Desde Gualeguaychú, Pergamino, Mercedes y Villa Ángela, dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas trazaron en los últimos días una hoja de ruta sobre los temas que consideran centrales para el futuro del sector. Carlos Castagnani, Javier Rotondo y Pablo Sánchez coincidieron en reclamar condiciones que permitan transformar el potencial productivo argentino en mayor inversión, producción y empleo.
Las exposiciones rurales volvieron a convertirse en escenario de una discusión que atraviesa buena parte del interior productivo. Más allá de las particularidades de cada región, los discursos pronunciados por dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dejaron una serie de definiciones que, puestas en conjunto, conforman una agenda bastante precisa: eliminación de las retenciones, menor presión tributaria, reglas previsibles, respeto por la propiedad privada, infraestructura, seguridad jurídica y reconocimiento del papel del productor en el cuidado de los recursos naturales.
Carlos Castagnani llevó buena parte de esos reclamos a Gualeguaychú y Pergamino. Javier Rotondo puso el foco en Mercedes sobre la relación entre producción y ambiente. En Villa Ángela, Pablo Sánchez hizo de la propiedad privada y la seguridad jurídica el centro de su mensaje.
Distintos escenarios, pero una misma discusión: qué condiciones necesita el agro argentino para ampliar su capacidad de producir e invertir.
Castagnani: competitividad y reglas claras
En Gualeguaychú, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, planteó que “la Argentina necesita un campo competitivo, sin retenciones y con reglas claras para producir e invertir”.
La definición sintetiza uno de los reclamos que la entidad viene colocando en el centro de su agenda. Para CRA, la discusión sobre la competitividad agropecuaria excede el precio de los granos o de la hacienda y comprende el conjunto de costos que enfrenta una empresa agropecuaria antes de llegar al mercado.
Impuestos, logística, infraestructura, caminos, transporte, financiamiento y previsibilidad económica terminan determinando qué actividades pueden crecer, cuáles apenas consiguen sostenerse y cuáles directamente pierden posibilidades de inversión.
Desde esa perspectiva, la entidad insiste en que el productor necesita saber bajo qué condiciones va a sembrar, criar, invertir y comercializar no solamente durante una campaña, sino a lo largo de varios años.
La producción agropecuaria obliga a tomar decisiones cuyo resultado muchas veces se conoce meses o años después. Comprar maquinaria, mejorar un campo, incrementar un rodeo, incorporar genética, realizar una obra de riego o ampliar instalaciones requiere capital y previsibilidad.
Por eso, cuando Castagnani habla de reglas claras, el planteo apunta a reducir la incertidumbre que generan los cambios permanentes en materia impositiva, comercial o regulatoria.
La posición de CRA es que, cuanto mayor sea la previsibilidad, mayores serán las posibilidades de que los recursos permanezcan dentro del circuito productivo.
Pergamino y una definición más directa sobre las retenciones
En la Expo Rural de Pergamino, Castagnani profundizó ese concepto y fue directamente al corazón de uno de los históricos conflictos entre el campo y el Estado: “Eliminar totalmente las retenciones es una condición indispensable para producir más”.
No habló solamente de una reducción de los derechos de exportación. El planteo de CRA sigue siendo su eliminación.
La entidad considera que las retenciones afectan la rentabilidad de la producción desde el comienzo del proceso productivo y reducen el precio que finalmente recibe el productor. Su incidencia, además, no es idéntica en todo el territorio.
La distancia de los establecimientos respecto de los puertos y centros de consumo, el valor de los fletes y las diferencias productivas entre regiones hacen que un mismo impuesto tenga consecuencias muy distintas según dónde se encuentre ubicado el productor.
De allí que CRA vincule directamente la eliminación de los derechos de exportación con la posibilidad de ampliar la producción.
La lógica planteada por la entidad es sencilla: una mayor proporción del ingreso en manos del productor aumenta las posibilidades de reinvertir en fertilización, semillas, genética, maquinaria, tecnología, infraestructura y contratación de servicios.
Y esa inversión no queda encerrada dentro de los límites de un establecimiento.
La actividad agropecuaria moviliza talleres, contratistas, transportistas, veterinarios, agrónomos, comercios, concesionarios, industrias, cooperativas y servicios en cientos de pueblos y ciudades.
Por eso, la discusión sobre retenciones tiene para CRA una dimensión que excede al productor individual y alcanza al desarrollo económico del interior.
La competitividad también se juega fuera de la tranquera
Los planteos surgidos en las exposiciones vuelven además sobre una cuestión que el sector reclama desde hace años: no alcanza con producir eficientemente dentro del campo si buena parte de esa competitividad se pierde después.
El estado de las rutas, los caminos rurales, el costo del transporte, la infraestructura ferroviaria, el funcionamiento de la Hidrovía y el acceso a energía y conectividad forman parte de la misma ecuación.
Argentina compite en los mercados internacionales con países que también producen granos, carnes y alimentos. En ese escenario, cada costo adicional que se acumula entre el establecimiento y el destino final termina teniendo incidencia.
El desafío, según la visión planteada desde CRA, pasa por lograr que el aumento de productividad alcanzado mediante genética, conocimiento, tecnología y manejo no sea absorbido por impuestos, deficiencias logísticas o cambios regulatorios.
Rotondo: “El productor agropecuario es el primer ambientalista”
En Mercedes, Javier Rotondo incorporó otra cuestión cada vez más presente en la agenda agropecuaria: el ambiente.
