El ingeniero agrónomo Luis Villa, consultor agropecuario, recordó las advertencias que realizó en 2006 sobre un controvertido informe de la FAO y cuestionó la falta de reacción de la dirigencia argentina. Dos décadas después, la regulación europea contra la deforestación vuelve a colocar a la ganadería y a otras producciones agropecuarias frente a exigencias ambientales que también tienen consecuencias comerciales.
En noviembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un trabajo que terminaría convirtiéndose en una referencia internacional para el debate sobre la relación entre la actividad ganadera y el cambio climático. Bajo el título Livestock’s Long Shadow, conocido posteriormente en español como La larga sombra del ganado, el organismo sostuvo que la producción pecuaria era responsable del 18% de las emisiones antropogénicas mundiales de gases de efecto invernadero. La cifra recorrió el mundo, ocupó espacios destacados en los medios de comunicación y contribuyó a instalar una discusión que, veinte años después, continúa influyendo sobre la percepción ambiental de la producción de carne y leche.
Para el ingeniero agrónomo Luis Villa, consultor agropecuario, aquel episodio representa mucho más que una controversia científica. Constituye, según su interpretación, un antecedente de los conflictos que actualmente enfrenta la producción argentina ante las regulaciones ambientales de los mercados internacionales. Al cumplirse dos décadas de aquella publicación, Villa recuperó una experiencia personal que considera reveladora de la escasa capacidad de anticipación del sector.
«Se cumplen 20 años de la ignominiosa publicación original de la FAO ‘La larga sombra del ganado'», expresó el especialista, quien recordó que por entonces estaba suscripto al servicio de información del organismo internacional y recibió la noticia prácticamente al día siguiente de su difusión.
Su reacción, según relató, fue inmediata. Envió correos electrónicos a dirigentes y productores agropecuarios para advertir sobre el contenido y las posibles consecuencias del documento. Sin embargo, no obtuvo respuestas.
Atribuye aquel silencio a una combinación de circunstancias que caracterizaban al sector y a la comunicación de esos años. El documento estaba disponible originalmente en inglés, la actividad agrícola atravesaba el período de siembra gruesa y todavía no existía la capacidad de intercambio inmediato que posteriormente proporcionarían las redes sociales. Pero también identifica responsabilidades propias: falta de inquietud, desinterés y escasa disposición para analizar acontecimientos internacionales que podían terminar condicionando a la producción nacional.
La versión española del informe apareció en 2009, tres años después de la publicación original. Para entonces, sus conclusiones ya habían alcanzado una difusión considerable y contribuido a establecer una asociación entre ganadería y deterioro ambiental que sería utilizada en numerosas discusiones públicas.
El problema de comparar actividades con criterios diferentes
La principal controversia científica estuvo relacionada con la metodología empleada para calcular y presentar las emisiones. El trabajo de la FAO examinó a la producción ganadera mediante una aproximación de ciclo de vida que incorporaba emisiones directas e indirectas: fermentación entérica, manejo del estiércol, fabricación de fertilizantes, producción de alimentos para animales, cambios en el uso de la tierra, procesamiento y transporte de productos.
Ese enfoque permitía obtener una visión amplia de la actividad, pero introducía una dificultad cuando sus resultados eran comparados con los correspondientes a otros sectores económicos.
El informe sostuvo que las emisiones atribuidas a la ganadería superaban las del transporte. Sin embargo, la comparación no utilizaba límites equivalentes: mientras que para la producción animal se contemplaban distintas etapas de la cadena, en el transporte predominaban las emisiones directas de funcionamiento, sin incorporar de manera comparable la totalidad de su ciclo de vida.
La objeción fue desarrollada posteriormente por investigadores, entre ellos Frank Mitloehner, de la Universidad de California en Davis. En 2010, Pierre Gerber, uno de los autores vinculados al informe de la FAO, reconoció públicamente la debilidad de aquella comparación.
