El campo y un Congreso al que se le acaba el tiempo

por Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario

A la Argentina le quedan cuatro meses para terminar 2026, pero al Congreso le queda bastante menos tiempo político del que marca el calendario. Y para el campo ese dato no es menor, porque sobre las comisiones y los recintos siguen esperando proyectos que tocan cuestiones centrales para la producción: retenciones, biocombustibles, fertilizantes, semillas, seguridad rural, seguros agropecuarios, emergencias, economías regionales, inversiones, mercado de carbono y distintas regulaciones que pueden modificar las condiciones en las que produce el sector.

No todos están en la misma situación. Algunos consiguieron avanzar en los últimos días, otros permanecen prácticamente detenidos y hay iniciativas cuyo futuro depende simplemente de conseguir los acuerdos y el quórum necesarios para seguir caminando. Esa diferencia es importante, porque sería injusto afirmar que en el Congreso no sucede nada. Sucede. El problema es si alcanza el tiempo para transformar esa actividad en leyes.

El caso de los biocombustibles es una buena muestra. Después de años de discusiones, el proyecto consiguió dictamen y quedó en condiciones de pasar al recinto en busca de su media sanción. La iniciativa contempla elevar el corte de bioetanol del 12% al 15%, distribuido entre caña de azúcar y maíz, y llevar el biodiésel del 7,5% al 10%, además de introducir nuevos criterios de competencia y precios de referencia vinculados a la paridad de importación. También deja abierta la posibilidad de que las provincias aumenten los porcentajes de corte.

Es un avance importante, pero todavía no es una ley. Y justamente allí aparece la diferencia entre una buena noticia parlamentaria y una certeza para quienes tienen que invertir.

Algo similar ocurre con el mercado de carbono. En comisiones del Senado avanzó una iniciativa destinada a regular el mercado voluntario de carbono y los activos financieros ambientales, estableciendo reglas para que empresas y proyectos puedan comprar y vender créditos. También quedó en condiciones de llegar al recinto para buscar media sanción.

Son movimientos que muestran que algunas piezas de la agenda productiva comenzaron a destrabarse. Pero al lado de ellas aparece otra fotografía bastante diferente. El proyecto de Medianas Inversiones, conocido como RIIR, que busca otorgar beneficios fiscales a proyectos productivos de empresas que superan los límites de las PyMEs pero no alcanzan los pisos establecidos para acceder al RIGI, quedó en espera por falta de quórum. Ahora deberá buscar modificaciones y consensos para intentar alcanzar un dictamen unificado.

No es un detalle menor. Es casi una fotografía de lo que pretende advertir esta editorial: algunas leyes están a pocos pasos del recinto, mientras otras pueden quedar detenidas simplemente porque la política no logra sentarse alrededor de una mesa el tiempo suficiente para acordarlas.

El problema es que, si no avanzan ahora, no hay ninguna garantía de que 2027 sea un mejor momento para discutirlas. Más bien ocurre lo contrario. El año próximo será electoral y, como sucede cada vez que la política argentina entra en esa dinámica, una parte importante de la actividad legislativa comenzará a convivir con otra agenda: candidaturas, armados provinciales, cierres de listas, internas, recorridas territoriales y negociaciones partidarias.

Muchos legisladores nacionales estarán definiendo su propio futuro político. Algunos deberán renovar mandato, otros buscarán lugares en sus provincias, algunos pueden participar directamente de disputas por gobernaciones y muchos tendrán un papel central en los armados políticos de sus respectivos distritos.

Eso no significa que el Congreso vaya a cerrar sus puertas. Significa algo mucho más sencillo: en los años electorales la política comienza a mirar cada vez más hacia afuera del recinto. Las reuniones de comisión empiezan a competir con los actos, los acuerdos legislativos con los acuerdos electorales y la discusión sobre políticas de largo plazo con las urgencias de una campaña.

Por eso la verdadera discusión no pasa solamente por saber cuántos proyectos vinculados al agro fueron presentados. Presentar un proyecto es relativamente sencillo. Lo difícil es conseguir que tenga tratamiento, dictamen, acuerdos, mayoría y finalmente se convierta en ley. Entre una cosa y otra puede haber meses, años o, directamente, nada.

La Ley de Semillas es probablemente uno de los ejemplos más evidentes. La Argentina sigue teniendo como marco central una norma sancionada hace más de medio siglo mientras el mundo de la genética, la biotecnología, los derechos del obtentor, el uso propio y la innovación cambió por completo.

