La Zona VI de Carbap rechazó que los recursos del Consorcio se destinen a obras municipales y propuso a Eugenio Cardenau como representante del sector agropecuario. La falta de precisiones sobre el nuevo esquema sanitario previsto para 2027 también concentró las críticas.
Las sociedades rurales del sudeste bonaerense volvieron a plantear sus diferencias sobre la administración de los recursos del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y reclamaron que los fondos del organismo sean utilizados exclusivamente para mejorar la infraestructura y la eficiencia de la terminal portuaria.
El planteo surgió durante la reunión de septiembre de la Zona VI de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), realizada este jueves en las instalaciones de la Sociedad Rural de Lobería.
En el encuentro también se analizó la representación de las entidades agropecuarias dentro del Consorcio y se propuso al presidente de la Sociedad Rural de Necochea, Eugenio Cardenau, para ocupar el lugar que ahora le corresponde a Carbap.
El otro eje que atravesó la reunión fue la incertidumbre generada por los cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. Las rurales advirtieron sobre inconvenientes registrados durante la campaña de transición de 2026 y exigieron respuestas antes de la implementación plena del nuevo esquema sanitario previsto para 2027.
Los fondos del Consorcio, bajo discusión
El debate sobre Puerto Quequén se produjo pocos días después de que el gobierno bonaerense oficializara la designación de Ernesto Poviliatis, exfuncionario de la Municipalidad de Necochea, como presidente del Consorcio de Gestión.
Más allá de las interpretaciones políticas relacionadas con el reparto de poder en la región, las entidades recordaron una reunión mantenida anteriormente con Mariano Carrillo, quien se desempeñaba como presidente interino del organismo.
Durante aquel encuentro se analizaron distintas obras, entre ellas la intervención sobre la avenida Almirante Brown de Quequén. Los trabajos fueron ejecutados por el Consorcio, aunque las rurales señalaron que se trata de una infraestructura cuya atención correspondería a la Provincia.
La posición de las entidades es que los recursos millonarios administrados por el Consorcio deben volcarse dentro del ámbito portuario.
Según sostuvieron la Zona VI y Carbap, el dinero tiene que utilizarse para mejorar la capacidad operativa de Puerto Quequén, aumentar su eficiencia y brindar mejores condiciones al hinterland productivo. En ese sentido, rechazaron que se destinen fondos portuarios a obras municipales o intervenciones externas a la terminal que beneficien particularmente a una localidad.
En las conversaciones con las autoridades también se abordaron las inversiones pendientes dentro del puerto y la intención de avanzar con las licitaciones de los elevadores explotados actualmente por Terminal Quequén y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
Cardenau, propuesto para representar a Carbap
Las sociedades rurales del sudeste también advirtieron que desde agosto se encuentra vencida la representación de las entidades gremiales agropecuarias en el Consorcio de Gestión.
Ese lugar se ocupa de manera periódica y rotativa, de acuerdo con un convenio entre las organizaciones con presencia regional. Hasta ahora, la representación estuvo en manos de Coninagro, a través del productor Juan Owerkerk.
Cumplido ese período, la silla le corresponde a Carbap. La Confederación y las entidades que integran su Zona VI resolvieron proponer a Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, para asumir la representación del sector agropecuario durante la nueva etapa del organismo.
Las rurales consideran que su incorporación resultará importante en un momento marcado por la renovación de autoridades, la discusión sobre las inversiones y el futuro de las concesiones portuarias.
La vacunación antiaftosa suma interrogantes
El segundo tema que concentró la atención fue la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y las dificultades observadas en la identificación, registración y trazabilidad de los animales.
Durante la segunda campaña de 2026 solamente debían vacunarse los terneros y las terneras que tuvieran declarada una única dosis antes del comienzo del período oficial. Este criterio provocó inconvenientes logísticos al momento de determinar, dentro de las tropas, cuáles eran los animales que debían recibir la segunda aplicación.
La situación generó sospechas sobre posibles diferencias entre las dosis informadas y las efectivamente suministradas. Algunos terneros podrían haber sido declarados con dos aplicaciones cuando solamente recibieron una. En otros casos, los animales podrían haber llegado a recibir tres dosis.
Aunque se trató de una campaña de transición, las entidades consideran que lo sucedido dejó expuestas debilidades operativas que podrían profundizarse con el esquema previsto para el próximo año.
El rol de las fundaciones sigue sin definirse
La mayor preocupación está puesta en la implementación de la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
A partir de 2027, los veterinarios privados podrán intervenir en la vacunación sin que necesariamente medien las fundaciones sanitarias. De acuerdo con la información analizada por las rurales, se realizaría una campaña total entre febrero y abril y una segunda campaña destinada a todos los terneros y terneras durante junio.
Sin embargo, todavía no existen precisiones suficientes sobre el funcionamiento concreto del nuevo sistema.
Las entidades quieren saber qué función conservarán las fundaciones, cómo se organizarán la distribución de las vacunas y la cadena de frío, quién controlará el trabajo de los veterinarios privados y qué organismo será responsable de reunir y verificar la información de los rodeos.
También reclaman que se determine quién garantizará el cumplimiento de las campañas dentro de los plazos establecidos, quién deberá responder frente a una contingencia sanitaria y sobre quién recaerá la carga de las actas en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
A estas preguntas se suman las dudas acerca de la registración de las vacunaciones contra el carbunclo y la brucelosis. Hasta el momento, según señalaron las rurales, ninguna de esas cuestiones fue aclarada de manera definitiva.
Incertidumbre económica y operativa
La falta de definiciones también compromete la planificación de las fundaciones sanitarias. Si desconocen qué función tendrán y cuántos animales deberán vacunar, no pueden calcular sus necesidades operativas ni preparar sus presupuestos para 2027.
Las entidades advierten que una reducción en la cantidad de animales alcanzados por cada fundación podría encarecer el costo operativo por dosis. El sistema vigente distribuye gastos mediante un criterio solidario que podría debilitarse si disminuye la escala de las campañas.
Frente a ese escenario, cada ente comenzó a evaluar su propia estrategia. Algunas fundaciones analizan dejar de realizar campañas, otras avanzan con el desarme de sus estructuras y varias podrían enfrentar serias dificultades si se vieran obligadas a cerrar y despedir personal.
Para las sociedades rurales, la demora en despejar estas incógnitas ya dejó de ser solamente un problema administrativo. La incertidumbre puede afectar el funcionamiento de las entidades, incrementar los costos para los productores y, principalmente, debilitar la protección sanitaria del rodeo bovino.
Por eso, la Zona VI de Carbap volvió a reclamar respuestas concretas antes de que comience la aplicación del nuevo modelo. Las rurales consideran imprescindible conocer con anticipación quién vacunará, quién controlará el proceso y quién asumirá la responsabilidad final sobre la trazabilidad y la sanidad animal.
El pronunciamiento fue acompañado por las sociedades rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, Lobería, Mar del Plata, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Necochea, Rauch, General Lavalle y San Cayetano; las asociaciones rurales de General Madariaga y Maipú; y las asociaciones de productores de Benito Juárez y Gonzales Chaves.
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