19 de noviembre de 2026

Portal Agropecuario

El Campo por todos los medios

El campo pone los dólares, pero la Argentina sigue sin encontrar el camino para crecer

El economista Jorge Ingaramo analizó en Portal Agropecuario las contradicciones de una economía que consigue importantes resultados comerciales mientras pierde impulso productivo. Cuestionó la falta de inversiones, el deterioro de la infraestructura y la ausencia de políticas de largo plazo para la agroindustria. También advirtió sobre las dificultades financieras que podrían complicar el escenario de 2027.

Hay una realidad argentina que se repite con demasiada frecuencia. Cuando el país necesita dólares, las miradas se dirigen al campo. Se esperan buenas cosechas, se reclama que los productores comercialicen sus granos y se confía en que las exportaciones agroindustriales aporten las divisas necesarias para aliviar las cuentas externas. Pero cuando llega el momento de generar las condiciones para que ese mismo sector invierta, crezca y mejore su competitividad, las respuestas suelen ser bastante menos contundentes.

Sobre esa contradicción giró buena parte de la conversación que mantuvimos en Portal Agropecuario con el licenciado Jorge Ingaramo, economista de reconocida trayectoria y profundo conocedor del funcionamiento de las cadenas agroindustriales. Su análisis dejó una preocupación que va bastante más allá de una campaña agrícola: la Argentina sigue sin encontrar la manera de transformar su capacidad de generar riqueza en un proceso sostenido de inversión y crecimiento.

Ingaramo comenzó reconociendo el importante aporte que viene realizando el sector agroindustrial al comercio exterior. Según sus estimaciones, las exportaciones del complejo crecieron un 13% en dólares respecto del año anterior y el país podría cerrar 2026 con un superávit comercial cercano a los 25.000 millones de dólares.

Los datos oficiales confirman la fortaleza del comercio exterior, aunque también obligan a distinguir las exportaciones del ingreso efectivo de divisas. El INDEC informó que entre enero y septiembre las exportaciones totales alcanzaron los 77.267 millones de dólares, con un incremento interanual del 21,6%, mientras que el superávit comercial acumulado llegó a 21.198 millones. El último relevamiento de expectativas del Banco Central elevó la proyección de superávit para todo el año a 27.761 millones de dólares.

El sector gropecuario tiene una participación decisiva en ese resultado, aunque los números no permiten concluir que toda la agroexportación atraviesa una expansión semejante. De hecho, la liquidación de divisas del complejo cerealero y oleaginoso acumuló hasta octubre 25.156 millones de dólares, un 14% menos que en igual período del año anterior, según los datos de CIARA-CEC.

La diferencia es importante porque muestra que una cosa son las exportaciones de bienes, otra el resultado general de la balanza comercial y otra el momento en que las empresas ingresan las divisas. Son indicadores relacionados, pero no equivalentes.

Lo que Ingaramo quiso poner sobre la mesa, sin embargo, fue otra cuestión. El buen desempeño de los sectores exportadores no garantiza que los beneficios alcancen al resto de la economía. Y allí aparecen los problemas.

Las expectativas de crecimiento que existían al comenzar el año se fueron reduciendo considerablemente. El economista mencionó una proyección del 0,8% para 2026, una estimación muy cercana al 0,7% que surge del último relevamiento del Banco Central. Es decir, mientras el comercio exterior muestra resultados favorables, la economía interna continúa con dificultades para recuperar dinamismo.

Tampoco ayuda la evolución del riesgo país. Después de haber descendido hasta niveles cercanos a los 400 puntos durante julio, volvió a subir y llegó a superar los 900 puntos en noviembre, antes de retroceder a 852 puntos al cierre del día 11. Para Ingaramo, esa volatilidad refleja las dudas que persisten sobre la capacidad financiera del Estado y la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito.

Y aquí aparece una pregunta que merece ser formulada sin demasiados rodeos: ¿de qué sirve producir más, exportar más y conseguir buenos resultados comerciales si después la inversión productiva no acompaña?

El economista fue especialmente crítico sobre este punto. Consideró que un complejo agroindustrial capaz de generar exportaciones por decenas de miles de millones de dólares debería contar con un volumen de inversiones muy superior al actual. A su entender, sería razonable aspirar a desembolsos anuales de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, una referencia que planteó como objetivo deseable y no como una necesidad técnica oficialmente calculada.

