Caminos rurales: el ajuste vuelve por el barro

La Legislatura bonaerense aprobó una ley que permite reasignar a obras hídricas hasta la totalidad de los fondos del Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento vial. La prevención de inundaciones es indispensable, pero financiarla sin garantizar los recursos de los caminos vuelve a dejar al interior frente a la misma incertidumbre.

Por los caminos rurales sale la producción. Sale la leche que necesita recogerse todos los días, salen los animales y salen los granos que después llegarán a una industria o a un puerto. Pero por esos mismos caminos también sale gente: una familia que necesita hacer sus compras, un chico que debe llegar a la escuela, una persona que tiene una consulta médica. Esa vida cotidiana, tantas veces ausente de las discusiones presupuestarias, depende de poder entrar y salir del campo. Y cuando ocurre una emergencia, cuando hay que sacar a un enfermo como sea, la discusión deja de medirse en toneladas o en costos de transporte. El estado del camino pasa a decidir cuánto demora la ayuda y si efectivamente puede llegar.

Por eso preocupa lo que acaba de aprobar la Legislatura bonaerense. El martes 20 de octubre, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que permite a los municipios utilizar para obras hídricas hasta el 100% de los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural que reciben con destino al mantenimiento de los caminos. La autorización contempla 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial. Conviene precisar el alcance: se trata de esos fondos específicos, no de toda la recaudación del impuesto ni de la tasa vial municipal. Además, cada municipio podrá decidir si utiliza esa posibilidad. La ley habilita la reasignación, no obliga a ejecutarla; por lo tanto, su aprobación no demuestra que todos los caminos hayan perdido ya su financiamiento. Lo que hace es abrir una puerta y trasladar buena parte de la discusión a cada distrito, donde habrá que observar qué decide el intendente, cuánto dinero cambia de destino y qué trabajos quedan pendientes.

La autorización no produce un peso adicional. Ese es el problema que permanece debajo de toda la discusión.

Los impulsores sostienen que la medida permitirá responder con mayor rapidez al riesgo de inundaciones asociado a El Niño. Hay allí un argumento atendible: reparar un camino sin resolver el escurrimiento del agua puede significar gastar para que la próxima lluvia destruya el trabajo. Canales, alcantarillas y caminos forman parte de un mismo sistema; desconocer esa relación sería absurdo. Pero reconocerla tampoco justifica cualquier traslado de recursos. Una intervención hidráulica que protege un acceso rural tiene un vínculo concreto con su conservación. Otra obra puede ser igualmente necesaria y beneficiar a una ciudad, aunque en ese caso requiere una explicación distinta sobre su financiamiento. La necesidad de hacerla no alcanza para justificar que se pague con dinero destinado a los caminos. Un recurso reservado para una infraestructura esencial queda disponible para atender otra necesidad, mientras la insuficiencia que dio origen al problema sigue existiendo.

Precisamente, la falta de una restricción expresa que reserve esas inversiones al ámbito rural es uno de los cuestionamientos recogidos por LA NACION. CARBAP y la Sociedad Rural Argentina rechazaron la medida por el riesgo que representa para el sostenimiento de la red vial. La diputada Silvina Vaccarezza también objetó el tratamiento en Diputados y la ausencia de participación del sector. Escuchar a quienes utilizan los caminos debería formar parte de una decisión de esta naturaleza: productores, transportistas, docentes, equipos de salud y familias que viven lejos del pavimento conocen lo que significa perder un acceso durante días. También saben dónde están los puntos críticos y cuáles son las reparaciones que no admiten otra postergación. Esa experiencia merece un lugar antes de decidir sobre los recursos, no cuando ya hay que explicar por qué dejaron de estar disponibles.

Ahora la discusión tiene una ley aprobada y responsabilidades concretas. Cada intendente que decida reasignar fondos deberá explicar cuánto utilizará, qué obra financiará y cómo sostendrá mientras tanto el mantenimiento vial. Para evaluar esas decisiones también corresponde conocer qué ocurrió con el dinero que ya ingresó: cuánto se recaudó por tasa vial, cuánto llegó desde la Provincia, cuánto se ejecutó y qué resultados tuvo. No todos los municipios administran de la misma manera, y justamente por eso hacen falta cuentas que permitan distinguir una dificultad presupuestaria de una deficiencia de gestión. Pedir mayor flexibilidad sin mostrar esos números obliga al contribuyente a confiar una vez más, aun cuando sigue esperando una respuesta sobre el camino que paga y no puede transitar.

La sanción de una ley no reemplaza esa rendición de cuentas.

Durante el debate también hubo reclamos por los recursos nacionales para infraestructura hídrica. Esas responsabilidades deben exigirse y esclarecerse, porque una necesidad municipal no borra las obligaciones provinciales o nacionales. Si falta financiamiento, corresponde identificar de dónde debía provenir, por qué no llegó y cómo se lo va a conseguir. Trasladar el faltante hacia una partida vial puede ofrecer una respuesta inmediata, pero deja pendiente quién financiará la tarea desplazada. El conflicto entre jurisdicciones termina así llegando al mismo lugar: al vecino que necesita circular y encuentra que la explicación presupuestaria cambia, mientras el barro permanece.

Con 2027 en el horizonte, esa vigilancia debe profundizarse. La proximidad electoral no prueba que exista una maniobra ni permite adjudicar a estos fondos un destino de campaña. Sí obliga a reclamar que las prioridades se definan mediante necesidades comprobables, proyectos y presupuestos, y que puedan sostenerse frente a quien pregunta por qué su camino volvió a quedar para después. Los municipios reciben demandas urgentes y muchas son dramáticas. Hay familias que necesitan asistencia para comer, y esa realidad merece una respuesta del Estado con financiamiento suficiente. Pero convertir cada necesidad en una razón para disponer de recursos comprometidos en otro servicio termina haciendo de la excepción una forma permanente de administrar. Se atiende una urgencia, se posterga otra y, cuando esa postergación se vuelve insostenible, se busca nuevamente qué partida puede ceder.

La prevención requiere anticipación, continuidad y dinero. El mantenimiento de los caminos también. Si la única solución consiste en mover los mismos recursos entre problemas que se acumulan, el Estado estará administrando el deterioro. La ley ya fue aprobada y la responsabilidad tiene nombres concretos: los de quienes la acompañaron y los de quienes decidan utilizarla. A ellos habrá que pedirles obras identificadas, cuentas públicas y una respuesta sobre cómo garantizarán la transitabilidad rural durante esos seis meses. Porque la manta corta podrá servir para explicar una restricción presupuestaria, pero a una familia aislada, a un tambo al que no llega el camión o a un enfermo que necesita salir, esa explicación no les alcanza.

El calendario electoral puede esperar sus tiempos. Una ambulancia frente a un camino cortado, no.