El Consejo Agroindustrial Argentino respaldó el dictamen alcanzado en el Senado y pidió avanzar con la aprobación del marco regulatorio. La entidad sostiene que la iniciativa podría movilizar inversiones por más de US$ 2.000 millones, ampliar los proyectos en marcha y mejorar el valor de las exportaciones sostenibles.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reclamó al Senado de la Nación el tratamiento y aprobación de la ley que busca establecer un Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, al considerar que la iniciativa puede convertirse en una herramienta estratégica para atraer inversiones, generar nuevas divisas y fortalecer la competitividad de la agroindustria argentina.
La entidad respaldó el dictamen de comisión correspondiente a los proyectos identificados con los expedientes S-718, 808 y 865/26, y destacó que el avance legislativo permitiría dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a una actividad que ya cuenta con desarrollos en el país, pero que hasta ahora se concentra principalmente en los mercados voluntarios.
Uno de los aspectos que el CAA considera centrales es el reconocimiento de la propiedad de los créditos de carbono en favor de los titulares de los proyectos. A su vez, valoró que la propuesta respete el dominio originario de los recursos y el federalismo ambiental, permitiendo que los aportes de mitigación destinados a los mercados voluntarios puedan comercializarse sin autorizaciones administrativas previas ni nuevas barreras burocráticas.
El proyecto también contempla estabilidad fiscal por diez años, la exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional (ReNaRe) de carácter gratuito, ágil y declarativo. Según el Consejo, este esquema permitiría evitar la doble contabilización de los créditos sin convertir al registro en una nueva instancia de control que termine dificultando el desarrollo de los proyectos.
Desde la entidad sostienen que contar con reglas claras permitiría transformar las prácticas ambientales desarrolladas en el campo en activos económicos capaces de generar ingresos adicionales, al mismo tiempo que facilitaría el acceso al financiamiento climático y la integración de la producción argentina a los mercados internacionales.
Las estimaciones difundidas por el CAA señalan que un marco regulatorio para la comercialización de créditos de carbono podría permitirle a la Argentina captar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones anuales, además de movilizar más de US$ 2.000 millones en inversiones territoriales directas en el mediano plazo.
Actualmente existen más de 40 proyectos de carbono en ejecución en el país, con una participación concentrada casi exclusivamente en mercados voluntarios. Para el Consejo Agroindustrial, la aprobación de la ley y su vinculación con mecanismos internacionales regulados, como el Artículo 6 del Acuerdo de París y el programa CORSIA de la aviación comercial, permitiría duplicar la cantidad de desarrollos en el corto plazo y acceder a valores por tonelada de CO2 que podrían triplicar las cotizaciones actuales.
El planteo del sector no se limita, sin embargo, a la sanción de la norma. El CAA también reclamó avanzar en la actualización de la agenda climática argentina mediante la presentación de la NDC 3.0 ante Naciones Unidas, junto con la consolidación del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el establecimiento de metas transparentes de reducción de emisiones.
La organización considera que estos pasos resultan necesarios para otorgar respaldo técnico a las certificaciones nacionales y permitir que los proyectos agroindustriales argentinos puedan integrarse a los mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París y cumplir con los estándares internacionales requeridos por esquemas como CORSIA.
En este escenario, el sector agroindustrial aparece con distintas actividades capaces de generar créditos y proyectos vinculados con la captura o reducción de emisiones, entre ellas el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la producción forestal, la bioenergía y el biocarbón.
“La agroindustria argentina reúne condiciones diferenciales únicas mediante el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón. Pero para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino.
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