El interior también cuenta

Lic. Horacio Esteban / Director Portal Agropecuario

Hay una parte de la economía argentina que se entiende mejor caminando un pueblo que mirando una planilla. La fábrica de maquinaria está a pocas cuadras de las casas de sus operarios; el dueño compra en la misma ferretería que quienes trabajan con él, y el transportista que retira una carga conoce desde hace años al encargado del depósito. A veces sus hijos comparten la escuela, el club, una amistad. Esa cercanía no elimina las diferencias sociales ni vuelve justas, por sí misma, las relaciones laborales. Pero le da al trabajo un arraigo que debería pesar en las decisiones de un gobierno: cuando la empresa crece, el movimiento se reparte entre muchos; cuando deja de pagar, la preocupación llega a las mesas familiares mucho antes que a los expedientes judiciales. En esas localidades, hablar de la suerte del campo es hablar también del comercio, de la metalúrgica, del taller y de la posibilidad de que un joven encuentre un oficio sin tener que irse.

Por eso cuesta aceptar que el progreso agropecuario se explique casi exclusivamente por las toneladas exportadas y las divisas que ingresan. Son resultados necesarios, desde luego, y el productor tiene derecho a ganar dinero después de invertir y asumir riesgos. Pero el interés nacional alcanza también al recorrido de ese ingreso: qué se compra, dónde se fabrica, a quién se contrata, qué actividad queda en la región. No toda ganancia vuelve al pueblo ni se convierte automáticamente en mejores salarios. Sostenerlo sería idealizar una relación que tiene conflictos y desigualdades. Lo que sí existe es una trama económica construida durante décadas alrededor de la producción, con empresas de semillas, fertilizantes, maquinaria, alimentos y servicios que necesitan de esa renta para seguir trabajando. El vínculo es lo bastante importante como para preguntarse por qué, aun cuando algunas actividades encuentran mejores mercados, tantas firmas de esa misma trama tienen dificultades para sostenerse.

Los datos de la maquinaria agrícola permiten empezar a responder sin refugiarse en impresiones. En el primer semestre de 2026, las ventas medidas en unidades cayeron 7,1% y la facturación real retrocedió 19,6%, según el análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre información del INDEC. Dentro de ese panorama hubo diferencias entre rubros, pero la comparación de los tractores durante el segundo trimestre resulta especialmente reveladora: las ventas de los nacionales bajaron 34,2%, mientras las de los importados subieron 31,3%. El mercado puede abastecerse y, al mismo tiempo, perder producción local. Para quien necesita renovar un equipo, conseguirlo a menor precio representa una ventaja concreta; para la ciudad donde se fabrica, la sustitución puede significar menos horas de trabajo y menos pedidos a los proveedores. Una política agropecuaria tiene que mirar ambas consecuencias, porque el comprador y el trabajador industrial forman parte del mismo país. La presentación de Metalfor solicitando su concurso preventivo y el conflicto de Pauny por salarios adeudados llevan esa discusión a un terreno donde ya no alcanza con hablar de competencia en abstracto. Hay obligaciones que vencieron, familias que esperan cobrar y talleres que necesitan saber si recibirán un nuevo encargo. Ninguno de esos casos demuestra, por sí solo, que las importaciones hayan provocado la crisis. Sí obliga a examinar qué condiciones enfrentan las fábricas argentinas y cuánto de su dificultad responde a sus propias decisiones, cuánto al financiamiento y cuánto a las reglas bajo las cuales se les exige competir.

El Gobierno eligió celebrar el ingreso de maquinaria usada como una alternativa para abaratar inversiones. Federico Sturzenegger expresó esa satisfacción públicamente. El beneficio para el comprador merece ser reconocido; lo discutible es la suficiencia con que puede presentarse como un éxito de política económica mientras quedan sin respuesta los problemas de quienes producen aquí. Si una empresa tiene dinero inmovilizado en saldos fiscales, costos tributarios que se acumulan y dificultades para financiar su capital de trabajo, pedirle eficiencia sin revisar esos obstáculos deja afuera una parte de la responsabilidad estatal. CAFMA viene señalándolos. Abrir la competencia y corregir las condiciones de producción deberían formar parte de una misma decisión, con plazos y medidas que permitan invertir, no de dos discusiones que avanzan a velocidades distintas.

Además, una fábrica necesita dinero antes de vender: compra materiales, paga energía y salarios, encarga piezas y sostiene el trabajo mientras espera cobrar. Una buena cosecha de su eventual cliente no resuelve esa necesidad. Cuando el crédito se encarece, se acortan los plazos o un cheque no se paga, la dificultad pasa de una empresa a otra. Así se puede llegar a la paradoja de tener producción, oportunidades comerciales y, sin embargo, una cadena de pagos que ya no soporta la espera.

Los concursos de Los Grobo, Agrofina, Surcos, Lácteos Verónica, Celulosa Argentina y Bodega Norton, junto con las quiebras de SanCor, ARSA y Algodonera Avellaneda, muestran que la preocupación excede a la maquinaria. Tampoco autorizan a reunir historias distintas en una sola acusación. Hay endeudamientos anteriores, decisiones empresariales equivocadas, problemas comerciales y deterioros que atravesaron varios gobiernos. Un concurso no equivale a una quiebra, y una quiebra no siempre supone el cese inmediato de la producción. Esas distinciones importan, sobre todo para quienes todavía trabajan en esas empresas o intentan recuperarlas. Pero la diversidad de causas no debería convertirse en una excusa para despachar cada caso como si nada tuviera que ver con el resto. Cuando se repiten las dificultades para pagar, financiarse y conservar la actividad, corresponde investigar qué está fallando en las condiciones generales, además de exigir responsabilidades a cada administración privada. Los empresarios deben explicar qué hicieron con el crédito, cómo gestionaron sus riesgos y qué recursos están dispuestos a comprometer para recuperar sus firmas. El Estado, por su parte, debe explicar qué instrumentos ofrece a una actividad viable antes de que el deterioro vuelva imposible sostenerla. No se trata de garantizarle ganancias a nadie: se trata de evitar que la única respuesta llegue cuando ya hay que repartir pérdidas entre trabajadores, productores y proveedores que tampoco tomaron las decisiones que llevaron al quebranto.

En el interior, perder una industria cuesta más que el valor de sus máquinas. Se dispersan operarios formados durante años, se debilitan proveedores especializados y se interrumpe la transmisión de conocimientos que muchas veces empezó en un pequeño taller familiar. Esa capacidad no reaparece apenas mejora un precio internacional. Por eso resulta tan limitada una idea de desarrollo que encuentra motivos de festejo en la llegada de un equipo importado, pero no parece conceder la misma importancia a las condiciones para fabricarlo en la Argentina. El productor necesita tecnología accesible y la industria debe ofrecer calidad, precio y servicio; corresponde discutir cómo lograr ambas cosas sin condenar de antemano a una de las partes. En ese esfuerzo se juega buena parte del futuro de las ciudades agroindustriales, que no viven de las estadísticas nacionales sino de empresas que invierten, pagan y siguen abriendo sus puertas.

Cuando al campo le va bien, el interior tiene una oportunidad. Convertirla en bienestar requiere que el ingreso llegue al trabajo, a la producción y a la inversión, y que haya razones para quedarse donde se nació o se eligió vivir. Esa debería ser una preocupación central de un gobierno que reivindica la iniciativa privada. Celebrar al que produce exige interesarse también por lo que necesita para continuar produciendo. Mientras una familia de Las Varillas espera un salario atrasado, las cifras de exportación pueden ser ciertas y alentadoras, pero todavía dicen muy poco de lo que ocurre en su casa.