Ante el avance de proyectos que podrían modificar la Ley de Tierras Rurales y alterar normas e instituciones del agro, la entidad reclamó límites, participación y resguardo para los pequeños y medianos productores. IPCVA, COVIAR, cooperativas, arrendamientos y semillas, en el centro de la disputa.
Federación Agraria Argentina decidió marcar la cancha antes de que el Congreso avance con una serie de proyectos capaces de modificar reglas sensibles para el sector agropecuario. La entidad advirtió que una reforma presentada bajo las banderas de la modernización, la eficiencia o la reducción de la burocracia no debería terminar debilitando instrumentos vinculados con la producción, el arraigo y la soberanía nacional.
El pronunciamiento fue formulado por el Consejo Directivo Central de la organización, que puso el foco sobre las posibles modificaciones a la Ley de Tierras Rurales y sobre las iniciativas que alcanzan a los arrendamientos, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), las cooperativas agropecuarias y el régimen de semillas.
La Federación Agraria aclaró que no rechaza la actualización del Estado ni el ingreso de inversiones. Su objeción apunta al método y al alcance de los cambios: sostiene que las normas pueden revisarse, pero que esa discusión necesita participación de los actores afectados y una evaluación concreta de las consecuencias sobre los productores de menor escala y las economías regionales.
“Modernizar no es desmantelar, ni entregar recursos que afecten nuestra soberanía”, resumió la entidad en uno de los pasajes más contundentes del documento.
La discusión por la tierra
El primer límite planteado por FAA se relaciona con la propiedad de la tierra rural. La organización cuestionó la posibilidad de eliminar o flexibilizar los topes para la compra de superficies por parte de extranjeros y sostuvo que el debate no debe confundirse con la defensa de la propiedad privada, un derecho que ya cuenta con protección constitucional y legal.
Para la entidad, la pregunta central es quién controla recursos estratégicos como la tierra y el agua, y qué herramientas conserva el Estado para impedir una concentración que pueda afectar el interés nacional.
La conducción federada no propuso cerrar el país a las inversiones. Por el contrario, diferenció entre los capitales que generan producción, empleo y arraigo, y la adquisición de recursos naturales sin límites ni mecanismos suficientes de control.
En ese punto, FAA remarcó que otros países que habitualmente son presentados como modelos económicos, entre ellos Estados Unidos, también aplican regulaciones sobre la compra extranjera de tierras. Por eso reclamó mantener una autoridad estatal capaz de fiscalizar las operaciones y resguardar los bienes considerados estratégicos.
Arrendamientos: reformar sin dejar un vacío
La Ley de Arrendamientos Rurales constituye otro de los frentes abiertos. Federación Agraria reconoció que la norma necesita actualizarse para incorporar nuevas modalidades de contratación, mayor flexibilidad y pautas vinculadas con las buenas prácticas agrícolas y la conservación de los suelos.
Sin embargo, rechazó que la salida sea una derogación lisa y llana. Según la entidad, eliminar el marco vigente sin una regulación integral podría dejar en una posición más débil a quienes producen sobre campos alquilados, especialmente a los pequeños y medianos agricultores.
El planteo es que la relación entre propietarios y arrendatarios requiere reglas previsibles. La modernización, sostiene FAA, debe corregir las deficiencias de la ley sin abandonar la protección de la parte más vulnerable ni descuidar el uso sustentable del suelo.
El IPCVA y la promoción de la carne
La organización también salió en defensa del IPCVA, al que definió como una herramienta estratégica para la cadena ganadera. Destacó su trabajo en la apertura de mercados, la promoción de la carne, la investigación, la capacitación y la articulación entre el sector público y el privado.
Uno de los argumentos centrales es que el instituto no se financia con partidas del Tesoro Nacional. Para FAA, debilitar sus ingresos o eliminarlo significaría perder capacidad de acción en un mercado internacional cada vez más competitivo.
La entidad admitió que el funcionamiento del organismo puede revisarse y mejorarse, pero rechazó la idea de que los problemas de control o gestión justifiquen su desmantelamiento. También señaló que países competidores sostienen estructuras de promoción de sus carnes mediante aportes sectoriales y respaldo público.
COVIAR y las economías regionales
La misma lógica fue aplicada a la Corporación Vitivinícola Argentina. Federación Agraria defendió la continuidad de COVIAR por su papel en la articulación público-privada, la innovación, la promoción comercial, el agregado de valor y la inserción internacional del sector.
La preocupación está centrada en el efecto que un debilitamiento institucional podría provocar sobre miles de productores y sobre las economías regionales que dependen de la vitivinicultura.
Para FAA, los organismos existentes no deben quedar exentos de controles ni evaluaciones, pero su reforma tiene que partir de los resultados obtenidos y del impacto territorial que generan. La consigna, una vez más, es corregir y fortalecer, no eliminar.
Cooperativas bajo presión tributaria
Otro punto del comunicado fue el rechazo a cualquier intento de tratar los excedentes de las cooperativas como si fueran ganancias de empresas comerciales tradicionales.
La entidad recordó que las cooperativas no persiguen fines de lucro y que cumplen una función económica y social decisiva: brindan servicios a sus asociados, facilitan el acceso a mercados, generan empleo, sostienen el entramado productivo de numerosas localidades y permiten que productores de menor escala negocien en mejores condiciones.
FAA advirtió que una carga impositiva adicional podría reducir la capacidad de estas organizaciones para financiar servicios, invertir y acompañar a sus asociados. También indicó que el cooperativismo ya se encuentra alcanzado por un régimen tributario específico.
Semillas y derecho al uso propio
El último gran capítulo está vinculado con una eventual reforma de la Ley de Semillas. Federación Agraria ratificó su defensa del marco UPOV 78, aunque reconoció que existen estándares que deben actualizarse mediante una nueva legislación.
La posición de la entidad busca mantener un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, el estímulo a la investigación biotecnológica y el derecho de los productores a reservar parte de su cosecha para volver a sembrarla.
“El derecho al uso propio para siembra debe ser plenamente respetado”, sostuvo FAA. Según la organización, una regulación desequilibrada podría dejar al agricultor expuesto a posiciones dominantes o a esquemas de patentes que condicionen de manera permanente la producción.
Un mensaje directo al Congreso
El documento no se limita a enumerar objeciones. Es, en los hechos, una advertencia política a los legisladores que deberán tratar estas iniciativas.
Federación Agraria manifestó su disposición a participar de los debates y aportar la visión de los pequeños y medianos productores. Pero dejó establecido un criterio que atravesará su posición frente a cada proyecto: las reformas deberán demostrar que mejoran las herramientas existentes y que no transfieren sus costos a quienes tienen menor capacidad económica o de negociación.
La entidad no niega la necesidad de cambiar. Lo que discute es la idea de que toda eliminación de normas equivale automáticamente a mayor libertad, eficiencia o inversión. Entre la burocracia que debe corregirse y las instituciones que cumplen una función estratégica existe una frontera. Y Federación Agraria acaba de marcarla.
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