Desregular no es desmantelar: cuando modernizar el Estado puede dejar indefensa a la producción

La eliminación de normas fitosanitarias que protegían a la producción bananera y el intento de desfinanciar al IPCVA exponen una discusión que el Gobierno todavía no respondió: cómo eliminar burocracia sin destruir herramientas colectivas construidas durante años.

Por Horacio Esteban – Director Portal Agropecuario

La Argentina necesita una profunda revisión de sus regulaciones. Sería absurdo negar que durante décadas se acumularon normas superpuestas, trámites innecesarios, organismos ineficientes y estructuras que muchas veces terminaron justificando su propia existencia antes que resolviendo los problemas para los cuales habían sido creadas. Desregular, simplificar y controlar el gasto público son objetivos razonables y, en muchos casos, imprescindibles. El problema comienza cuando la velocidad para eliminar regulaciones reemplaza el análisis de sus consecuencias y cuando la motosierra deja de ser una herramienta para convertirse en un método.

La Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca representa un ejemplo concreto. Publicada el 20 de julio, derogó ocho normas dictadas entre 1992 y 2013 relacionadas con controles fitosanitarios, ingreso de bananas, importación de maquinaria agrícola usada, papa semilla, residuos de plaguicidas y sistemas de registración para la producción frutícola. El argumento oficial sostiene que esas disposiciones habían cumplido sus objetivos, habían quedado obsoletas o fueron reemplazadas por procedimientos modernos basados en análisis de riesgo, certificaciones, sistemas informáticos y trazabilidad. Ese es el fundamento expresado en la resolución oficial.

En términos generales, el razonamiento parece atendible. Una norma no debe mantenerse solamente porque lleva décadas vigente. Pero tampoco puede considerarse inútil por el simple hecho de ser antigua. La verdadera pregunta no es cuántos años tiene una regulación, sino qué función cumple, qué instrumento la reemplaza y si la nueva protección es igual o mejor que la anterior.

La banana y una respuesta que todavía falta

Entre las disposiciones eliminadas se encuentra la Resolución 99/1994, que prohibía el ingreso al Noroeste argentino de bananas procedentes de países o zonas con presencia de determinadas plagas cuarentenarias. También fueron derogadas normas posteriores que extendieron o adecuaron esas exigencias para Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. El Gobierno afirma que esas protecciones están comprendidas en el régimen fitosanitario vigente y que los mecanismos actuales permiten controlar las importaciones mediante evaluaciones de riesgo más modernas.

Sin embargo, los productores bananeros reclaman algo elemental: que se identifique con precisión cuál es la normativa que reemplaza las restricciones derogadas, qué controles concretos se aplicarán, en qué puntos se fiscalizará la fruta y qué procedimiento se utilizará ante importaciones procedentes de países donde están presentes enfermedades que todavía no fueron detectadas en las principales regiones productoras argentinas.

La preocupación no puede reducirse a una resistencia corporativa frente a la competencia extranjera. Los productores de Salta, Jujuy y Formosa advierten sobre el posible ingreso del Fusarium Raza 4 Tropical, conocido como mal de Panamá, un patógeno capaz de permanecer durante décadas en el suelo y para el cual no existe un tratamiento que permita erradicarlo. También señalan los riesgos relacionados con la Sigatoka negra, que puede aumentar significativamente la necesidad de aplicaciones y los costos productivos. Los reclamos y la respuesta oficial fueron expuestos por representantes de la producción bananera del norte.

La derogación de las normas no demuestra, por sí sola, que la Argentina haya quedado completamente desprotegida. Afirmarlo sin conocer todo el régimen sanitario vigente sería tan apresurado como asegurar que no existe ningún riesgo porque ahora hay sistemas más modernos. La carga de la explicación corresponde al Gobierno: si las antiguas barreras fueron reemplazadas, debe mostrar cuáles son las nuevas, cómo funcionan y por qué ofrecen una protección equivalente. En sanidad vegetal, comprobar el error después de que ingresó una enfermedad puede ser demasiado tarde.

También resulta cuestionable el método. Antes de eliminar regulaciones que afectan directamente a una economía regional, deberían participar el SENASA, los gobiernos provinciales, los especialistas y los productores involucrados. Consultar no significa conceder a un sector el derecho de veto. Significa incorporar conocimiento territorial antes de tomar una decisión cuyas consecuencias no se corrigen simplemente publicando otra resolución.

El IPCVA y el límite entre revisar y destruir

El mismo interrogante aparece en el anteproyecto de megadesregulación elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La propuesta contempla derogar los artículos 16 y 17 de la Ley 25.507, sobre los que se asienta el financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El IPCVA no desaparecería formalmente, pero sus aportes quedarían sujetos a la voluntad de productores y frigoríficos.

