El campo reclama por partes y la política responde a destiempo

Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario

Desde las retenciones hasta la inseguridad rural, los planteos realizados por CRA en distintas provincias muestran que la actividad agropecuaria continúa acumulando problemas estructurales. Mientras el Gobierno administra sus prioridades, la falta de una estrategia pública más firme y unificada de la Mesa de Enlace reduce la capacidad de presión del sector.

Los reclamos del campo argentino cambian de escenario, de provincia y de protagonista, pero conservan un denominador común: se acumulan mientras las soluciones llegan tarde, son parciales o directamente no llegan.

En apenas unos días, dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas pusieron sobre la mesa una agenda que va desde las retenciones hasta la inseguridad rural. Entre ambos extremos aparecen la falta de infraestructura, una Ley de Emergencia Agropecuaria que necesita actualizarse, la ausencia de reglas claras para promover buenas prácticas, los conflictos entre la producción, el ambiente y el derecho de propiedad, y una creciente sensación de indefensión frente al vandalismo.

No son asuntos aislados. Son partes de un mismo problema: producir en la Argentina todavía exige convivir con demasiadas cargas, incertidumbres y riesgos que no dependen del productor.

Las retenciones siguen encabezando la lista

El primer reclamo continúa siendo el más antiguo y, probablemente, el más difícil de resolver: los derechos de exportación.

En Canals, Córdoba, el vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, volvió a sintetizar la posición histórica de la entidad: “El verdadero plan productivo empieza cuando desaparecen las retenciones”.

La frase no admite demasiadas interpretaciones. Para una parte importante del sector, reducir temporalmente las alícuotas puede representar un alivio, pero no modifica la naturaleza del impuesto ni garantiza previsibilidad. El productor necesita tomar decisiones que abarcan varias campañas, invertir, asumir riesgos climáticos y comprometer capital. No puede organizarse sobre anuncios transitorios o beneficios con fecha de vencimiento.

Las retenciones reducen el precio que recibe por su producción, afectan la capacidad de reinversión y castigan especialmente a quienes trabajan lejos de los puertos, donde al impuesto se suman fletes elevados y una infraestructura muchas veces deficiente.

Por eso, la discusión no debería limitarse a cuánto puede resignar el Estado en un momento determinado. La verdadera pregunta es cuánto crecimiento, inversión y producción deja de generar el país por mantener un tributo que desalienta a su principal sector exportador.

El Gobierno sostiene que la eliminación depende del equilibrio fiscal. El campo, en cambio, advierte que sus tiempos económicos no pueden quedar indefinidamente subordinados a los tiempos de la política. Ambos argumentos forman parte de la realidad, pero el problema aparece cuando la promesa de avanzar se convierte en una espera sin horizonte.

Caminos, emergencias y buenas prácticas

Desde Buenos Aires, Carlos Bilbao agregó otros reclamos concretos: infraestructura, una Ley de Buenas Prácticas Agrícolas y la actualización de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

En el interior productivo, un camino rural destruido no es una incomodidad. Puede impedir sacar la cosecha, trasladar hacienda, recibir insumos, llevar leche a una planta o permitir que una familia llegue a una escuela o a un centro de salud.

La infraestructura rural sigue apareciendo en los discursos, pero con demasiada frecuencia desaparece de las prioridades presupuestarias. El productor paga impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, aunque eso no siempre se traduce en caminos transitables, conectividad, obras hidráulicas o energía suficiente.

La emergencia agropecuaria también suele activarse detrás de los acontecimientos. Primero llega la sequía, la inundación, el incendio o la helada. Después comienzan las evaluaciones, los pedidos provinciales, las declaraciones y los trámites. Cuando finalmente aparece el beneficio, muchas veces el daño económico ya es irreversible.

Una emergencia no puede administrarse únicamente como una postergación impositiva para un productor que perdió ingresos y, en algunos casos, también perdió su capital de trabajo. La legislación debe actualizarse para brindar respuestas rápidas, automáticas y acordes con la dimensión efectiva del perjuicio.

El planteo bonaerense sobre buenas prácticas agrícolas completa esa mirada. El sector necesita normas que reconozcan y estimulen a quienes producen responsablemente, pero esas reglas deben ser claras, técnicamente fundamentadas y posibles de aplicar. Una buena práctica deja de ser una herramienta cuando se convierte en otra capa burocrática diseñada desde una oficina alejada de la realidad productiva.

Proteger el ambiente sin desconocer la propiedad

En Chaco, el vicepresidente tercero de CRA, Pablo Sánchez, sostuvo que “la protección ambiental y el derecho de propiedad no son objetivos contrapuestos”.