La crítica no demuestra que la ganadería carezca de impacto climático, pero sí que la comparación que adquirió mayor notoriedad pública no había sido construida sobre bases metodológicas equivalentes.
Villa distingue entre la información técnica contenida en el documento y la interpretación política que, a su juicio, terminó imponiéndose. Incluso reconoce que se trató de un trabajo interesante, con abundante información y conocimientos relevantes. Su cuestionamiento apunta al tratamiento final de los grandes números y a las conclusiones que trascendieron internacionalmente.
El consultor considera que allí existió una intervención política que perjudicó la imagen del sector. Esa afirmación corresponde a su evaluación del proceso y no debe confundirse con una manipulación deliberada documentalmente acreditada. Lo que sí quedó establecido en la discusión científica posterior es que la comparación con el transporte tenía limitaciones y podía generar interpretaciones equivocadas.
Las cifras cambiaron, pero la discusión permaneció
Con el transcurso de los años, la propia FAO revisó y perfeccionó sus modelos de estimación. En 2013 calculó que las cadenas ganaderas representaban aproximadamente el 14,5% de las emisiones antropogénicas globales. Una evaluación difundida en 2023, basada en una nueva versión de su modelo GLEAM, estimó esa participación en torno al 12%, equivalente a 6.200 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono equivalente, utilizando 2015 como año de referencia.
La evolución de las estimaciones refleja modificaciones metodológicas, mejoras en la información disponible y diferencias en los períodos analizados. Por esa razón, no corresponde interpretar automáticamente la disminución porcentual como una reducción efectiva de emisiones de idéntica magnitud.
En cualquier caso, la revisión de los números confirma que las estimaciones ambientales no son inmutables y que sus resultados dependen de los criterios utilizados. También demuestra la necesidad de distinguir entre las emisiones globales de una actividad y el comportamiento específico de los distintos sistemas productivos.
La ganadería pastoril, los sistemas intensivos, los establecimientos ubicados en regiones con cambios recientes de uso del suelo y aquellos que producen sobre superficies históricamente destinadas a la actividad presentan características diferentes. Esas particularidades resultan relevantes al momento de evaluar huellas ambientales, productividad, intensidad de emisiones y posibilidades de mitigación.
Un episodio de 2010 que Villa todavía cuestiona
El consultor recuerda especialmente un acontecimiento ocurrido cuatro años después de la publicación original. Durante el 18º Congreso Mundial de la Carne, organizado en Buenos Aires en 2010, Henning Steinfeld, uno de los principales responsables de Livestock’s Long Shadow, participó como expositor en una sesión dedicada a los desafíos de la sustentabilidad.
La presencia del especialista de la FAO está documentada en las crónicas de aquel encuentro, organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el marco del Congreso Mundial de la Carne.
Para Villa, la invitación representó una contradicción difícil de justificar, teniendo en cuenta el impacto que, según su evaluación, había provocado el documento sobre la imagen internacional de la actividad ganadera. Su cuestionamiento no se limita a la figura de Steinfeld, sino que apunta a la actitud de las instituciones argentinas frente a discusiones científicas y políticas que podían afectar al sector.
La participación del investigador también admite otra lectura: abrir un debate técnico con uno de los autores del informe permitía discutir sus conclusiones en un ámbito especializado. La cuestión de fondo, sin embargo, sigue siendo si la dirigencia aprovechó suficientemente esas oportunidades para construir una posición propia, respaldada por información científica y una estrategia internacional sostenida.
De la discusión climática a las nuevas exigencias comerciales de Europa
Veinte años después, encuentra un paralelismo con el Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, mediante el cual la Unión Europea estableció obligaciones para comercializar determinados productos asociados con riesgos de deforestación y degradación forestal.
La normativa comprende cadenas vinculadas con el ganado bovino, la soja, el café, el cacao, el aceite de palma, el caucho y la madera, además de determinados productos derivados. Su aplicación exige demostrar, entre otras condiciones, que las mercaderías alcanzadas no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y que fueron producidas conforme a la legislación correspondiente.
