Las iniciativas de Agustina Propato y Javier Sánchez Wrba coinciden en permitir el aprovechamiento agrícola de franjas actualmente sin uso productivo, pero excluyen las banquinas y las zonas de seguridad. Difieren en los beneficiarios, el cobro de los permisos y el destino de los fondos. La superficie que podría incorporarse todavía no cuenta con un relevamiento técnico definitivo.
La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados comenzó a analizar dos proyectos que buscan habilitar el uso productivo de determinadas superficies ubicadas junto a las rutas nacionales. Las propuestas fueron presentadas por Agustina Propato, de Unión por la Patria, y Javier Sánchez Wrba, del PRO.
Ambas iniciativas parten de un diagnóstico similar: dentro de la zona de camino existen tierras de dominio público que no forman parte de la calzada, la banquina ni las áreas de seguridad y que, bajo determinadas condiciones, podrían destinarse a cultivos agrícolas.
El debate se inició este miércoles 12 de agosto y constituye apenas el primer paso del recorrido legislativo. Los proyectos todavía deben ser analizados por otras comisiones y no se encuentran vigentes. El expediente de Propato fue girado a Transportes y Agricultura y Ganadería, mientras que el de Sánchez Wrba debe pasar por Transportes y Presupuesto y Hacienda, de acuerdo con el temario oficial de la Cámara de Diputados.
No se propone sembrar sobre las banquinas
Uno de los puntos que puede generar confusión es la utilización de la palabra “banquina”. Ninguno de los dos proyectos autoriza a sembrar sobre la superficie destinada a emergencias, detenciones o maniobras de recuperación de los vehículos.
La Ley Nacional de Tránsito 24.449 define a la banquina como la zona contigua a la calzada pavimentada, con un ancho de hasta tres metros cuando no se encuentra delimitada. En cambio, la “zona de camino” comprende todo el espacio afectado a la vía de circulación y sus instalaciones, entre las propiedades frentistas.
Por lo tanto, las iniciativas apuntan a utilizar sectores ubicados dentro de esa zona de camino, pero fuera de la calzada, las banquinas, las franjas de seguridad, los accesos, las cunetas y otros espacios que la autoridad vial considere necesarios.
Tampoco se plantea transferir la propiedad de esas tierras. El mecanismo propuesto es el otorgamiento de permisos precarios, que podrían ser revocados cuando existan razones técnicas, necesidades de obras o riesgos para la seguridad vial.
La propuesta de Sánchez Wrba
El proyecto 0472-D-2026, presentado por Javier Sánchez Wrba el 13 de marzo, busca restablecer un régimen de utilización agrícola que había funcionado durante la década de 1990.
La iniciativa propone derogar la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad, que dejó sin efecto la Resolución 1158/1996 y los convenios que permitían sembrar dentro de determinadas zonas de camino.
El legislador vincula aquella decisión con el conflicto entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario por la Resolución 125, aunque esa interpretación forma parte de los fundamentos políticos de su propuesta.
El proyecto establece permisos precarios y onerosos para producir cereales, oleaginosas y pasturas. La prioridad sería para los propietarios, arrendatarios o productores que exploten los campos linderos. Cuando no existiera interés, los permisos podrían adjudicarse a terceros.
El canon obtenido tendría como destino el mantenimiento y la mejora de la Red Vial Nacional. Durante la reunión de la Comisión de Transportes, Sánchez Wrba sostuvo que la intención es transformar el costo de mantenimiento de esas superficies en un ingreso adicional para el sistema vial.
La propuesta también contempla los tramos administrados por concesionarios y prohíbe cualquier utilización que afecte la visibilidad, la circulación o la planificación de futuras obras.
El proyecto de Propato prioriza objetivos sociales
La iniciativa 0094-D-2026 de Agustina Propato fue presentada el 2 de marzo y reproduce proyectos anteriores ingresados en 2022 y 2024.
El texto completo del expediente autoriza a los gobiernos provinciales a otorgar permisos sobre las franjas adyacentes a las rutas nacionales, siempre que exista una autorización previa de la Dirección Nacional de Vialidad.
