2027: ¿el campo volverá a ser la caja de la emergencia?

Los municipios enfrentan menos recursos y más demandas sociales. Ante la proximidad electoral, el interrogante es si la baja de las retenciones terminará neutralizada por mayores tasas locales o por la reasignación de fondos destinados a los caminos rurales.

A poco más de un año de las elecciones de 2027, la política comienza a mirar nombres, alianzas y candidaturas. Sin embargo, por debajo de esa discusión aparece otra pregunta mucho más incómoda: ¿con qué recursos se van a gobernar los municipios si la crisis social se profundiza? El interrogante fue planteado por el intendente de Tres Arroyos, Pablo Gárate, y merece ser tomado en serio porque describe una realidad que excede a un distrito y a un partido político.

Cuando una familia no puede pagar un medicamento, necesita atención médica, reclama por una calle o busca asistencia alimentaria, rara vez se detiene a determinar si la responsabilidad corresponde a Nación, Provincia o municipio. Va al mostrador más cercano. Y ese mostrador es, casi siempre, la municipalidad. Allí terminan confluyendo demandas sanitarias, sociales, educativas, de seguridad e infraestructura que muchas veces exceden las competencias y los recursos locales.

Gárate sostiene que Tres Arroyos recibió durante 2025 alrededor de $3.500 millones menos de coparticipación que lo previsto en su presupuesto, en un contexto de caída real de los recursos distribuidos. Preocupante que la masa a repartir pierda capacidad para financiar los servicios proyectados.

El presupuesto consolidado de Tres Arroyos para 2026 ronda los $79.890 millones y el sistema municipal de salud absorbe aproximadamente $19.208 millones, cerca de una cuarta parte del total. No es difícil comprender la presión que significa sostener hospitales y atender una demanda creciente cuando se reducen las transferencias nacionales, la coparticipación no alcanza lo proyectado y también cae la cobrabilidad de las tasas.

El problema tampoco pertenece solamente a Gárate. En Tandil, Miguel Lunghi informó que la cobrabilidad municipal descendió de más del 75% al 56% y calculó unos $3.000 millones menos de coparticipación. En Chascomús, Javier Gastón describió que la cobrabilidad de las tasas municipales se encuentra cercana al 60% con servicios cuyos costos continúan creciendo. Intendentes de distintas fuerzas políticas reclamaron, además, una mayor participación en la recaudación del impuesto a los combustibles. El diagnóstico es transversal: los municipios reciben más problemas de los que pueden financiar.

Pero la pregunta que desvela al campo comienza exactamente donde termina ese diagnóstico. Si los intendentes no pueden cerrar hospitales, suspender la recolección de residuos, abandonar la asistencia social ni dejar de pagar salarios —y mucho menos querrán hacerlo durante un año electoral—, ¿de dónde saldrá el dinero? Los municipios tienen un acceso limitado al endeudamiento y escaso margen para crear grandes fuentes nuevas de ingresos. Las alternativas inmediatas son reducir gastos, aumentar tasas o disponer de recursos que originalmente tenían otro destino.

Allí aparece el riesgo de que el productor agropecuario vuelva a convertirse en la caja disponible de una emergencia que no provocó. No hace falta imaginar una conspiración ni atribuir una decisión que todavía no existe. Basta con observar los incentivos: la tierra no puede trasladarse a otro municipio, el contribuyente rural está identificado, sus activos son visibles y la tasa vial ofrece una recaudación relativamente estable. En tiempos de escasez, ese fondo resulta tentador.

Los antecedentes obligan a formular la pregunta. En Carlos Casares se reconoció que una parte de lo recaudado por la tasa vial se destinaba a rentas generales. En 9 de Julio se admitió un esquema similar. En Daireaux, una pericia incorporada a un fallo de primera instancia determinó que durante 2022 y 2023 se utilizaron porcentajes de la recaudación vial para otros fines; la sentencia está apelada. En Coronel Suárez, la intención de ampliar la libre disponibilidad de esos recursos, bajo argumentos financieros y sanitarios, provocó una fuerte reacción de las entidades rurales. Los casos no tienen el mismo valor jurídico, pero muestran que el conflicto no es hipotético.

Una tasa no es un impuesto de libre disponibilidad. Se cobra porque existe un servicio concreto, divisible y relacionado con el contribuyente. Si el productor paga para conservar los caminos y el dinero termina financiando el hospital, la asistencia social o los salarios, podrá existir una explicación política atendible, pero se habrá alterado la razón por la cual se exigió ese pago. La salud merece recursos; lo que no corresponde es financiarla bajo el nombre de mantenimiento vial sin transparentar la decisión.