Hay posiciones enfrentadas y sería absurdo desconocerlas. Semilleros, obtentores y productores tienen intereses que no siempre coinciden. Pero justamente para resolver esas diferencias existe el Congreso. Una legislación moderna no puede ser solamente la ley que quiere una parte de la cadena; deberá surgir de un equilibrio capaz de reconocer la inversión y la propiedad intelectual sin desconocer la realidad productiva y el uso propio.

Lo que resulta difícil de justificar es que después de tantos años la solución siga siendo postergar la discusión.

Con las retenciones ocurre algo parecido. Existen proyectos para reducirlas, eliminarlas o establecer cronogramas graduales, pero entre presentar esas iniciativas y convertirlas en una política permanente existe una distancia enorme. Mientras tanto, el productor sigue tomando decisiones de inversión sabiendo cuánto paga hoy pero sin demasiadas certezas sobre lo que pagará dentro de dos o tres campañas.

Y para una actividad que invierte mirando varios años hacia adelante, esa incertidumbre importa mucho más que un anuncio circunstancial.

También están los fertilizantes, los seguros agropecuarios, las emergencias, la seguridad rural y otros temas que aparecen periódicamente en la agenda y después vuelven a perder protagonismo. Los seguros son quizá el ejemplo más conocido: regresan después de cada sequía, inundación o helada extraordinaria y vuelven a desaparecer cuando cambia el clima. Así resulta muy difícil construir una herramienta permanente para administrar riesgos.

La reciente evolución de biocombustibles y mercado de carbono demuestra que cuando existe decisión política los proyectos pueden avanzar. El caso de Medianas Inversiones demuestra exactamente lo contrario: cuando falta quórum o consenso, todo puede quedar en espera.

Y el recurso que empieza a escasear es el tiempo.

El problema de fondo es que 2027 puede convertirse en un año legislativamente incómodo para todos estos temas. No porque jurídicamente sea imposible tratarlos, sino porque políticamente habrá otras prioridades. La elección nacional, la renovación legislativa y las elecciones provinciales reorganizarán buena parte de la agenda pública y el Congreso quedará inevitablemente atravesado por esa disputa.

Muchos de los proyectos que hoy todavía tienen alguna posibilidad de avanzar podrían verse nuevamente postergados. Y algunos expedientes pueden acercarse, además, a la pérdida de estado parlamentario y obligar a recomenzar el proceso. No todos caducan al mismo tiempo ni corresponde meterlos dentro de una misma bolsa, pero el riesgo de que meses o años de trabajo terminen volviendo al punto de partida existe.

También hay una cuestión institucional que merece discutirse. La Argentina renueva parcialmente su Congreso cada dos años y ésa es una característica de nuestro sistema constitucional. El problema no es votar. Sería absurdo plantearlo de esa manera.

El problema es haber aceptado como natural que cada elección reduzca la capacidad de la política para ocuparse de los asuntos que deberían trascender cualquier campaña.

Cada dos años se reordenan prioridades, aparecen nuevos candidatos, se modifican alianzas, cambian liderazgos y los dirigentes empiezan nuevamente a mirar el tablero electoral. Para una economía que necesita decisiones a diez, quince o veinte años, vivir dentro de ciclos políticos tan cortos genera una fragilidad enorme.

Y el campo lo siente de manera especial. Una planta de biocombustibles no se construye pensando en la próxima elección. Tampoco una inversión ganadera, una nueva genética, una obra de riego, una planta industrial o una estrategia destinada a recuperar la fertilidad de los suelos.

La producción invierte mirando años. La política demasiadas veces decide mirando meses.

A eso se suma una incertidumbre todavía mayor: nadie sabe quién gobernará después de 2027 ni cuál será la orientación económica que surja de esas elecciones. El sector agropecuario ha encontrado con el actual Gobierno, aun manteniendo diferencias y reclamos importantes, puntos de coincidencia vinculados con la desregulación, la eliminación de determinadas trabas y una relación diferente con la actividad privada.

Pero una cosa son las decisiones que puede tomar una administración y otra muy distinta son las reglas que quedan consolidadas mediante leyes.

Una resolución puede reemplazarse. Un decreto puede modificarse. Una política administrativa puede desaparecer con un cambio de gobierno. Una ley también puede ser modificada, por supuesto, pero requiere volver a construir mayorías y atravesar el proceso legislativo. No es una garantía absoluta, pero constituye un grado de institucionalidad mucho mayor.

Por eso estos meses deberían servir no solamente para conseguir medidas favorables al sector, sino para transformar en reglas duraderas aquello que sea posible acordar.

