Las camisetas cambian, el productor sigue esperando

A las puertas de una nueva inauguración de la Exposición Rural de Palermo, el campo vuelve a mirar hacia Javier Milei con la esperanza de escuchar una definición sobre las retenciones. Pero la historia demuestra que una medida, por necesaria que sea, no puede reemplazar una verdadera política de Estado.

Por Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario

La imagen que acompaña esta editorial intenta contar, en una sola escena, buena parte de la historia política y productiva de la Argentina. El político es siempre el mismo. Conserva la cara, la sonrisa y la seguridad con la que estrecha la mano del productor, aunque en cada momento aparece vestido con una camiseta diferente. Primero lleva el bombo peronista; después, la motosierra liberal; más tarde, la boina radical, y finalmente, la bandera amarilla del PRO. Del otro lado también está siempre el mismo hombre: un productor que trabaja a cielo abierto, expuesto durante todo el año a la lluvia, la sequía, las heladas, los precios y las decisiones de gobiernos que muchas veces desconoce hasta que las siente en el bolsillo. La diferencia es que, mientras el político conserva su aspecto y solamente cambia de ropa, el productor aparece cada vez más cansado, con menos animales, menos maquinaria, menos capital y un campo más deteriorado. Esa imagen no pretende afirmar que a todos les haya ido mal. Siempre existen personas y empresas que logran crecer incluso en los contextos más difíciles. Pero el éxito de algunos tampoco puede utilizarse para ocultar la desaparición de miles de pequeños y medianos productores, la concentración de la producción y el debilitamiento de numerosos pueblos del interior.

Estamos a 3 dias de una nueva inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo y, una vez más, muchos productores esperan escuchar al presidente de la Nación. Javier Milei volverá a ocupar el centro de la pista el domingo 26 de julio y alrededor de su discurso se ha construido una expectativa que puede resumirse en dos palabras: retenciones cero. No se trata de una ilusión inventada por el sector. Fue el propio Presidente quien asumió públicamente ese compromiso en Palermo y quien volvió a señalar en distintas oportunidades que la eliminación de los derechos de exportación forma parte del rumbo elegido por su Gobierno. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrió este jueves la posibilidad de nuevos anuncios al asegurar que “los anuncios ya se hicieron” y que cualquier reducción adicional dependerá del crecimiento económico y de un mayor margen fiscal. El Gobierno puso en marcha un esquema gradual de rebajas hasta 2028, pero el objetivo final continúa sin una fecha cierta. El reclamo, por lo tanto, permanece vigente. La Sociedad Rural Argentina volverá a plantear la eliminación de las retenciones junto con otras demandas igualmente decisivas: infraestructura, caminos, financiamiento y mejores condiciones para invertir y producir.

Las retenciones deben desaparecer porque son un impuesto que castiga directamente la producción, disminuye la capacidad de inversión y extrae recursos del interior sin que esos recursos regresen necesariamente convertidos en caminos transitables, seguridad, conectividad, educación o servicios. Pero sería un error creer que su eliminación, por sí sola, resolverá todos los problemas del campo argentino. La experiencia de los años noventa debería servirnos para entenderlo. Durante la presidencia de Carlos Menem se eliminaron los derechos de exportación para los cereales y se redujeron para las oleaginosas. Crecieron la producción, las exportaciones y las inversiones en algunos sectores, pero al mismo tiempo desaparecieron miles de productores y se profundizó la concentración. Federación Agraria suele resumir aquella herida señalando que cerca de 100.000 productores quedaron en el camino. La comparación estadística debe realizarse con cuidado porque una explotación agropecuaria no equivale necesariamente a una persona, pero la tendencia es imposible de negar: el país pasó de 333.533 explotaciones en 2002 a 249.663 en 2018. En apenas 16 años se perdieron 83.870 unidades productivas. Una medida favorable, entonces, puede impulsar la producción y aun así dejar gente afuera cuando no está acompañada por crédito, infraestructura, capacitación, previsibilidad y políticas diferenciadas que permitan permanecer dentro del sistema a quienes producen en menor escala.

Después llegaron otros gobiernos, con otra camiseta y con un discurso completamente diferente. Durante los años del populismo se volvió a presentar al productor como enemigo y reaparecieron expresiones anacrónicas, como la “oligarquía vacuna”, como si la Argentina continuara discutiendo categorías de otro siglo. Se decía combatir a los grandes productores mientras se anunciaban beneficios para la agricultura familiar, intentando demostrar que el Estado estaba del lado de los pequeños. Hubo programas que funcionaron y también existieron técnicos, profesionales y empleados públicos que trabajaron honestamente en el territorio. Negarlo sería injusto. Si durante tantos años el INTA pudo acompañar a productores de todo el país fue porque hubo personas comprometidas con la extensión, la investigación y la transferencia de conocimiento. Quienes alguna vez me escucharon o leyeron saben que no soy enemigo del Estado. Por el contrario, soy un convencido de su necesidad. Pero creo en un Estado eficiente, profesional y al servicio de la gente; no en un Estado convertido en una estructura partidaria, en una agencia de colocaciones o en un administrador permanente de la pobreza. Una cosa es asistir a una persona durante una emergencia y otra muy distinta es acostumbrarse a mantenerla indefinidamente sin brindarle educación, herramientas y oportunidades para construir su propia libertad.