Lo preocupante, señaló, es que ni siquiera una cosecha de gran magnitud garantiza una reacción importante de la inversión. La maquinaria agrícola muestra dificultades para sostener sus ventas, algunas empresas industriales atraviesan problemas y la lechería continúa ofreciendo ejemplos de establecimientos y compañías que luchan por mantener su actividad.

La explicación no puede limitarse a la rentabilidad de una campaña. El productor toma decisiones mirando los precios, pero también el costo del financiamiento, los impuestos, la evolución del dólar y, fundamentalmente, la posibilidad de recuperar el dinero que invierte. Comprar un tractor o ampliar una instalación supone comprometer recursos durante varios años. Y difícilmente alguien tome esa decisión con entusiasmo si no tiene una idea razonable de cuáles serán las reglas del negocio.

Ingaramo reconoció que el gobierno de Javier Milei adoptó decisiones que contribuyeron a desarmar mecanismos de intervención sobre los mercados, entre ellas la eliminación de controles de precios y otras regulaciones comerciales. Sin embargo, consideró que esos cambios no estuvieron acompañados por una estrategia suficientemente clara para estimular el desarrollo agroindustrial.

En materia de retenciones, cuestionó especialmente que las rebajas hayan sido parciales y, en algunos casos, relacionadas con las necesidades de divisas del Gobierno. El problema, desde su perspectiva, no es solamente cuánto se reduce un impuesto, sino qué certeza tiene el productor de que esa reducción forma parte de una política permanente.

También puso el acento en la relación entre inflación y tipo de cambio. La pérdida de competitividad que puede provocar un dólar que aumenta menos que los costos internos termina afectando la rentabilidad, incluso cuando se introducen alivios tributarios. El último dato del INDEC, conocido este 12 de noviembre, ubicó la inflación de octubre en el 2,2% y la acumulada del año en el 26,3%, una referencia que confirma la necesidad de analizar los costos productivos con cifras actualizadas.

Pero quizás uno de los aspectos más importantes de la conversación haya sido la falta de una definición de país respecto de su potencial agroindustrial.

La discusión sobre una nueva ley de semillas lleva años sin encontrar una solución que consiga equilibrar los derechos de propiedad intelectual, las necesidades de mejoramiento genético y los intereses de los productores. Algo semejante ocurre con los biocombustibles, donde las posibilidades de agregar valor a la producción agrícola conviven con controversias políticas y regulatorias que demoran decisiones.

Mientras tanto, el deterioro de rutas y caminos, las dificultades del transporte y las limitaciones de infraestructura siguen trasladándose a los costos de quienes producen.

Es una contradicción que no necesita demasiadas explicaciones. La Argentina pretende vender sus productos en mercados cada vez más exigentes, competir con países que invierten en logística y mejorar la participación de sus exportaciones, pero continúa arrastrando problemas elementales para movilizar la producción.

Ingaramo hizo referencia a la nueva etapa de concesiones viales y advirtió que todavía quedan interrogantes sobre las condiciones económicas que deberán afrontar los usuarios. La participación privada puede ofrecer alternativas para recuperar infraestructura, pero también será necesario conocer los costos, los compromisos de inversión y la calidad de los servicios que finalmente recibirán quienes utilizan esas rutas.

La discusión se extiende al tratamiento que reciben las distintas actividades productivas. El economista cuestionó que sectores como la minería y la energía dispongan de incentivos de gran alcance, mientras buena parte de las inversiones agroindustriales encuentra mecanismos que considera menos atractivos.

En ese punto comparó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, RIMI.

Conviene precisar que el RIGI tiene un piso general de 1.000 millones de dólares y que los montos exigidos varían según el sector y las características de los proyectos. El RIMI, por su parte, contempla beneficios como la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA. La discusión, por lo tanto, no pasa por la inexistencia de instrumentos, sino por su alcance, accesibilidad y capacidad real para promover nuevas inversiones.

Ingaramo considera que el régimen destinado a inversiones medianas contiene exigencias administrativas excesivas. Su ejemplo fue sencillo: un productor que adquiere maquinaria debería poder acceder a un beneficio fiscal mediante procedimientos más directos, sin quedar atrapado en trámites que, según su criterio, terminan desalentando la decisión de invertir.

El planteo puede discutirse, pero apunta a un problema conocido. La Argentina suele anunciar herramientas para estimular la actividad y después enfrenta dificultades para convertir esos anuncios en decisiones concretas del sector privado.

La conversación avanzó entonces hacia un tema todavía más delicado: el destino del ahorro argentino.