Ante la convocatoria de URGARA a una medida de fuerza, la Cámara aseguró que su propuesta elevaría el ajuste salarial anualizado de 2026 al 31,99%. También solicitó la intervención urgente de la Secretaría de Trabajo para sostener la actividad en las terminales del país.
La negociación paritaria entre la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) atraviesa un momento de fuerte tensión. Ante la falta de acuerdo y la convocatoria sindical a un paro general en los puertos y terminales portuarias del país, la entidad empresaria ratificó su voluntad de diálogo y advirtió sobre las consecuencias económicas de una paralización.
En un comunicado, la CPPC sostuvo que las propuestas presentadas durante la negociación fueron formuladas sobre parámetros objetivos y reclamó “responsabilidad institucional” para preservar la paz social y la continuidad de la actividad portuaria.
La paritaria comprende el período que va de enero a diciembre de 2026. Según explicó la Cámara, desde el comienzo de las conversaciones buscó mantener el poder adquisitivo de los trabajadores tomando como referencias la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC y las estimaciones incluidas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Los números de la propuesta salarial
La CPPC indicó que en enero se acordó un incremento inicial del 13,7% y que posteriormente fueron saldadas las diferencias correspondientes al primer semestre. A partir de esas negociaciones, afirmó haber acercado distintas alternativas para alcanzar un entendimiento.
La última propuesta contempla un aumento del 16% sobre los salarios básicos de febrero, aplicable a partir de los haberes de agosto. De acuerdo con los cálculos de la Cámara, ese porcentaje llevaría el ajuste acumulado anualizado entre enero y diciembre de 2026 al 31,99%.
La entidad señaló que ese nivel se ubica por encima de la inflación anual del 30,20% proyectada por el Gobierno nacional y por los organismos técnicos utilizados como referencia durante la discusión.
La oferta también incluye una asignación extraordinaria no remunerativa de $359.095 para los trabajadores comprendidos en la tercera categoría. Para las restantes categorías, el monto se calcularía de manera proporcional.
La Cámara propuso cancelar esa suma en dos cuotas consecutivas a partir de agosto. Además, ofreció incorporar una cláusula de revisión al inicio de la paritaria de 2027, con el objetivo de corregir, en más o en menos, las eventuales diferencias entre la inflación proyectada y la variación real de los precios.
La diferencia con el reclamo de URGARA
Según la versión difundida por la CPPC, URGARA mantiene su pedido de cerrar la paritaria de 2026 con un incremento del 35,5%. La Cámara cuestionó esa exigencia al considerar que supera en más de cinco puntos porcentuales las proyecciones económicas oficiales.
Para la entidad empresaria, aceptar ese porcentaje tendría un impacto directo sobre la base salarial de las compañías y modificaría la ecuación económica de las terminales. También representaría, de acuerdo con su posición, un anticipo cercano a un trimestre de la inflación estimada.
La CPPC agregó que aceptó una sugerencia de la autoridad laboral para abonar por separado los reajustes correspondientes a mayo, junio y julio, como una forma de atender la situación de los trabajadores mientras continuaban las negociaciones.
Sin embargo, siempre de acuerdo con la información suministrada por la Cámara, esa alternativa fue rechazada por el sindicato.
Advertencia por el impacto en el comercio exterior
La convocatoria a medidas de fuerza coloca a los puertos graneleros ante la posibilidad de una interrupción de sus operaciones. La CPPC advirtió que una paralización tendría efectos sobre el comercio exterior argentino, en un contexto en el que el sistema portuario intenta recuperarse de recientes problemas logísticos registrados en las vías navegables.
La entidad remarcó, además, el carácter estratégico de los puertos privados para la economía nacional. En ese sentido, afirmó que la actividad se encuentra comprendida dentro de los lineamientos establecidos para los servicios esenciales por el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la Ley 27.802.
Frente a este escenario, la Cámara solicitó formalmente la intervención del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo. El pedido apunta a que el conflicto sea encuadrado dentro de la Ley 14.786 y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la paz social y evitar el cese de la operatoria portuaria.
Mientras no se alcance un acuerdo, la discusión continuará abierta, con una diferencia de más de tres puntos porcentuales entre la propuesta anualizada que informa la CPPC y el incremento reclamado por URGARA.
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