El silencio oficial también es una respuesta

El periodismo agropecuario reclama desde hace años conferencias de prensa abiertas, periódicas y federales. No se trata de una exigencia contra un gobierno en particular, sino de defender el derecho de la sociedad a recibir información y de terminar con un sistema que privilegia las entrevistas complacientes y evita las preguntas incómodas.

Por Horacio Esteban Director Portal Agropecuario

Una conferencia de prensa no es una concesión que un funcionario hace cuando tiene tiempo, ganas o una noticia favorable para comunicar. Tampoco debería ser un escenario armado para anunciar medidas, sacarse una fotografía y retirarse sin responder preguntas. Es, fundamentalmente, una instancia de rendición de cuentas entre quienes administran el Estado y una sociedad que tiene derecho a conocer, preguntar y comprender las decisiones que afectan su vida.

En la Argentina no existe una obligación legal general que imponga a todos los funcionarios la realización periódica de conferencias de prensa. Sí existe, en cambio, la obligación de garantizar el acceso a la información pública, actuar con transparencia y dar explicaciones sobre los actos de gobierno. Allí aparece una diferencia que puede ser jurídicamente válida, pero que resulta insuficiente desde el punto de vista democrático: un funcionario puede cumplir formalmente con ciertos mecanismos de información y, al mismo tiempo, pasar meses o años sin someterse a las preguntas de periodistas independientes.

El periodismo agropecuario viene reclamando desde hace mucho tiempo un contacto más frecuente, directo y abierto con las autoridades. El problema no comenzó con este gobierno. También existió durante administraciones anteriores, cuando el acceso a los funcionarios dependía demasiadas veces de afinidades políticas, relaciones personales o decisiones tomadas desde los despachos de comunicación. Cambiaron los nombres, los discursos y los colores partidarios, pero se mantuvo una práctica preocupante: comunicar aquello que conviene y evitar las preguntas que pueden incomodar.

En los últimos años, esa distancia se agravó por la grieta y por la descalificación sistemática del trabajo periodístico. La utilización del término “ensobrados” por parte del presidente Javier Milei no constituye solamente una crítica dirigida contra determinados comunicadores. Cuando esa acusación se generaliza, se instala la sospecha sobre toda una profesión y se busca invalidar de antemano cualquier pregunta, investigación o cuestionamiento que moleste al poder.

La contradicción es evidente. Si todo periodista que cuestiona es considerado un “ensobrado”, ¿qué categoría correspondería aplicarles a aquellos comunicadores elegidos reiteradamente por el propio poder para conceder entrevistas, amplificar anuncios y transitar conversaciones sin sobresaltos? La descalificación no puede utilizarse de manera selectiva: como castigo para quien pregunta y como certificado de honestidad para quien acompaña.

Esto no significa negar que existan malas prácticas dentro del periodismo. Existen operaciones, intereses económicos, errores, silencios y comportamientos profesionales que deben ser discutidos. El periodismo también tiene que rendir cuentas, verificar lo que publica y transparentar sus relaciones. Pero esos problemas no justifican que los funcionarios eviten las preguntas ni permiten convertir a toda la actividad en sospechosa. La respuesta frente al mal periodismo debe ser más información, mayor transparencia y mejores explicaciones, no el silencio oficial.

En el ámbito agropecuario, esta situación adquiere una gravedad particular. En el interior argentino funcionan numerosos portales, radios, canales, programas y espacios especializados que quizá no reúnen audiencias masivas según la lógica de los grandes medios nacionales, pero llegan a cinco mil, diez mil o más personas directamente vinculadas con la producción. Productores, contratistas, trabajadores rurales, profesionales, cooperativistas, comerciantes y dirigentes encuentran allí información relacionada con su actividad cotidiana.

No son audiencias menores. Son públicos específicos, calificados y distribuidos por todo el territorio. Una información transmitida por un medio agropecuario local puede tener más incidencia concreta sobre el sector que una entrevista difundida por una señal nacional ante cientos de miles de espectadores que no mantienen una relación directa con la producción.

Por eso, una conferencia de prensa agropecuaria abierta y verdaderamente federal tendría un enorme efecto multiplicador. Permitiría que una misma explicación llegara simultáneamente a distintas provincias y que los medios del interior pudieran formular preguntas vinculadas con las realidades de sus regiones. Las retenciones, la infraestructura rural, la presión tributaria, la sanidad animal, las economías regionales, el financiamiento, la emergencia agropecuaria o la apertura de mercados no se viven de la misma manera en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Córdoba o la Patagonia.

Sin embargo, para que esa conferencia sea realmente federal no alcanza con convocar a los medios más grandes en un salón de la Ciudad de Buenos Aires. Debe garantizarse la participación presencial o remota de periodistas del interior, establecer criterios transparentes de acreditación y permitir preguntas y repreguntas sin seleccionar previamente a quienes resulten más cómodos.

La relación entre periodistas y funcionarios puede —y debería— ser respetuosa y cordial. Pero cordialidad no significa obediencia ni genuflexión. Un periodista no pierde profesionalismo por hacer una pregunta incómoda, del mismo modo que un funcionario no debería interpretar cada cuestionamiento como una agresión política. Preguntar no es atacar; repreguntar no es militar contra un gobierno; exigir precisiones no convierte a nadie en enemigo.

Incluso el periodismo agropecuario ha mantenido, en términos generales, un trato menos confrontativo con las autoridades que otros segmentos de la comunicación. Eso, lejos de facilitar el diálogo, parece haber producido el efecto contrario: los funcionarios se acostumbraron a comunicar mediante gacetillas, publicaciones en redes sociales, actos preparados o entrevistas individuales cuidadosamente seleccionadas.

Por eso corresponde formular una pregunta incómoda: ¿la ausencia de conferencias de prensa responde simplemente a un menosprecio hacia el periodismo agropecuario o constituye una estrategia para evitar explicaciones sobre medidas difíciles de justificar?

Tal vez convivan ambas razones. Puede existir desconocimiento sobre la importancia de los medios especializados del interior, pero también una decisión política de controlar el mensaje, reducir la posibilidad de repregunta y evitar que las contradicciones queden expuestas públicamente. Una entrevista individual con un periodista afín siempre será más previsible que una sala abierta en la que distintos medios puedan preguntar sobre aquello que el funcionario preferiría no explicar.

Los periodistas agropecuarios no están reclamando privilegios, exclusividades ni un lugar junto al poder. Reclaman acceso, información y la posibilidad de ejercer plenamente su oficio. Los funcionarios administran recursos públicos y toman decisiones que afectan a miles de productores, trabajadores y comunidades. Por eso, aunque convocar conferencias no sea una obligación legal general, brindar explicaciones constituye una responsabilidad democrática ineludible.

Cuando un funcionario responde, la sociedad puede evaluar sus argumentos. Cuando evita las preguntas, también está comunicando algo: que prefiere controlar el relato antes que someter sus decisiones al escrutinio público. Y en democracia, el silencio oficial también es una respuesta.