El campo tampoco puede ignorar que las elecciones de 2027 pueden ratificar el actual rumbo, profundizarlo, modificarlo o terminar colocando en el Gobierno a una fuerza con una mirada mucho más intervencionista sobre exportaciones, mercados, impuestos y regulaciones.

No se trata de decirle a nadie cómo votar. Se trata precisamente de evitar que todo dependa de cómo vote la Argentina cada cuatro años.

Una política agropecuaria seria debería permitir que un productor pueda invertir sabiendo que determinadas reglas básicas seguirán existiendo aunque cambie el Presidente. Eso es mucho más importante que conseguir una ventaja circunstancial de un gobierno con el que circunstancialmente exista mayor diálogo.

El año electoral también puede tener consecuencias en las provincias y municipios. Cuando las cuentas públicas se tensan y simultáneamente crece la demanda social, aparece una tentación conocida: buscar recursos allí donde todavía existen actividades capaces de generarlos.

El agro queda inevitablemente bajo esa mirada.

Tasas, fondos viales, contribuciones y recursos originalmente creados para determinados servicios pueden comenzar a mezclarse con las necesidades generales de cada administración. No sería serio afirmar que todos los municipios actuarán de esa manera, pero tampoco sería prudente ignorar el incentivo que genera un año electoral acompañado de dificultades económicas y mayores demandas de asistencia.

Un intendente que necesita responder a esas demandas puede encontrar muy tentador tomar recursos provenientes de una actividad productiva para volcarlos a rentas generales o financiar programas con mayor impacto social inmediato. El productor, mientras tanto, termina pagando una tasa para una finalidad determinada y preguntándose por qué aquello por lo que paga sigue sin aparecer.

Hay, sin embargo, otra parte de la discusión que el campo debería asumir. No toda la responsabilidad pertenece a los legisladores. Las entidades agropecuarias, cadenas productivas, empresas y productores deberían preguntarse cuánto seguimiento permanente hacen de la agenda parlamentaria.

Muchas veces el sector aparece cuando una medida ya fue tomada o cuando un proyecto está a pocas horas de ser votado. Pero una ley se construye mucho antes. Requiere técnicos, propuestas, presencia en las comisiones, diálogo con distintos bloques y capacidad de ceder para conseguir consensos.

No alcanza con reclamar una nueva Ley de Semillas si todos permanecen aferrados a posiciones que hacen imposible acordarla. No alcanza con exigir una baja permanente de retenciones si no se construye una mayoría legislativa capaz de sostenerla. Tampoco sirve recordar los seguros agropecuarios solamente después de una sequía.

El reciente dictamen sobre biocombustibles demuestra que los consensos pueden construirse. Ahora habrá que comprobar si esos acuerdos sobreviven al recinto y consiguen transformarse en una ley. El mercado de carbono enfrentará una prueba similar. Las Medianas Inversiones, en cambio, tendrán que superar primero una barrera todavía más elemental: lograr que los legisladores se sienten, consigan quórum y acuerden un texto.

Ahí está buena parte de la cuestión.

Quedan cuatro meses para terminar el año, pero bastante menos tiempo político. Lo que no avance ahora puede encontrarse en 2027 con campañas, candidaturas, cierres de listas, disputas por gobernaciones y una elección presidencial absorbiendo buena parte de la atención del Congreso.

Después vendrá un nuevo gobierno, una nueva composición parlamentaria y otras relaciones de fuerza. Quizá algunos proyectos sobrevivan. Otros probablemente deberán comenzar nuevamente. Y mientras la política vuelve a discutir quién ocupa cada lugar, la producción seguirá haciendo lo mismo que hace todos los días: invertir, sembrar, criar, industrializar y exportar.

El campo argentino está acostumbrado a convivir con sequías, inundaciones, cambios de precios, presión impositiva y mercados internacionales imprevisibles. Lo que debería dejar de aceptar como inevitable es la incertidumbre permanente sobre las reglas que dependen de su propio país.

Por eso, cuando quedan apenas cuatro meses para terminar 2026, quizá haya que dejar de contar cuántos proyectos se presentaron y empezar a contar cuáles tienen posibilidades verdaderas de convertirse en leyes.

Porque el problema no es solamente que un expediente pueda quedar archivado.

El verdadero problema es que esos cuatro meses terminen convirtiéndose en varios años y que, una vez más, el campo vuelva a pagar el costo de una política que siempre parece encontrar tiempo para discutir el poder, pero demasiado poco para discutir el futuro.