Este debate adquiere otra dimensión después de la reducción de las retenciones. El Gobierno nacional puede presentar una baja de los derechos de exportación como un alivio para el sector, pero ese beneficio podría diluirse si provincias y municipios interpretan que se abrió un nuevo espacio para aumentar tasas por hectárea, sobretasas sobre combustibles o contribuciones extraordinarias. Al productor no le cambia demasiado cuál es la ventanilla que le cobra: la presión fiscal es la suma de todas.

Por eso el movimiento inverso merece ser observado desde ahora. La Nación reduce parcialmente un impuesto distorsivo, pero el alivio termina absorbido por cargas municipales que, además, pueden no guardar relación con el servicio prestado. En ese escenario no habría una baja genuina de la presión fiscal, sino un desplazamiento desde una jurisdicción hacia otra y desde un tributo explícito hacia mecanismos más fragmentados y difíciles de comparar

Los datos disponibles tampoco permiten simplificaciones. El portal menosimpuestos.com.ar ubica a Tres Arroyos en una posición relativamente baja dentro de su índice de presión fiscal y muestra un gasto en personal contenido frente a otros distritos. Sin embargo, su indicador abarca sólo una parte de los municipios, no mide la carga efectiva sobre el productor rural y no expone de manera completa las fuentes y períodos utilizados. Sirve como referencia, no como prueba. También deja al descubierto una carencia más profunda: la provincia no cuenta con una comparación integral, homogénea y accesible sobre cuánto recauda cada municipio por tasas rurales y cuánto devuelve en caminos.

Gárate calcula que Tres Arroyos aporta entre $20.000 y $30.000 millones mediante impuestos relacionados con los combustibles y cuestiona que ese dinero no regrese en inversiones nacionales identificables. La metodología de esa estimación no fue publicada y la legislación no establece una devolución directa al municipio donde se carga combustible. Pero el razonamiento político plantea una regla válida: quien recauda en un territorio debe explicar de qué manera esos recursos vuelven a sus habitantes.

Esa regla, sin embargo, debe aplicarse en las dos direcciones. Si el municipio exige a la Nación que muestre cuánto devuelve de lo que recauda en Tres Arroyos, también debe informar cuánto ingresa por la tasa vial, qué transferencias provinciales recibe para caminos, cuánto gasta efectivamente, qué tareas realiza y qué parte termina en otros servicios. La correspondencia fiscal no puede reclamarse hacia arriba y olvidarse hacia abajo.

De cara a 2027, los candidatos a intendente deberían responder antes de las elecciones si mantendrán cuentas separadas para los recursos viales, si publicarán mensualmente su recaudación y ejecución, si permitirán auditorías con participación de los productores y si se comprometerán a no financiar gastos generales mediante tasas creadas para servicios específicos. También deberán explicar qué ajustes realizarán antes de pedir un nuevo esfuerzo a quienes producen.

El dilema no consiste en elegir entre caminos rurales y hospitales. Esa oposición es falsa y termina enfrentando necesidades igualmente legítimas. La obligación de la política es definir fuentes transparentes para cada servicio, discutir prioridades y asumir el costo de explicarlas. Convertir una tasa afectada en una caja de emergencia puede resolver un cierre presupuestario, pero erosiona la confianza, deteriora los caminos y transforma una contribución vinculada con un servicio en un impuesto encubierto.

El campo ha sido demasiadas veces presentado como la solución inmediata para cada crisis fiscal. Aportó retenciones cuando faltaban dólares, mayores impuestos inmobiliarios cuando faltaban recursos provinciales y tasas crecientes cuando los municipios no podían equilibrar sus cuentas. La solidaridad no puede convertirse en una obligación unilateral y permanente, mucho menos cuando no existe trazabilidad sobre el destino del dinero.

Por eso la pregunta debe formularse ahora y no después de las elecciones: si la situación social empeora y las arcas municipales se debilitan, ¿se respetarán los fondos destinados al mantenimiento de los caminos o el campo volverá a ser utilizado como la caja de la emergencia? La respuesta no puede quedar librada a la urgencia de 2027. Debe formar parte, desde hoy, del contrato que cada candidato proponga a sus vecinos y a quienes sostienen la producción en su distrito.