Lic.. Horacio Esteban
Director Portal Agropecuario
El informe de la FAO sobre los mercados agrícolas mundiales confirma que el planeta necesita proveedores confiables, capaces de sostener la producción y las exportaciones aun en tiempos de crisis. La Argentina reúne las condiciones para ocupar ese lugar, pero necesita una política de Estado que trascienda gobiernos, elecciones y urgencias fiscales.
El mundo atraviesa una etapa de creciente incertidumbre. Los fenómenos meteorológicos extremos, los conflictos armados, las tensiones geopolíticas, las crisis económicas, las pandemias y el aumento de los costos de la energía y los insumos ejercen una presión cada vez mayor sobre la producción y el comercio mundial de alimentos.
En ese contexto, la Argentina tiene frente a sí una oportunidad histórica. Pero también una responsabilidad.
La versión resumida de El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2026, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —FAO—, sostiene que los mercados internacionales de alimentos constituyen una pieza central de la seguridad alimentaria. Son los que permiten trasladar la producción desde las regiones con excedentes hacia aquellas que no generan alimentos suficientes para abastecer a sus poblaciones.
El organismo advierte, además, que la resiliencia no se consigue aislándose del comercio, sino fortaleciendo la apertura, la diversidad de compradores y proveedores, la cooperación internacional y la previsibilidad de las políticas públicas.
No se trata de una definición teórica. Se trata de una descripción precisa del mundo que viene.
Entre 2000 y 2024, el volumen del comercio mundial de alimentos y productos agrícolas se duplicó con creces. Al mismo tiempo, numerosos países aumentaron su dependencia de las importaciones, especialmente en regiones que no cuentan con las condiciones climáticas, territoriales o tecnológicas necesarias para producir los cereales que consumen.
Mientras una parte del planeta necesita comprar alimentos para sobrevivir, la Argentina dispone de tierra, agua, conocimiento, tecnología, productores, contratistas, técnicos, trabajadores, puertos y una extensa cadena agroindustrial capaz de producir mucho más de lo que consume.
El informe de la FAO coloca a nuestro país junto con Australia, Canadá y Ucrania entre las naciones cuyas exportaciones netas de cereales superaron en más de un ciento por ciento sus necesidades internas durante el período 2021-2023.
Ese dato debería ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el futuro argentino.
No somos solamente un país que exporta granos. Somos uno de los territorios con capacidad real de contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Pero esa condición natural y productiva no alcanza por sí sola. Puede fortalecerse o perderse. Puede convertirse en una plataforma de desarrollo nacional o quedar reducida a una fuente de recursos fiscales de corto plazo.
Durante demasiado tiempo, la Argentina trató a su principal sector exportador como si fuera una reserva impositiva disponible para cubrir cualquier desequilibrio del Estado.
Cada vez que faltaron recursos, se aumentaron impuestos, se modificaron derechos de exportación, se establecieron cupos, se cerraron mercados o se alteraron las reglas. Se pretendió que el productor siguiera invirtiendo, produciendo y exportando mientras se modificaban permanentemente las condiciones bajo las cuales debía tomar decisiones.
Ninguna actividad que depende del clima, de ciclos biológicos, de inversiones de largo plazo y de precios internacionales puede desarrollarse plenamente en semejante incertidumbre.
Retenciones: un impuesto que castiga la producción
La eliminación de los derechos de exportación debe transformarse en una política de Estado.
No puede depender del precio internacional de un cultivo, de una necesidad fiscal circunstancial o del calendario electoral. Tampoco puede limitarse a anuncios temporarios que obliguen al productor a acelerar ventas para aprovechar una ventana de reducción.
La Argentina necesita una hoja de ruta pública, gradual, verificable y definitiva para eliminar las retenciones.
Los derechos de exportación castigan la producción en su origen. Se aplican sobre el ingreso bruto y no sobre la rentabilidad. No distinguen entre un productor ubicado cerca de un puerto y otro que debe transportar su cosecha cientos de kilómetros. Tampoco contemplan adecuadamente las diferencias de escala, rendimiento, clima o estructura de costos.
Su eliminación deberá acompañarse con responsabilidad fiscal. Sería engañoso sostener que basta con suprimir un impuesto sin revisar el gasto, ordenar las cuentas públicas y construir un sistema tributario más racional. Pero tampoco es aceptable mantener indefinidamente un tributo distorsivo porque el Estado no logra corregir sus propias ineficiencias.
