Mediante un comunicado difundido en redes sociales, cuestionaron el sistema privado de trazabilidad utilizado por las cadenas agroexportadoras y advirtieron sobre presuntas exigencias para que los productores adhieran a la plataforma. También reclamaron explicaciones sobre el uso de información oficial, el papel del Estado y las condiciones de comercialización.
La implementación de sistemas de trazabilidad vinculados con las exigencias ambientales de los mercados internacionales abrió un nuevo frente de controversia dentro del sector agropecuario argentino. Esta vez, el cuestionamiento provino de productores autoconvocados que difundieron una advertencia contra ViSeC, la plataforma desarrollada para verificar condiciones de producción y facilitar el acceso de determinados productos agroindustriales al mercado europeo.
A través de una publicación en Instagram, identificada con la consigna «Alerta no adherir a ViSeC», los autoconvocados expresaron su preocupación por lo que consideran una creciente presión comercial sobre los productores para incorporarse a un mecanismo de certificación administrado por actores privados.
El pronunciamiento aparece en un contexto de cambios y postergaciones en la aplicación del Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, conocido como EUDR, que establece requisitos relacionados con la deforestación y la trazabilidad de determinados productos agropecuarios.
Según los firmantes del comunicado, las sucesivas modificaciones en el calendario europeo no justificarían que frigoríficos y empresas exportadoras condicionen actualmente sus operaciones comerciales a la adhesión de los productores a ViSeC.
«Ante esa confusión, ratificamos: no adhieran», señala el documento, que sostiene que la normativa europea es el Reglamento 2023/1115 y cuestiona la presentación de la plataforma como una exigencia inevitable.
Cuestionamientos al papel de ViSeC
Uno de los principales argumentos del comunicado se concentra en la naturaleza institucional de la plataforma.
Los productores sostienen que ViSeC constituye una asociación privada y plantean interrogantes sobre las facultades que tendría para intervenir en procesos relacionados con la comercialización agropecuaria, la certificación de productos y el tratamiento de información de los establecimientos.
«¿Para qué está el SENASA? ¿O la SAGPyA?», preguntan en el documento, en referencia al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El planteo se amplía con otra pregunta: «¿Para qué necesitamos un ViSeC? ¿Por qué le damos tanto poder a un grupo de personas?»
Las expresiones reflejan una preocupación sobre los límites entre las responsabilidades estatales y la participación de organizaciones privadas en mecanismos destinados a demostrar el cumplimiento de normas exigidas por compradores internacionales.
Sin embargo, es necesario distinguir ambas funciones. ViSeC se presenta institucionalmente como un esquema voluntario de trazabilidad socioambiental y cuenta con reconocimiento oficial de la Secretaría de Agricultura. Ese reconocimiento no convierte a la plataforma en un organismo público ni implica, por sí mismo, que todos los productores estén legalmente obligados a adherir.
El uso de datos productivos, otro punto de conflicto
La información que se solicita a los establecimientos constituye otro de los aspectos cuestionados.
Los autoconvocados advierten que el sistema utiliza datos oficiales y requiere información sobre las unidades productivas. A partir de esa situación, expresan dudas acerca del tratamiento, la protección y el eventual destino comercial de esos registros.
Según el comunicado, una organización privada estaría utilizando información sensible para desarrollar certificaciones que podrían influir sobre las posibilidades de venta de los productores.
También cuestionan que se soliciten datos adicionales a los requeridos por la normativa europea.
Se trata de denuncias formuladas por los productores, cuyo alcance y fundamento jurídico no quedan acreditados únicamente con la publicación.
Los sistemas destinados a demostrar el origen libre de deforestación se apoyan, entre otros instrumentos, en la identificación geográfica de los establecimientos, la trazabilidad de las operaciones y el análisis de información territorial.
La discusión planteada por los autoconvocados consiste en determinar qué información corresponde proporcionar, quién puede administrarla, bajo qué garantías y cuáles son las consecuencias de negarse a participar.