Para acreditar esas condiciones, el régimen incorpora exigencias de diligencia debida, documentación y trazabilidad territorial, incluyendo información de geolocalización. Después de sucesivas postergaciones, el calendario vigente establece el comienzo de las obligaciones principales para los operadores medianos y grandes el 30 de diciembre de 2026, mientras que determinados operadores pequeños y microempresas cuentan con plazo hasta el 30 de junio de 2027.
Aunque la EUDR se concentra en la deforestación y no constituye una regulación directa de emisiones ganaderas, su funcionamiento vuelve a plantear una discusión sobre la capacidad de los países productores para cumplir con condiciones ambientales establecidas por sus compradores.
Para Argentina, el desafío combina aspectos comerciales, técnicos e institucionales. La necesidad de documentar el origen de la producción, verificar antecedentes territoriales y proporcionar información confiable obliga a coordinar esfuerzos entre productores, industrias, exportadores, organismos técnicos y autoridades públicas.
En ese escenario también adquieren relevancia las discusiones sobre sistemas de trazabilidad y plataformas de certificación vinculadas con las exportaciones, entre ellas VISEC. Sin embargo, corresponde distinguir el reglamento europeo, que establece las obligaciones de acceso al mercado, de los mecanismos desarrollados para facilitar su cumplimiento.
Villa interpreta estas nuevas exigencias como parte de una continuidad histórica. «Las cosas no suceden en el vacío, siempre hay antecedentes», sostiene, y vincula las controversias ambientales internacionales con lo que considera una recurrente falta de reacción de la dirigencia agropecuaria argentina.
No obstante, la relación entre el informe de 2006 y la normativa europea actual debe entenderse como una comparación histórica y política, no como una relación causal demostrada. La regulación contra la deforestación responde a un proceso legislativo propio y a objetivos ambientales diferentes de los que abordaba aquel documento de la FAO.
El verdadero desafío: anticiparse en lugar de reaccionar
Más allá de las diferencias entre ambos procesos, las declaraciones del consultor colocan sobre la mesa una pregunta incómoda para la dirigencia agropecuaria: cuánto tiempo dedica el sector a observar los debates internacionales antes de que se transformen en regulaciones, restricciones comerciales o nuevas condiciones para producir y exportar.
La experiencia de 2006 permite advertir que un informe técnico elaborado a miles de kilómetros puede alcanzar enorme repercusión pública e influir sobre el debate político y comercial. También muestra que las dificultades metodológicas deben ser discutidas con evidencia, porque una objeción científica fundada tiene mayor capacidad de incidencia que una descalificación general.
La defensa de los sistemas productivos argentinos exige comprender sus impactos ambientales reales, identificar sus diferencias respecto de otros modelos internacionales y disponer de información que permita responder a cuestionamientos externos. Eso incluye reconocer problemas existentes y, al mismo tiempo, exigir que las comparaciones y regulaciones se construyan sobre criterios transparentes, verificables y técnicamente consistentes.
El planteo de Villa adquiere particular actualidad porque la discusión europea ya no se desarrolla exclusivamente en informes académicos o foros ambientales. Se traduce en obligaciones concretas que pueden modificar los procedimientos necesarios para acceder a determinados mercados.
«Ahora estamos en un nuevo embate, que está recomenzando», advierte el consultor.
Su reflexión final apunta a una debilidad que considera persistente: la tendencia del sector agropecuario argentino a reaccionar cuando las decisiones internacionales ya han sido tomadas, en lugar de intervenir tempranamente en los espacios donde se elaboran los diagnósticos, se discuten las metodologías y se diseñan las reglas.
A veinte años de La larga sombra del ganado, la cuestión no consiste solamente en revisar si aquella comparación ambiental fue correcta. El interrogante es si Argentina desarrolló, durante estas dos décadas, la capacidad científica, institucional y política necesaria para defender sus sistemas productivos con argumentos propios, anticiparse a las nuevas exigencias y participar activamente en la construcción de las reglas que condicionarán su futuro.
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