Su definición fue contundente: “El productor agropecuario es el primer ambientalista de Argentina”.
La frase busca disputar una idea que en determinados debates coloca a producción y conservación ambiental como conceptos necesariamente enfrentados.
Desde la mirada del dirigente, existe una razón concreta para esa relación: el suelo, el agua y los recursos naturales constituyen el capital sobre el cual trabaja diariamente el productor.
Un suelo degradado pierde capacidad productiva. El deterioro del agua, la erosión o una utilización incorrecta de los recursos termina afectando directamente la viabilidad económica del establecimiento.
El debate ambiental, sin embargo, adquirió durante los últimos años nuevas dimensiones.
Huella de carbono, mercados de carbono, biodiversidad, trazabilidad, bienestar animal, conservación de bosques, uso de fitosanitarios y exigencias ambientales de los mercados internacionales comenzaron a formar parte de las decisiones productivas y comerciales.
Para el agro argentino, ese escenario representa al mismo tiempo una obligación y una oportunidad.
Argentina cuenta con sistemas productivos que han incorporado siembra directa, rotaciones, agricultura de precisión, manejo eficiente de insumos, genética y nuevas herramientas para medir el impacto de la actividad.
El desafío será demostrar esos avances con información verificable y, al mismo tiempo, evitar que las nuevas exigencias ambientales se conviertan en barreras comerciales o en regulaciones alejadas de la realidad productiva.
La discusión que plantea Rotondo apunta precisamente allí: reconocer al productor como parte de la solución ambiental y no únicamente como sujeto de regulaciones.
Pablo Sánchez: propiedad privada como punto de partida
En Villa Ángela, Pablo Sánchez puso el acento sobre otra condición que considera básica para cualquier proceso productivo: “Sin propiedad privada no hay inversión y sin inversión no hay producción”.
La definición conecta tres conceptos que para el sector resultan inseparables: propiedad, seguridad jurídica e inversión.
Quien realiza una inversión productiva necesita tener certeza sobre los derechos vinculados con esa inversión.
Eso vale para la tierra, pero también para una mejora, una maquinaria, un rodeo, una tecnología, una patente, un contrato o cualquier activo incorporado al proceso productivo.
La seguridad jurídica determina en buena medida el horizonte con el cual una empresa decide comprometer capital.
En actividades de largo plazo esa cuestión adquiere todavía mayor importancia. La ganadería, la forestación, determinados cultivos regionales y numerosas inversiones en infraestructura requieren años para recuperar el capital inicial.
Si las reglas cambian permanentemente o los derechos sobre los activos no tienen suficiente protección, el riesgo aumenta y la inversión se posterga.
El mensaje de Sánchez desde Chaco, por lo tanto, no se limita al debate jurídico sobre la propiedad. Coloca la discusión en términos económicos: sin certeza sobre el capital invertido resulta mucho más difícil promover nuevas inversiones.
Cuatro discursos, una agenda
Miradas en conjunto, las intervenciones de Gualeguaychú, Pergamino, Mercedes y Villa Ángela arman una suerte de mapa sobre la agenda que CRA pretende instalar para el agro.
Las retenciones aparecen como uno de los principales cuestionamientos, pero no como el único.
A ellas se suman la necesidad de reducir costos estructurales, mejorar la infraestructura, garantizar previsibilidad regulatoria, reconocer el derecho de propiedad, generar condiciones para invertir y abordar la discusión ambiental desde una perspectiva productiva.
Hay también un concepto que atraviesa los cuatro mensajes: la inversión.
Para Castagnani, reglas claras y menor presión fiscal deben permitir que el productor vuelva a invertir. Para Sánchez, la propiedad privada es la condición que hace posible esa inversión. Y en el planteo de Rotondo, la inversión también es necesaria para mejorar la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas productivos.
El razonamiento de los dirigentes rurales parte de una premisa: Argentina ya posee buena parte de los recursos naturales, humanos y tecnológicos necesarios para aumentar su producción.
La discusión pasa entonces por las condiciones económicas e institucionales que permitan aprovechar ese potencial.
Del reclamo sectorial a una discusión de país
El punto central de esta agenda será determinar cuánto de estos planteos logra transformarse en políticas concretas.
Eliminar retenciones, reducir impuestos, mejorar rutas y ferrocarriles, garantizar seguridad jurídica y financiar infraestructura supone decisiones que involucran al Gobierno nacional, las provincias, los municipios y el Congreso.
También requieren recursos y, en algunos casos, debates sobre cómo reemplazar ingresos fiscales.
Por eso el desafío para las entidades agropecuarias será llevar la discusión más allá del reclamo y demostrar el impacto económico que podrían generar esas transformaciones.
El argumento que CRA busca instalar es que producir más no beneficia exclusivamente al productor.
Una mayor producción implica más transporte, servicios, actividad industrial, exportaciones, empleo y movimiento económico en el interior.
Ese es, finalmente, el punto donde confluyen los mensajes escuchados en estas cuatro exposiciones: el campo reclama dejar de ser observado solamente como una fuente de recaudación y pasar a ser considerado una plataforma desde la cual ampliar la producción, la inversión y las exportaciones argentinas.
Para los dirigentes de CRA, la potencialidad existe. Lo que todavía está en discusión son las condiciones necesarias para convertirla en crecimiento.
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