Financiamiento y participación de organizaciones privadas
El comunicado también cuestiona la participación de entidades internacionales y organizaciones vinculadas con el financiamiento y desarrollo de ViSeC.
Entre las instituciones mencionadas aparecen la Unión Europea, AL-INVEST Verde, Global Gateway, The Nature Conservancy, Tropical Forest Alliance, Peterson, Land Innovation Fund y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).
Para los firmantes, esta vinculación refuerza la necesidad de conocer quiénes intervienen en las decisiones, cuáles son sus intereses y de qué manera se garantiza la participación efectiva del productor primario.
El texto sostiene que el esquema podría terminar concentrando decisiones relevantes para la actividad agropecuaria en organizaciones que no representan directamente a todos los establecimientos involucrados.
No obstante, la existencia de financiamiento internacional o participación empresarial no demuestra por sí sola un manejo irregular de información ni una sustitución de las competencias del Estado.
La presión comercial y las condiciones para exportar
La controversia plantea una diferencia importante entre la obligatoriedad legal y las exigencias que pueden surgir de las relaciones comerciales.
Aunque la incorporación a ViSeC sea presentada como voluntaria, los productores advierten que esa condición podría perder significado si frigoríficos, acopiadores o exportadores terminan exigiendo la adhesión como requisito para operar.
En ese escenario, una herramienta privada podría transformarse en una condición comercial para determinados mercados, aun cuando ninguna disposición argentina obligue de manera general a los establecimientos a registrarse.
Ese es uno de los principales puntos del reclamo: los autoconvocados consideran necesario evitar que las exigencias de los compradores terminen restringiendo las alternativas comerciales de quienes no quieran participar del sistema.
Desde la perspectiva de ViSeC, en cambio, el mecanismo busca proporcionar información verificable a los importadores, facilitar el cumplimiento de los requisitos europeos y preservar las oportunidades de exportación de las cadenas de soja y carne bovina.
La discusión enfrenta, por lo tanto, dos preocupaciones concretas: la necesidad de mantener mercados internacionales abiertos y el derecho de los productores a conocer las condiciones bajo las cuales se utiliza su información y se comercializa su producción.
Reclaman explicaciones a las entidades y al Gobierno
Hacia el final del comunicado, los autoconvocados trasladan sus cuestionamientos a las organizaciones representativas del sector y a las autoridades nacionales.
«¿Qué pasa? ¿Para qué tenemos esto? ¿Quién pidió esto?», preguntan, antes de advertir que determinadas decisiones podrían comprometer el futuro productivo argentino.
También reclaman una posición más clara de las entidades agropecuarias y manifiestan su malestar por lo que consideran una insuficiente respuesta institucional.
El pronunciamiento concluye con una expresión de protesta: «¡El silencio aturde!»
Más allá de la dureza de las afirmaciones, el conflicto deja planteadas cuestiones que requieren respuestas precisas: si la adhesión es efectivamente voluntaria en todas las instancias comerciales, qué datos deben entregar los productores, cómo se administran y qué posibilidades existen para demostrar el cumplimiento de las exigencias internacionales mediante otros mecanismos.
Son interrogantes que adquieren especial relevancia en un escenario donde las reglas del comercio agroalimentario incorporan cada vez más condiciones ambientales y sistemas de verificación.
La posibilidad de acceder a mercados externos es importante para las cadenas productivas argentinas. Pero también lo es establecer reglas transparentes que permitan a los productores conocer quién exige cada requisito, cuál es su fundamento y qué consecuencias comerciales tiene aceptarlo o rechazarlo.
Mas Noticias
¿Hacia dónde va la ganadería?
Angus cerró su Semana de Primavera con un reconocimiento a la carne argentina premiada en el mundo
Agrodeo: tecnología para ordenar y mejorar la gestión ganadera