El concepto resulta central. El cuidado ambiental no puede ser presentado como enemigo de la producción, del mismo modo que la propiedad privada no puede convertirse en una autorización para incumplir las normas.

La Argentina necesita políticas ambientales firmes, pero también previsibles. El productor que cumplió con la legislación, realizó inversiones y conservó recursos no puede quedar expuesto a cambios permanentes de criterios, superposiciones jurisdiccionales o restricciones sin fundamentos técnicos.

Producción y ambiente deben integrarse dentro de un mismo ordenamiento. Convertirlos en adversarios puede resultar funcional para determinados discursos políticos, pero no resuelve la conservación de los recursos ni mejora la producción.

Del vandalismo a la inseguridad cotidiana

En Salta, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, reclamó que el Congreso avance con una legislación específica contra el vandalismo rural. En Entre Ríos, el vicepresidente segundo, Juan Diego Colombatto, destacó el inicio del tratamiento parlamentario de una iniciativa impulsada por la entidad.

El proyecto busca modificar el Código Penal para establecer sanciones específicas frente a daños contra silobolsas, cultivos, ganado, forrajes e infraestructura productiva. Castagnani recordó que durante mucho tiempo estos episodios quedaron impunes y señaló que el Congreso tiene la posibilidad de saldar una deuda con miles de productores. El debate legislativo constituye un avance, pero todavía no es una solución efectiva hasta que exista una ley y pueda aplicarse. CRA⁠, Cámara de Diputados⁠.

Además, el vandalismo representa solamente una parte de la inseguridad rural. A ello se suman el abigeato, el robo de maquinaria, cables, transformadores, herramientas, agroquímicos y combustible, junto con los ataques contra establecimientos y trabajadores.

La distancia entre los campos, la falta de patrullaje, las comunicaciones deficientes y las demoras judiciales agravan esa vulnerabilidad. No alcanza con endurecer las penas si no existen prevención, investigación, fiscalías capacitadas y coordinación entre fuerzas provinciales y federales.

Una Mesa de Enlace que pierde volumen cuando habla por separado

Los reclamos formulados por CRA son atendibles, pero también dejan expuesta una debilidad del propio sector: la falta de una estrategia sostenida y verdaderamente unificada de la Mesa de Enlace.

Las cuatro entidades se reúnen con el Gobierno, presentan documentos y trasladan propuestas. El problema comienza después. Cuando las respuestas se demoran o la situación se vuelve más compleja, algunas organizaciones levantan públicamente el tono, mientras otras eligen la prudencia o directamente guardan silencio.

Esa diferencia puede responder a las distintas bases, historias y estrategias institucionales. Pero hacia afuera tiene un efecto evidente: fragmenta el mensaje y reduce la presión.

La Mesa de Enlace no necesita que sus integrantes piensen exactamente igual. Necesita acordar prioridades, plazos y límites. Si las retenciones son consideradas el principal obstáculo para la producción, las cuatro entidades deberían sostener el reclamo con la misma claridad. Si la inseguridad rural es una amenaza creciente, debería existir una posición conjunta y un seguimiento permanente del proyecto legislativo.

Una fotografía después de una reunión oficial no constituye una política gremial. Tampoco alcanza con entregar carpetas, escuchar explicaciones y esperar una nueva convocatoria. El diálogo es indispensable, pero solo resulta productivo cuando incluye objetivos concretos, responsables y plazos verificables.

La política puede esperar; la producción, no

Los tiempos del Gobierno están determinados por el equilibrio fiscal, las negociaciones legislativas y las prioridades electorales. Los tiempos del productor están marcados por la siembra, la cosecha, el clima, los vencimientos, la alimentación de los animales y la necesidad de sostener el establecimiento todos los días.

Esa diferencia explica por qué los reclamos se hacen cada vez más fuertes.

Desde las retenciones hasta la inseguridad rural, la agenda expuesta por CRA demuestra que el campo no está reclamando un único beneficio. Está pidiendo condiciones básicas para producir: rentabilidad, infraestructura, previsibilidad, seguridad jurídica y protección frente al delito.

El Gobierno debe comprender que escuchar no equivale a resolver. Y las entidades tienen que asumir que reclamar de manera separada debilita incluso los argumentos más sólidos.

La producción argentina posee capacidad para crecer, invertir y generar muchas más divisas. Pero esa posibilidad no es automática ni infinita. Si la política continúa postergando las respuestas y la representación rural sigue dispersando sus reclamos, los problemas permanecerán. Y el costo no lo pagará únicamente el productor: lo terminará pagando todo el país.