Los permisos podrían ser gratuitos u onerosos, tendrían una duración máxima de un año y serían renovables. La propuesta contempla cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otras producciones compatibles con las características de cada lugar.
A diferencia del proyecto del PRO, la prioridad no estaría puesta en los productores frentistas. El orden previsto comienza con destinatarios de planes de asistencia alimentaria, continúa con entidades de bien público, cooperadoras de escuelas rurales o agrarias y cooperativas de producción, y finalmente incluye a las oficinas provinciales de empleo.
Cuando los permisos fueran onerosos, el dinero debería ingresar a cuentas provinciales especiales y destinarse a programas de seguridad alimentaria, agricultura familiar y acceso a la canasta básica.
El texto prohíbe el pastoreo y la instalación de alambrados. También exige controlar plagas y malezas, evitar la erosión y no implantar cultivos que puedan perjudicar las condiciones ambientales o la seguridad.
¿Son realmente 50.000 hectáreas?
La cifra de 50.000 hectáreas difundida alrededor del debate debe considerarse una proyección preliminar y no una superficie ya identificada y disponible.
El proyecto de Propato realiza otro cálculo: toma como referencia unos 36.000 kilómetros de rutas y estima una hectárea aprovechable por kilómetro, por lo que habla de más de 30.000 hectáreas potenciales.
Sánchez Wrba, por su parte, señaló que la Red Vial Nacional tiene alrededor de 40.000 kilómetros y que aproximadamente la mitad podría contar con sectores aptos, dependiendo de las características de cada tramo.
La cuenta de dos hectáreas por cada uno de los 40.000 kilómetros daría un máximo teórico de 80.000 hectáreas. Si solamente la mitad de la red resultara utilizable, la superficie se acercaría a las 40.000 hectáreas. Para alcanzar las 50.000 deberían identificarse unos 25.000 kilómetros aptos a razón de dos hectáreas por kilómetro.
Las diferencias muestran que todavía falta un inventario georreferenciado que determine qué terrenos están realmente disponibles. Deberían excluirse sectores urbanos, puentes, accesos, curvas, cruces ferroviarios, cunetas, zonas inundables, espacios reservados para ampliaciones y lugares donde los cultivos pudieran reducir la visibilidad.
El antecedente bonaerense
La provincia de Buenos Aires cuenta desde 1985 con un régimen similar. La Ley 10.342 autoriza a los municipios a otorgar permisos precarios y onerosos para la explotación agraria de franjas adyacentes a rutas y caminos provinciales, excluyendo expresamente las superficies reservadas para banquinas.
La norma concede prioridad a propietarios o arrendatarios frentistas y luego a entidades de bien público y cooperadoras de escuelas rurales. También prohíbe el pastoreo y los alambrados, exige el control de malezas y establece prácticas para evitar la erosión.
Una experiencia reciente se puso en marcha en el partido de 9 de Julio. El municipio convocó a productores para utilizar entre 300 y 350 hectáreas próximas a la Ruta Provincial 65. El esquema contempla dejar entre tres y cinco metros libres desde el pavimento y evitar cultivos altos, como maíz o sorgo, que puedan perjudicar la visibilidad. Los fondos se distribuyen entre el Consejo Escolar, los Bomberos Voluntarios y el mantenimiento vial municipal, según informó la Agencia DIB.
Un debate que recién comienza
Los dos proyectos muestran coincidencias suficientes como para avanzar hacia un texto unificado, pero todavía existen diferencias relevantes sobre quién administrará los permisos, quiénes tendrán prioridad y cómo se utilizará el dinero recaudado.
También será necesario establecer criterios nacionales sobre distancias mínimas, altura de los cultivos, utilización de fitosanitarios, mantenimiento de desagües, responsabilidad ante daños, acceso de maquinaria y revocación de los permisos cuando se proyecten obras.
El potencial productivo existe, pero la magnitud deberá surgir de un relevamiento técnico y no solamente de una multiplicación de kilómetros. El desafío legislativo será determinar cuánto suelo puede aprovecharse sin transformar una oportunidad productiva en un nuevo riesgo para quienes circulan por las rutas.
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