Carlos Castagnani advirtió que la lechería necesita recomponer sus márgenes para recuperar capacidad de crecimiento, mientras que José Colombatto cuestionó el proyecto de ley de ecocidio por sus posibles consecuencias sobre la actividad productiva. En dos exposiciones rurales, la dirigencia confederada reclamó previsibilidad, infraestructura, sanidad y reglas que estimulen la inversión.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aprovechó las exposiciones rurales de Rafaela, en Santa Fe, y Colón, en Entre Ríos, para plantear una agenda que atravesó los principales problemas del sector: pérdida de rentabilidad, presión impositiva, deterioro de la infraestructura, inseguridad rural y temor a que nuevas regulaciones terminen afectando a quienes producen.
Aunque los discursos estuvieron vinculados con realidades productivas diferentes, tanto el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, como su vicepresidente, José Colombatto, coincidieron en una cuestión central: sin previsibilidad económica ni seguridad jurídica será difícil transformar el potencial del campo argentino en mayor producción, empleo e inversión.
La lechería busca recuperar margen para crecer
Durante la Exposición Rural de Rafaela, Castagnani concentró buena parte de su mensaje en la situación de la producción lechera. El dirigente describió un escenario en el que el valor recibido por los tamberos permanece prácticamente estancado, mientras que los costos continúan aumentando.
Frente a esa combinación, los establecimientos se ven obligados a revisar permanentemente sus procesos, incorporar tecnología y elevar la eficiencia para intentar conservar márgenes que permitan sostener la actividad.
“La lechería necesita recuperar rentabilidad para volver a crecer”, sintetizó el presidente de CRA.
Castagnani valoró la capacidad de adaptación mostrada por los productores, pero advirtió que el proceso de reestructuración no debería traducirse en una nueva salida de tambos. El desafío, señaló, consiste en avanzar hacia establecimientos más eficientes, con mejor calidad de producción y una mayor orientación hacia los sólidos que demanda la industria.
La Argentina, según el dirigente, posee condiciones naturales y productivas para incrementar su volumen de leche y ganar presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, ese potencial necesita estabilidad económica, previsibilidad y un marco que favorezca las inversiones de largo plazo.
El planteo expuesto en Rafaela revela un problema que excede a la coyuntura: mejorar la eficiencia resulta indispensable, pero no alcanza si el precio recibido por el productor pierde terreno frente a los costos. Sin una rentabilidad sostenida, la incorporación de tecnología y la reconversión de los tambos quedan limitadas a las empresas que cuentan con mayor espalda financiera.
Retenciones e infraestructura, dos reclamos persistentes
El presidente de CRA también reiteró el pedido de eliminación definitiva de los derechos de exportación. Consideró que las retenciones reducen los recursos disponibles para invertir, afectan la competitividad y desalientan la expansión productiva.
A ese reclamo sumó la necesidad de atender el deterioro de las rutas y los caminos rurales, concretar obras hídricas pendientes y reducir los costos logísticos. También pidió avanzar con inversiones vinculadas al transporte ferroviario y al movimiento de cargas.
Para la entidad, la infraestructura no constituye una demanda aislada de las comunidades rurales, sino un factor determinante del costo final de la producción y de las posibilidades de desarrollo del interior.
Castagnani destacó además el inicio del tratamiento legislativo del proyecto impulsado por CRA para incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal. La iniciativa contempla penas de dos a cinco años de prisión para los ataques que afecten el funcionamiento normal de un establecimiento agropecuario.
El proyecto procura dar una respuesta específica a la rotura de silobolsas, daños en maquinarias, instalaciones y otras agresiones contra el patrimonio productivo.
Colombatto cuestionó el proyecto de ecocidio
En la Exposición Rural de Colón, José Colombatto puso el foco sobre el proyecto de ley de ecocidio que se encuentra en debate en el Senado.
El vicepresidente de CRA aclaró que la defensa del ambiente constituye un objetivo compartido por los productores, pero advirtió que una legislación con figuras penales demasiado amplias o imprecisas podría generar inseguridad jurídica.
“El proyecto de ecocidio no puede convertirse en una herramienta para criminalizar la producción”, sostuvo.
El cuestionamiento no estuvo dirigido contra la necesidad de sancionar daños ambientales graves, sino contra la eventual utilización de conceptos ambiguos que puedan colocar bajo sospecha actividades productivas desarrolladas dentro de la normativa vigente.
Colombatto argumentó que los productores son los primeros interesados en conservar el suelo, el agua y los recursos naturales, porque de ellos depende la continuidad de sus establecimientos. Por ese motivo, reclamó controles eficaces, responsabilidades bien delimitadas y participación de los sectores involucrados en la elaboración de las normas.
El rol del IPCVA y un SENASA con presencia territorial
Durante su intervención, Colombatto también defendió al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) como una herramienta estratégica para abrir destinos comerciales y posicionar la carne argentina.
El dirigente sostuvo que el acceso a nuevos mercados beneficia a toda la cadena y puede contribuir a mejorar el valor de la hacienda recibida por el productor.
Otro de los puntos de su discurso fue la necesidad de fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Reclamó que los recursos del organismo se destinen efectivamente al control sanitario, la fiscalización y la asistencia territorial.
La preservación del estatus sanitario argentino, remarcó, no depende únicamente de dictar nuevas resoluciones, sino de contar con personal, recursos y controles donde se desarrolla la producción.
Colombatto también respaldó la incorporación del vandalismo rural a la legislación penal y coincidió con Castagnani en reclamar el fin de las retenciones. A su entender, el sector necesita utilizar sus recursos para invertir en genética, tecnología, infraestructura y agregado de valor.
Una agenda que reclama condiciones para invertir
Los mensajes pronunciados en Rafaela y Colón mostraron diferentes caras de una misma preocupación. En la lechería, el riesgo es que la falta de rentabilidad acelere la concentración y la desaparición de establecimientos. En materia ambiental, el temor es que una norma de alcance impreciso termine generando incertidumbre y frenando inversiones.
CRA sumó a esos planteos la eliminación de las retenciones, el fortalecimiento del SENASA y del IPCVA, una nueva ley de semillas, mayor infraestructura y una respuesta penal específica frente al vandalismo rural.
El denominador común es la demanda de un escenario que permita tomar decisiones de largo plazo. Para la dirigencia rural, el productor no necesita privilegios, sino reglas estables y condiciones que hagan posible invertir, producir y generar empleo sin quedar atrapado entre costos crecientes, impuestos distorsivos o normas de interpretación incierta.
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