El esfuerzo fiscal no puede recaer siempre sobre quien produce, invierte y exporta.
Menos presión fiscal y reglas que se puedan creer
La reducción de las retenciones debe formar parte de una reforma más amplia.
El productor y las empresas de la cadena agroindustrial conviven con impuestos nacionales, provinciales y municipales, tasas que muchas veces no tienen contraprestación, saldos impositivos que se acumulan y regímenes administrativos que consumen tiempo y recursos.
No se necesita ausencia del Estado. Se necesita un Estado que cumpla mejor sus funciones, cobre de manera razonable y deje de convertir cada trámite en una carrera de obstáculos.
La producción demanda estabilidad macroeconómica, acceso al crédito, moneda confiable, reglas comerciales previsibles y un sistema tributario que premie la inversión en lugar de penalizarla.
Sin estas condiciones, cualquier ventaja natural termina diluyéndose.
Producir no alcanza si no se puede transportar
La competitividad no termina en la tranquera.
Un país que pretende consolidarse como proveedor mundial de alimentos no puede aceptar rutas deterioradas, caminos rurales intransitables, puentes inseguros, ferrocarriles insuficientes y costos logísticos que aumentan con cada kilómetro que separa al productor del puerto.
Los caminos rurales no son un problema exclusivamente municipal. Son la primera etapa de la red exportadora argentina. Por allí circulan la producción, los trabajadores, los insumos, los servicios sanitarios, las ambulancias, los docentes y los alumnos de las escuelas rurales.
Cuando un camino se vuelve intransitable, no queda aislado solamente un establecimiento. Se interrumpe una cadena económica y social completa.
La Argentina debe recuperar una planificación federal de infraestructura que integre caminos rurales, rutas nacionales y provinciales, ferrocarriles de carga, centros de almacenamiento, conectividad digital, energía y puertos.
La obra pública productiva no debe decidirse solamente por su visibilidad política. Debe evaluarse por su capacidad para reducir costos, conectar regiones y multiplicar inversiones privadas.
La Hidrovía requiere control, inversión y transparencia
La Hidrovía Paraná-Paraguay es una de las arterias fundamentales del comercio exterior argentino. Por allí circula una parte decisiva de la producción agroindustrial del país y de la región.
No alcanza con asegurar su navegabilidad. También es necesario intensificar los controles aduaneros, fiscales, ambientales, sanitarios y de seguridad. La Argentina debe saber qué circula, quién lo transporta, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de fiscalización.
Controlar no significa obstaculizar. Significa ordenar, transparentar y proteger.
Una Hidrovía eficiente requiere dragado, balizamiento, tecnología, información pública, controles coordinados y reglas claras para todos los operadores. También demanda una mirada estratégica que combine competitividad, soberanía, seguridad y sostenibilidad ambiental.
Lo mismo ocurre con los puertos. Necesitamos terminales navegables, competitivas y conectadas con las zonas productivas durante todo el año. La falta de profundidad, las demoras operativas y las deficiencias de acceso se transforman en sobrecostos que finalmente paga toda la cadena.
La producción argentina compite con países que planifican su infraestructura con décadas de anticipación. Nosotros no podemos continuar discutiendo los mismos problemas cada cuatro años.
Seguridad para quienes viven y trabajan en el interior
No existe desarrollo productivo sin seguridad.
Los delitos rurales, el robo de ganado, la sustracción de maquinaria, el vandalismo, los ataques a silobolsas y el ingreso a establecimientos no pueden ser considerados episodios menores.
Detrás de cada hecho existe una familia, una inversión y un esfuerzo que muchas veces llevó generaciones construir.
Se necesita una política federal de seguridad rural que coordine fuerzas nacionales, provinciales y locales; incorpore tecnología; fortalezca la trazabilidad; mejore la presencia territorial y acelere la respuesta judicial.
El productor no puede ser abandonado después de generar empleo, pagar impuestos y sostener la actividad económica de numerosas localidades.
Las economías regionales también son exportación y arraigo
Pensar a la Argentina como proveedor de alimentos no significa mirar exclusivamente a la soja, el maíz o el trigo.
La vitivinicultura, la yerba mate, el té, el tabaco, la producción frutícola, la horticultura, el arroz, el algodón, el azúcar, el maní, la olivicultura, la apicultura, la pesca, la actividad forestal, los cítricos y tantas otras producciones regionales representan empleo, identidad, arraigo y desarrollo territorial.