Por eso la discusión excede largamente al campo. La Argentina posee tierras, agua, todos los climas, conocimiento científico y una enorme capacidad para producir alimentos. Sin embargo, convive con el hambre, la pobreza y cordones periurbanos en los que generaciones enteras crecen cada vez más lejos del trabajo formal y de la modernidad. Cuando el agro reclama una reducción tributaria, suele aparecer la respuesta fácil: “Le dan al campo mientras otros sectores sufren”. El razonamiento debería ser exactamente el contrario. No se trata de quitarle a quien produce para repartir escasez, sino de generar condiciones para que todos los sectores puedan trabajar, invertir y progresar. No debería haber productores castigados por producir, pero tampoco jubilados obligados a elegir entre alimentarse y comprar medicamentos, ni trabajadores que carezcan de aportes, aguinaldo, vacaciones o protección frente a una enfermedad. Hoy se habla de trabajo como si todo argentino ocupado estuviera registrado y protegido. La realidad es que una enorme cantidad de personas vive de lo que puede ganar cada día: si trabaja, cobra; si se enferma, no cobra; si descansa, pierde el ingreso. Si a eso comenzamos a llamarlo trabajo sin siquiera reconocer su precariedad, entonces también hemos empezado a resignarnos.

A esa exclusión económica se suma una exclusión tecnológica que puede ser todavía más difícil de revertir. La salida hacia el futuro está vinculada con el conocimiento, la conectividad y la capacidad de incorporar nuevas herramientas. Esto vale para un joven que busca empleo en una ciudad y también para un productor que necesita acceder a agricultura de precisión, trazabilidad, información satelital o sistemas modernos de gestión. Cuanto más lejos queda una persona de esas tecnologías, más difícil le resulta volver a ingresar. Desde la crisis de 2001, demasiadas familias quedaron atrapadas en periferias urbanas donde el Estado entrega recursos para sobrevivir, pero no consigue ofrecer una salida real. Las sostiene porque no puede abandonarlas, pero al mismo tiempo las mantiene dentro de un sistema que no les permite construir autonomía. Allí aparece una de las mayores deudas de la política argentina: haber confundido durante décadas la asistencia con la inclusión. Incluir no es solamente entregar; es educar, capacitar, conectar, generar trabajo y permitir que una persona deje de necesitar la ayuda que recibió.

Frente a esta realidad, uno debe preguntarse qué significa verdaderamente conducir. Cuando una persona llega a la presidencia de la Nación, a un ministerio, a una organización gremial o a la conducción de una empresa cuyas decisiones afectan a miles de familias, no recibe solamente un beneficio o una distinción. Asume una responsabilidad. Todo debería comenzar con una política de Estado capaz de responder una pregunta elemental: ¿qué quiere la Argentina para su gente? A partir de esa respuesta deberían definirse políticas duraderas para la agricultura, la industria, la minería, la tecnología, la educación, la defensa, los puertos, el comercio exterior y la seguridad. Después viene la gestión, porque una política que no se ejecuta es apenas una declaración de buenas intenciones. Luego aparece la vocación de servicio, sin la cual el cargo termina transformándose en un instrumento de poder personal. Y finalmente está la honestidad, porque cuando quienes conducen utilizan sus posiciones para enriquecerse, acomodarse o perpetuarse, el daño desciende por toda la estructura. El que está abajo mira hacia arriba y se pregunta por qué debería cumplir, esforzarse o cuidar lo que es de todos si quienes mandan no lo hacen. Así se degrada una institución y, cuando esa conducta se repite durante demasiado tiempo, así se degrada un país.

Cuando afirmo que el problema no son las ideologías ni la política, no estoy diciendo que todas las políticas produzcan los mismos resultados. Claro que importan. No es lo mismo cobrar retenciones que eliminarlas, construir caminos que abandonarlos, profesionalizar el Estado que colonizarlo con militancia o abrir oportunidades de inversión que impedirlas. Lo que sostengo es que ninguna ideología, por atractiva que parezca, puede reemplazar la gestión, la vocación de servicio y la honestidad. El bombo, la motosierra, la boina o la bandera amarilla pueden representar proyectos diferentes, pero ninguno de esos símbolos garantiza por sí mismo que la gente ocupe el centro de las decisiones. El verdadero problema comienza cuando los hombres cambian de camiseta para conservar el poder, acomodan sus discursos según las circunstancias y terminan olvidándose de aquellos a quienes prometieron representar.

Si Javier Milei anuncia un nuevo avance hacia las retenciones cero, habrá que reconocerlo. Pero el cambio profundo comenzará cuando el productor no tenga que concurrir cada año a Palermo para esperar que un presidente le devuelva una parte de lo que genera, y cuando tampoco deba vivir con el temor de que el próximo gobierno vuelva a quitárselo. Las conquistas productivas no pueden depender de la voluntad personal del mandatario de turno. Deben transformarse en reglas duraderas, respaldadas por instituciones y comprendidas como parte de un proyecto nacional. De lo contrario, los productores seguirán esperando; también esperarán los jubilados, los trabajadores informales, los jóvenes que no encuentran empleo y quienes sobreviven desde hace décadas en los márgenes del sistema. La Argentina volverá a cambiar de camiseta, de consignas y de símbolos, pero continuará en el mismo lugar.

El problema no son las ideologías. El problema no es la política. El problema son los hombres que, con el correr de los años, mutan de piel y cambian para que nada cambie. Sin política de Estado, sin capacidad de gestión, sin vocación de servicio y sin honestidad, ningún país tiene destino.