Plantearlo como una simple decisión voluntaria parece atractivo. El problema es que la promoción internacional de la carne argentina, las investigaciones de mercado, la construcción de una marca común y el acompañamiento comercial benefician a toda la cadena, incluso a quienes podrían decidir no contribuir. Si cada actor espera que los demás sostengan el Instituto, el resultado previsible no será una institución más eficiente, sino una institución desfinanciada.

El IPCVA debe estar sometido a controles, auditorías, rendición pública de sus recursos y evaluaciones periódicas de resultados. Ninguna institución que administre aportes obligatorios puede considerarse exenta de explicar cómo utiliza el dinero y qué beneficios genera. Pero mejorar los controles no significa tirar al Instituto por la ventana. Entre mantener todo sin revisar nada y eliminar su capacidad de funcionamiento existe un camino mucho más serio: controlar, corregir y exigir resultados.

Además, el cambio difícilmente pueda presentarse como un ahorro para las cuentas públicas. El IPCVA es un ente de derecho público no estatal financiado principalmente mediante aportes de productores y frigoríficos, con participación de la producción, la industria y el Estado en su conducción. La discusión no es si el Tesoro debe seguir sosteniendo una estructura costosa, sino si el Gobierno puede desarticular el mecanismo colectivo con el cual la propia cadena financia su promoción.

China ofrece un antecedente imposible de ignorar. La apertura sanitaria de ese mercado no fue obra exclusiva del IPCVA: fue resultado de negociaciones en las que intervinieron el Gobierno nacional, el SENASA, la Cancillería y las autoridades chinas. Con idas y vueltas desde inicialmente el 2004 , desde 2018 se ampliaron los protocolos para permitir el ingreso de carne enfriada con y sin hueso y congelada con hueso, además de habilitarse nuevos establecimientos exportadores. La apertura y ampliación fueron documentadas oficialmente.

Pero conseguir una autorización sanitaria no alcanza para consolidar un mercado. Después hay que estar presente, promocionar el producto, construir confianza, reunir frigoríficos con importadores y sostener durante años una estrategia comercial. En ese trabajo el IPCVA tuvo una participación verificable a través de sus pabellones de Argentine Beef, campañas, estudios y presencia permanente en las principales ferias. En 2019, China ya concentraba más del 70% de las exportaciones argentinas de carne vacuna. El Instituto no abrió ese mercado por sí solo, pero contribuyó a transformar una habilitación sanitaria en un destino decisivo para toda la cadena.

Libertad para aportar, obligación para cumplir

La política oficial muestra, además, una contradicción que merece ser discutida. Mientras el Gobierno pretende que el sostenimiento del IPCVA quede librado a la voluntad de cada productor, obliga a esos mismos productores a incorporar la identificación electrónica y cumplir nuevas exigencias de trazabilidad individual del ganado. Desde enero de 2026, los terneros deben ser identificados electrónicamente al destete o antes de su primer movimiento. La obligación se encuentra establecida en la normativa del SENASA.

No se trata de cuestionar la trazabilidad. Bien aplicada, puede fortalecer la sanidad, mejorar la información productiva y facilitar el ingreso a mercados cada vez más exigentes. El interrogante es otro: ¿por qué el financiamiento de una herramienta colectiva debe depender exclusivamente de la voluntad individual, mientras que otra herramienta considerada estratégica puede imponerse obligatoriamente a toda la producción?

En un caso se invoca la libertad; en el otro, la necesidad de alcanzar un objetivo común. Si el Gobierno reconoce que la trazabilidad exige una participación general para ser efectiva, debería explicar por qué esa misma lógica no resulta válida para la promoción internacional de la carne argentina. No es una discusión entre regulación y libertad, sino sobre cómo se elige qué obligaciones conservar, cuáles eliminar y quién termina pagando los costos de cada decisión.

Desregular no puede consistir en contar leyes, resoluciones u organismos eliminados como si la cantidad fuera una prueba automática de éxito. Un Estado no es mejor solamente porque tiene menos normas. Es mejor cuando conserva las necesarias, elimina las inútiles, controla a sus instituciones y escucha a quienes conocen las consecuencias productivas de sus decisiones.

La producción bananera y el IPCVA exponen el mismo problema desde actividades diferentes. En ambos casos existe margen para revisar, modernizar y mejorar. Pero corregir no es abandonar los controles sanitarios y auditar no es desfinanciar una herramienta que produjo resultados. La eficiencia exige mucho más trabajo que una derogación: requiere distinguir con precisión qué debe eliminarse, qué debe transformarse y qué, sencillamente, no conviene destruir.