Muchas de estas actividades enfrentan costos logísticos más altos, mercados concentrados, dificultades de financiamiento y una presión fiscal que no contempla sus particularidades.
El país necesita políticas diferenciadas, pero no privilegios permanentes. Debe facilitar inversiones, agregado de valor, acceso al crédito, incorporación de tecnología, apertura de mercados y asociativismo.
Una economía regional que desaparece no deja únicamente de exportar. También vacía pueblos, destruye empleo y profundiza la concentración urbana.
La agricultura familiar no puede quedar afuera
La agricultura familiar cumple un papel decisivo en la producción de alimentos frescos, el abastecimiento de los mercados locales, el cuidado del territorio y la vida de numerosas comunidades rurales.
Sin embargo, sus integrantes suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a la tierra, el agua, el crédito, la tecnología, la capacitación, los seguros, la formalización y los canales comerciales.
Apoyar a la agricultura familiar no significa aislarla del mercado ni condenarla a depender indefinidamente de subsidios. Significa brindarle herramientas para que produzca mejor, se asocie, incorpore valor, cumpla estándares sanitarios y llegue directamente al consumidor, a la industria o a la exportación.
La verdadera inclusión productiva no consiste en administrar pobreza rural. Consiste en crear oportunidades para que más familias puedan vivir dignamente de su trabajo.
Una política de Estado y no un programa electoral
El actual Gobierno nacional tiene la responsabilidad de comenzar este camino. Los gobiernos que vengan tendrán la obligación de continuarlo, mejorarlo y evitar nuevos retrocesos.
No puede existir una política agroindustrial para cada administración. La producción necesita horizontes más largos que un mandato presidencial.
La Argentina debe acordar una estrategia nacional de desarrollo agroalimentario que establezca objetivos concretos para las próximas décadas: producir más, exportar más, agregar valor, diversificar mercados, reducir costos, cuidar los recursos y garantizar el acceso interno a los alimentos.
El informe de la FAO advierte que las restricciones a las exportaciones aplicadas por los grandes productores reducen la oferta mundial, trasladan inestabilidad a otros mercados y pueden agravar la inseguridad alimentaria. También señala que las políticas transparentes, predecibles y cooperativas fortalecen la confianza y la capacidad de los mercados para superar las crisis.
La enseñanza para la Argentina es evidente.
Ser un proveedor confiable implica producir, pero también cumplir. Significa no cerrar exportaciones cada vez que aumentan los precios internacionales. Significa respetar contratos, sostener reglas, invertir en infraestructura y comprender que la confianza comercial tarda años en construirse y puede perderse con una sola decisión improvisada.
El comercio abierto tampoco resolverá por sí solo todos nuestros problemas. La propia FAO sostiene que deben complementarse los mercados con inversiones en infraestructura, información, protección social y sistemas agroalimentarios más resistentes.
Por eso, la discusión no debe presentarse como una falsa elección entre exportar o alimentar a los argentinos.
Un país que produce más, invierte, reduce costos, agrega valor y genera empleo está en mejores condiciones de exportar y de abastecer su mercado interno. La escasez no se combate castigando la producción. Se combate ampliándola, mejorando la competencia y protegiendo de manera directa a quienes no pueden acceder a los alimentos.
La Argentina posee una de las plataformas agroalimentarias más importantes del planeta. El mundo necesita alimentos y necesita proveedores confiables. Nosotros podemos serlo.
Pero el potencial no es un destino asegurado.
Sin reglas, infraestructura, seguridad, menor presión fiscal, puertos eficientes, control de la Hidrovía, apoyo a las economías regionales y oportunidades para la agricultura familiar, seguiremos hablando de lo que podríamos ser.
Ha llegado el momento de dejar de administrar el potencial y comenzar a transformarlo en desarrollo.
El campo y la agroindustria no reclaman favores. Reclaman condiciones para producir, competir y crecer.
Y el país necesita comprender, de una vez por todas, que fortalecer a quienes generan alimentos, empleo, divisas y arraigo no es una concesión sectorial.
Es una política de desarrollo nacional.
Fuente de la información utilizada:
FAO. 2026. Versión resumida de El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2026. Comercio, resiliencia y seguridad alimentaria: los mercados mundiales de alimentos bajo presión. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma. Las opiniones, valoraciones y propuestas expresadas en este editorial pertenecen exclusivamente al auto
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