
Lic. Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario
Hay proyectos que por su contenido deberían generar una discusión inmediata. No porque los presente tal o cual diputado, ni porque sirvan para una disputa entre partidos, sino porque tocan cuestiones que afectan directamente a miles de familias. El que acaba de presentar Carlos Zapata sobre el Fondo Especial del Tabaco es uno de ellos.
El legislador salteño pide algo que, leído sin prejuicios, parece bastante razonable: una auditoría integral de los recursos del FET, estudiar si una parte de esos fondos puede llegar directamente a los productores y darles voz en la aprobación de los planes que se financian con ese dinero.
Lo llamativo es que el proyecto 5678-D-2026 lleva una sola firma: la de su autor. Una firma no significa que los demás diputados estén en contra, por supuesto. Pero cuesta entender que una propuesta de estas características no haya despertado, al menos en su presentación, un acompañamiento más amplio.
¿Dónde están los representantes de las provincias tabacaleras? ¿Qué piensan los legisladores que hablan de defender las economías regionales? ¿Están de acuerdo con estas medidas, tienen otras mejores o creen que el sistema actual funciona tan bien que no necesita revisarse? Sería bueno escucharlos.
No se trata de hacerle una campaña a Zapata. Ni de suponer que su iniciativa resolverá todos los problemas del tabaco. Se trata de algo bastante más elemental: discutir qué sucede con recursos que tienen una finalidad concreta y que deberían traducirse en beneficios reales para quienes producen.
Porque, mientras se habla del Fondo Especial del Tabaco en oficinas, reuniones y expedientes, hay pequeños productores que todos los años ponen el cuerpo, la tierra y lo que tienen para sacar adelante una campaña. Son familias que afrontan los costos, el clima, la incertidumbre y las condiciones de comercialización. Para ellas, el FET no es una sigla: puede representar una diferencia importante en el ingreso y en la continuidad de la actividad.
Y entonces aparece la pregunta que pocos responden con claridad: ¿por qué resulta tan difícil que el productor sepa exactamente qué recursos le corresponden, quién los administra, qué descuentos o destinos tienen y cuándo los va a recibir?
Los gobiernos cambian. Cambian los partidos, los funcionarios, los discursos y las promesas. Sin embargo, la discusión sobre la administración del Fondo y la participación de sus destinatarios continúa abierta. Y eso invita a preguntarse por qué, después de tantos años, no se ha logrado instalar un mecanismo que permita seguir cada peso con facilidad y explicar públicamente su destino.
No sería serio afirmar, sin pruebas, que todos los gobiernos o todas las organizaciones del sector se oponen a transferir recursos directamente. Pero sí es legítimo pedirles que expliquen qué posición tienen. Si existen razones legales o técnicas para mantener determinados pasos administrativos, que se conozcan. Si hay pagos que pueden simplificarse, ¿por qué no estudiar cómo hacerlo?
Y aquí también tienen algo que decir las cámaras y las entidades gremiales tabacaleras. Su trabajo de representación es importante; justamente por eso deberían estar entre las primeras interesadas en que los productores conozcan las cuentas y participen de las decisiones. ¿Respaldan una auditoría amplia? ¿Aceptarían que los planes del FET se discutan y aprueben en asambleas con información suficiente? ¿Qué opinan sobre la posibilidad de pagos más directos?
Preguntar no es acusar. Y auditar tampoco. Una auditoría puede detectar problemas, pero también puede demostrar que las cosas se hicieron bien. En ambos casos, el resultado sería útil para los productores y para quienes tienen la responsabilidad de administrar esos fondos.
Claro que no todo el dinero del FET es necesariamente transferible en forma individual. La ley prevé diferentes destinos, incluidos programas y acciones de interés colectivo. Sería engañoso prometer que todos los recursos pueden depositarse de un día para otro en la cuenta de cada tabacalero. El propio proyecto habla de avanzar en esa dirección en la medida en que sea legal y operativamente posible.
Pero reconocer esos límites no debería convertirse en una excusa para dejar las cosas como están. Una cosa es financiar programas que el sector necesita y otra muy distinta es que el productor no tenga información suficiente o participación efectiva en las decisiones sobre esos programas.
Porque al final de la cadena el productor suele quedar, como se dice en el campo, como el jamón del medio: entre las decisiones de los gobiernos, las estructuras administrativas, las entidades y las exigencias del mercado. Todos hablan en su nombre; no siempre queda claro cuánto puede decidir él.
Por eso la soledad de esta presentación importa. No porque la cantidad de firmas determine la calidad de una propuesta, sino porque abre una oportunidad para saber quién está dispuesto a discutir el tema y con qué argumentos. Los diputados de las provincias tabacaleras, las autoridades nacionales y provinciales y las organizaciones del sector tienen la posibilidad de dar respuestas concretas.
La discusión no debería convertirse en una pelea partidaria ni en una defensa automática de lo que ya existe. El punto es mucho más sencillo: que el dinero destinado a sostener la actividad tabacalera se administre con transparencia, que sus resultados puedan comprobarse y que quienes trabajan y producen tengan una participación real.
Al final, quizá la pregunta no sea por qué Zapata presentó solo este proyecto. La pregunta de fondo es otra: ¿por qué el productor tabacalero sigue teniendo que reclamar claridad sobre recursos que, por ley, deben beneficiar a su actividad?
Sería bueno que el Congreso, los gobiernos y las entidades tabacaleras respondieran. Sin discursos preparados y sin descalificaciones. Con datos, con cuentas claras y, sobre todo, escuchando al productor. Que es quien muchas veces termina en el medio de todo y quien menos margen tiene para esperar.

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