Cuando las decisiones se toman sin escuchar

La Argentina necesita eliminar trabas, modernizar normas y corregir estructuras que ya no funcionan. Pero ninguna transformación será positiva si se impulsa desde una mirada individual, sin diálogo, sin conocimiento del territorio y sin evaluar sus consecuencias sobre quienes producen.

El país necesita cambiar. De eso no hay demasiadas dudas. Durante décadas se acumularon regulaciones innecesarias, trámites interminables y estructuras burocráticas que, en lugar de facilitar la producción, terminaron convirtiéndose en verdaderas barreras para trabajar, invertir y exportar.

Existen empresas que pasaron años golpeando puertas para conseguir una autorización que nunca llegaba. Productores obligados a repetir trámites, presentar la misma documentación en diferentes dependencias o cumplir exigencias cuyo propósito nadie podía explicar con claridad. Esa burocracia no protege al país ni mejora el funcionamiento del Estado. Simplemente lo paraliza.

Por eso es necesario revisar las regulaciones, eliminar aquellas que perdieron sentido y exigir que cada organismo explique qué hace, cuánto cuesta y cuáles son sus resultados. Defender todo lo existente simplemente porque siempre estuvo ahí sería tan irresponsable como pretender eliminarlo todo porque funciona mal.

El problema aparece cuando la necesidad de transformar se convierte en una especie de permiso para decidir sin escuchar a nadie.

Una medida puede parecer impecable desde un despacho de Buenos Aires y resultar perjudicial cuando llega al territorio. Puede estar técnicamente bien redactada, responder a una determinada teoría económica y, sin embargo, desconocer completamente la realidad de quienes deberán aplicarla.

Porque las decisiones públicas no se evalúan solamente por las intenciones de quienes las toman. Se juzgan, fundamentalmente, por sus resultados. Cuando son acertadas, permiten abrir mercados, atraer inversiones, reducir costos y producir más. Cuando son equivocadas, generan incertidumbre, destruyen esfuerzos de muchos años y terminan trasladando los costos hacia quienes trabajan.

Por eso, ninguna modificación importante debería surgir únicamente de la certeza personal de quien tiene, en determinado momento, la posibilidad de firmarla.

Ahora bien, hablar de diálogo y consenso tampoco significa que todos deban estar de acuerdo antes de tomar una decisión. Si fuera necesario alcanzar la unanimidad para modificar algo, probablemente nunca se cambiaría nada. Siempre existirá algún sector que considere afectados sus intereses y trate de conservar el estado de situación.

Gobernar implica decidir, incluso cuando existen diferencias. Pero antes de decidir hay que escuchar, consultar, explicar los fundamentos, evaluar los riesgos y dejar en claro quiénes serán beneficiados y quiénes deberán asumir los costos.

El diálogo no reemplaza la decisión política. La mejora, la fortalece y le aporta legitimidad.

Una cosa es escuchar las objeciones y, después de analizarlas, avanzar con una medida que no conformará a todos. Otra muy diferente es resolver primero y comenzar a dar explicaciones cuando el conflicto ya está instalado.

En los últimos meses surgieron distintas controversias relacionadas con la actividad agropecuaria. Las discusiones sobre la Ley de Tierras, el financiamiento del IPCVA, los controles fitosanitarios, la identificación electrónica obligatoria del ganado y la exclusión general de la agroindustria del RIGI parecen, a simple vista, temas completamente diferentes.

Sin embargo, todos están atravesados por la misma duda: ¿esas decisiones fueron construidas después de escuchar a quienes conocen las actividades involucradas o respondieron exclusivamente a una mirada elaborada desde el poder?

No se trata de rechazar todas las reformas ni de hacer un detalle minucioso de cada medida. Algunas pueden ser necesarias y otras, incluso, urgentes. Lo que debería discutirse es la forma en que esas iniciativas se convierten en políticas públicas.

Detrás de cada resolución existen productores, empresas, trabajadores, inversiones, pueblos y economías regionales. No son solamente números dentro de una planilla ni obstáculos que deben ser apartados para llevar adelante una determinada idea.

Quienes producen conocen perfectamente el costo de la burocracia porque la padecen todos los días. Pero también saben que algunas normas cumplen una función. Los controles sanitarios, la trazabilidad, la promoción de los productos argentinos y la protección de determinados recursos estratégicos no pueden ser considerados automáticamente como cargas innecesarias.

Una regulación puede estar desactualizada y necesitar una reforma. Una institución puede administrar mal sus recursos y requerir controles mucho más estrictos. Pero corregir no significa eliminar sin preguntarse qué función quedará sin atender.

