza y podrían generar mucha más. Las barreras tampoco son todas inventadas: algunas protegen derechos legítimos, otras responden a riesgos reales y varias deberían estar allí hasta que se encuentren garantías adecuadas. Pero demasiadas permanecen levantadas porque nadie quiere asumir la responsabilidad de revisar quién las colocó, por qué siguen existiendo y qué haría falta para retirarlas.

Tal vez haya llegado el momento de abandonar esa curiosa vanidad nacional que nos lleva a celebrar nuestra capacidad para descubrir dificultades en cualquier iniciativa. Porque encontrar problemas es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es resolverlos sin crear otros mayores, distribuir con justicia los costos de las decisiones y aceptar que ningún sector puede obtener siempre todo lo que pretende.

Un país no demuestra su inteligencia por la cantidad de objeciones que consigue formular, sino por su capacidad para transformar los desacuerdos en decisiones razonables. Y nosotros, que hemos demostrado tantas veces cuánto somos capaces de producir, seguimos debiéndonos una demostración bastante más importante: aprender a construir soluciones que no terminen convertidas, por nuestra propia responsabilidad, en el próximo problema argentino.