El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación propone eliminar el financiamiento obligatorio del IPCVA, liberar la contratación de campos y disolver la COVIAR. La iniciativa todavía no fue enviada al Congreso y sus disposiciones no se encuentran vigentes.
El Gobierno nacional comenzó a hacer circular un amplio anteproyecto de ley que busca avanzar sobre regulaciones vigentes en distintos sectores de la economía. Aunque la iniciativa contiene más de un centenar de artículos y alcanza actividades tan diversas como farmacias, transporte marítimo, mercados financieros, corretaje y cultura, algunos de sus cambios más relevantes impactarían directamente sobre el sector agroindustrial.
El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y, por el momento, no ingresó formalmente al Congreso. Por esa razón, las modificaciones planteadas deben considerarse propuestas sujetas a revisión y no decisiones ya adoptadas.
Dentro del agro, los principales ejes se concentran en el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, los contratos de arrendamiento y aparcería rural y la estructura institucional de la vitivinicultura.
Un nuevo esquema de financiamiento para el IPCVA
Uno de los cambios de mayor impacto alcanzaría al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El anteproyecto propone eliminar, a partir del 1 de octubre de 2027, las contribuciones obligatorias que actualmente sostienen su funcionamiento.
De aprobarse la iniciativa, el IPCVA no desaparecería, pero debería reemplazar su actual modelo de financiamiento por otro basado en aportes voluntarios, donaciones, venta de servicios, certificaciones y otros ingresos propios.
La Ley 25.507 creó al instituto como un ente de derecho público no estatal y estableció un fondo destinado a financiar acciones de promoción, investigación y posicionamiento de la carne vacuna argentina. Las contribuciones son aportadas por productores y por la industria frigorífica, mediante mecanismos de percepción establecidos en la propia normativa.
La eliminación de la obligatoriedad representaría un cambio estructural. El IPCVA debería conservar sus actividades de promoción en los mercados interno y externo, capacitación, generación de información y apoyo a la cadena de ganados y carnes con recursos que ya no estarían garantizados por ley.
El argumento oficial se inscribe en la decisión de eliminar aportes compulsivos y permitir que las instituciones sean financiadas voluntariamente por quienes utilizan o valoran sus servicios. El interrogante será si ese mecanismo podrá sostener una política permanente de promoción internacional en un mercado mundial altamente competitivo.
Libre contratación en los arrendamientos rurales
El segundo cambio central es la derogación de las leyes 13.246 y 14.432, que establecen el régimen específico para los contratos de arrendamiento y aparcería rural.
La normativa actual regula las relaciones entre propietarios, arrendatarios y aparceros, incluyendo obligaciones de las partes, duración de los acuerdos, uso de los predios, conservación de los recursos y distribución de los frutos obtenidos en las explotaciones bajo aparcería.
Según el anteproyecto, los contratos vigentes continuarían sometidos a estas normas hasta su vencimiento. Los nuevos acuerdos, en cambio, quedarían sujetos principalmente a las reglas generales del Código Civil y Comercial y a las condiciones libremente pactadas entre las partes.
La modificación permitiría acordar con mayor flexibilidad la duración de los contratos, las formas de pago, las responsabilidades productivas y la distribución de riesgos y resultados.
Para el Gobierno, la libre contratación podría agilizar el acceso a campos, reducir costos administrativos y facilitar acuerdos adaptados a cada actividad o campaña. Sin embargo, la eliminación de una legislación agraria específica también abre interrogantes sobre la capacidad de negociación de pequeños y medianos productores frente a propietarios o empresas de mayor escala.
La consecuencia concreta sería el paso desde un régimen con reglas particulares para la actividad rural hacia otro basado fundamentalmente en la autonomía contractual.
Disolución de la COVIAR y cambios en la vitivinicultura
El anteproyecto también plantea una transformación profunda para la cadena vitivinícola. La iniciativa propone derogar la Ley 25.849, mediante la cual fue creada la Corporación Vitivinícola Argentina como persona jurídica de derecho público no estatal encargada de coordinar el Plan Estratégico Vitivinícola.
De aprobarse el proyecto, la COVIAR debería presentar un informe final, rendir cuentas y avanzar hacia su liquidación. Los recursos remanentes serían transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
La propuesta implica desarmar una estructura de articulación público-privada que durante más de dos décadas reunió a productores, bodegas, cooperativas, gobiernos provinciales y organismos nacionales alrededor de una planificación común.
El texto también contempla la derogación de la Ley 23.149, que establece que determinados envases de vino deben fraccionarse exclusivamente en las zonas donde se producen las uvas utilizadas para su elaboración.
Junto con estos cambios, se propone simplificar los controles sobre la actividad, incorporar prácticas reconocidas internacionalmente y concentrar una mayor parte de la fiscalización estatal en las etapas finales de la cadena.
El objetivo oficial sería reducir trámites, facilitar la circulación de los productos y adaptar las normas argentinas a estándares internacionales. La discusión seguramente estará centrada en cómo compatibilizar esa simplificación con la trazabilidad, la protección del origen y la situación de las economías regionales vinculadas al vino.
Nuevas herramientas financieras para la producción
Aunque no está incluido exclusivamente dentro del capítulo agropecuario, el anteproyecto también incorpora modificaciones financieras que podrían alcanzar directamente a productores, acopios, cooperativas y empresas agroindustriales.
Entre ellas aparecen la emisión y negociación electrónica de warrants, el reconocimiento de contratos inteligentes y registros basados en tecnología blockchain, la utilización de activos digitales como garantía y una mayor flexibilidad para pagarés, letras de cambio y fideicomisos.
Estas herramientas buscarían facilitar el acceso al crédito, digitalizar garantías sobre mercadería y reducir tiempos y costos operativos. En el agro, los warrants cumplen un papel importante porque permiten obtener financiamiento utilizando granos, insumos u otros productos almacenados como respaldo de una operación.
El resultado dependerá no solamente de la modernización tecnológica, sino también de la seguridad jurídica, la trazabilidad de los activos y la aceptación que estas herramientas alcancen entre entidades financieras y operadores comerciales.
Cabotaje y logística agroexportadora
Otra modificación que podría tener efectos indirectos sobre el agro es la apertura del transporte de cabotaje a embarcaciones extranjeras y la reducción de aranceles para importar buques.
El Gobierno sostiene que una mayor competencia permitiría ampliar la oferta de transporte y reducir los costos logísticos. Para las cadenas agroexportadoras, cualquier mejora en el movimiento de granos, alimentos, fertilizantes y combustibles podría tener efectos sobre la competitividad.
Sin embargo, el alcance real dependerá de las rutas habilitadas, la disponibilidad de embarcaciones, los costos portuarios y la articulación con la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Una reforma que recién comienza su recorrido
El anteproyecto también aborda la venta de medicamentos, el gas licuado de petróleo, la actividad de los corredores, la marina mercante, el precio de los libros y distintos servicios profesionales. Esos capítulos forman parte de una misma orientación destinada a reducir requisitos, digitalizar procedimientos y limitar la intervención estatal en las relaciones económicas.
En el caso del agro, el cambio no se limita a la eliminación de algunos trámites. La propuesta revisa instituciones y marcos legales que llevan décadas funcionando y modifica la manera en que se financia la promoción de la carne, se contratan campos y se organiza la política vitivinícola.
Antes de convertirse en ley, el texto deberá ser presentado formalmente, debatido y aprobado por ambas cámaras del Congreso. Hasta que ese proceso ocurra, las contribuciones al IPCVA, las normas sobre arrendamientos rurales y la estructura de la COVIAR continúan vigentes.
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