La Resolución 114/2026, por ejemplo, derogó distintas normas fitosanitarias que el Gobierno consideró antiguas y aseguró que actualmente existen mecanismos más modernos de evaluación y fiscalización. La discusión, en este caso, no debería limitarse a determinar si las disposiciones anteriores tenían muchos años. Lo verdaderamente importante es conocer si los mecanismos que las reemplazan ofrecen las mismas garantías y si quienes conocen los riesgos sanitarios de cada región fueron consultados.

Lo mismo puede plantearse frente al futuro del IPCVA. El Instituto puede y debe ser auditado, debe rendir cuentas y explicar en qué utiliza los recursos aportados por los productores. Pero antes de cambiar su financiamiento habría que analizar qué ocurrirá con la promoción de la carne argentina, las investigaciones y las acciones destinadas a consolidar o abrir nuevos mercados.

La Ley de Tierras también puede ser revisada para favorecer inversiones, pero resulta razonable discutir qué política pretende tener la Argentina sobre un recurso productivo estratégico. Del mismo modo, la identificación electrónica del ganado puede mejorar la trazabilidad, la sanidad y el acceso a mercados, pero también obliga a los productores a realizar inversiones, incorporar dispositivos y cumplir nuevas exigencias.

Mientras tanto, la agroindustria continúa sin estar incluida de manera general entre las actividades alcanzadas por el RIGI, pese a ser una de las principales fuentes de divisas, empleo y desarrollo federal. Resulta difícil hablar de una estrategia productiva de largo plazo si el sector agroindustrial no es considerado plenamente estratégico a la hora de otorgar incentivos para grandes inversiones.

Cada una de estas decisiones tiene consecuencias. Por eso no deberían estar guiadas por una mirada parcial, por una cuestión ideológica o por la presión de intereses particulares.

Toda política pública debería contestar tres preguntas bastante sencillas: quién se beneficia, quién deberá asumir los costos y cuál será el resultado para el conjunto de la sociedad.

Cuando esas respuestas no aparecen, el bien común queda reducido a una frase que sirve para justificar cualquier cosa.

No alcanza con anunciar que una medida traerá libertad, modernización o eficiencia. Es necesario explicar cómo se alcanzarán esos objetivos y qué mecanismos existirán para corregir el rumbo si los resultados no son los esperados.

También sería injusto interpretar cualquier cuestionamiento como la defensa de un privilegio. Muchas veces, quienes advierten sobre los riesgos de una decisión no pretenden impedir los cambios. Simplemente conocen consecuencias que no fueron contempladas al momento de redactarla.

Escucharlos no debilita la autoridad del Gobierno. Por el contrario, puede evitar errores costosos.

Ningún equipo técnico, por preparado que esté, puede conocer desde una oficina todas las particularidades productivas, sanitarias, económicas y sociales de un país tan extenso y diverso como la Argentina. La teoría no siempre coincide con lo que sucede en el territorio. Cuando ambas realidades chocan, el costo no lo paga quien escribió la norma, sino quien debe producir bajo sus efectos.

La Argentina no puede continuar atrapada entre dos extremos igualmente dañinos: regular por costumbre o desregular por dogma.

Las normas deberían revisarse de acuerdo con su utilidad, sus resultados y los riesgos que intentan evitar. Algunas deberán eliminarse, otras tendrán que modernizarse y algunas necesitarán ser fortalecidas. El criterio no debería ser ideológico, sino práctico y orientado al bien común.

El país necesita reformas, pero necesita todavía más que esas reformas funcionen. No alcanza con anunciar cambios, publicar resoluciones o mostrar cuántas normas fueron derogadas. El verdadero resultado se observa después, en la producción, las exportaciones, el empleo, la sanidad, las inversiones y la vida de las comunidades del interior.

Transformar el Estado no consiste solamente en achicarlo o quitarle funciones. También significa conseguir que actúe mejor allí donde su presencia es necesaria y que deje de entorpecer donde no aporta ninguna solución.

Para encontrar ese equilibrio es indispensable escuchar.

Escuchar a los productores no significa gobernar para un sector. Escuchar a las provincias no supone renunciar a una política nacional. Escuchar a las instituciones tampoco implica aceptar sus privilegios. Significa incorporar conocimiento antes de tomar una decisión que puede afectar a miles de personas.

Las buenas decisiones no son necesariamente aquellas que se imponen con mayor velocidad o firmeza. Son las que consiguen resolver un problema sin crear otro todavía más grave.

La Argentina ya sufrió demasiadas políticas diseñadas desde certezas individuales, intereses coyunturales y diagnósticos incompletos. Repetir ese método, aunque ahora se presente bajo un discurso diferente, probablemente termine produciendo resultados conocidos.

Gobernar exige tomar decisiones. Pero también requiere comprender que detrás de cada firma existe una realidad que merece ser escuchada.